Se han realizado cerca de mil inspecciones en granjas

La Comunidad de Madrid ha enfrentado una serie de brotes de gripe aviar altamente patógena desde octubre del año anterior, con un total de 27 focos identificados en aves silvestres y de corral. Este informe detalla las medidas adoptadas por las autoridades regionales y las críticas recibidas en relación con la gestión de la crisis.

El primer caso de gripe aviar en la Comunidad de Madrid se registró en Alcobendas. Desde entonces, se han confirmado múltiples focos, lo que ha llevado a la implementación de protocolos específicos para controlar la propagación de la enfermedad. El director general de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel de Oteo, ha sido el encargado de comunicar la situación en la última Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Asamblea de Madrid.

La gripe aviar es una enfermedad de declaración obligatoria, lo que significa que cada foco detectado debe ser confirmado a través de análisis en laboratorios regionales y nacionales antes de ser notificado al Ministerio de Agricultura. De Oteo ha enfatizado que la Comunidad de Madrid ha seguido este procedimiento para cada uno de los focos identificados.

Ante la detección de cada foco de gripe aviar, se han establecido medidas de seguridad que incluyen la creación de un área de protección con un radio de tres kilómetros y una zona de vigilancia de diez kilómetros. Estas medidas han sido implementadas desde el primer caso en Alcobendas y se han aplicado a nivel nacional.

La Comunidad de Madrid ha realizado aproximadamente 980 rastreos en explotaciones avícolas, superando con creces los 80 exigidos por la normativa. Esta acción ha sido defendida por De Oteo como un esfuerzo significativo de coordinación entre el Ejecutivo autonómico y el Gobierno central, así como con otras comunidades autónomas.

Desde principios de octubre, se activaron protocolos específicos para la recogida de cadáveres de aves. Estos protocolos incluyen instrucciones detalladas para los agentes forestales, bomberos y policías locales, quienes son los principales responsables de la recolección de aves muertas. Las recomendaciones incluyen el uso de guantes, mascarillas y la correcta manipulación de los restos.

A pesar de las medidas adoptadas, ha habido críticas por parte de los bomberos y agentes forestales, quienes han señalado la falta de recursos y la insuficiencia de información para manejar el riesgo de contagio. En particular, la diputada socialista Maria Isabel Andaluz ha acusado a la Comunidad de Madrid de no proporcionar los medios necesarios para la retirada de aves muertas. Esta situación llevó a que los bomberos exigieran el cese del director general de Emergencias, Pablo Cristobal, quien fue relevado de su cargo en las semanas siguientes.