Ayuso anuncia que recurrirá la decisión ante la Audiencia Nacional

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica en su edición del 22 de octubre de 2025 la declaración como Lugar de Memoria Democrática la Real Casa de Correos, actual sede de la Presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y que fue convertida en Dirección General de Seguridad durante el régimen franquista. Este inmueble desempeñó un "papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura", señala el BOE.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, señala al respecto: "Todos los demócratas deberíamos alegrarnos de esta declaración, para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

La declaración como Lugar de Memoria Democrática de este edificio, donde "hubo torturas y personas que perdieron la vida por defender el regreso de la democracia, es una magnífica noticia para quienes defendemos la libertad, los derechos y la reparación de las víctimas", ha señalado Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, que considera que "todos los demócratas" deberían "alegrarse" de esta declaración, "para que nunca más se repitan estos actos ignominiosos".

Tras la Guerra de España, la Dirección General de Seguridad "asumió un papel fundamental en la vigilancia, control y represión de republicanos, socialistas, anarquistas, comunistas, liberales y cualquier persona sospechosa de tener simpatías por las ideas contrarias al régimen", indica el BOE, que recalca que son "numerosos los testimonios" de personas que sobrevivieron a los interrogatorios que coinciden en señalar la "extrema brutalidad" con la que se ejecutaban estas prácticas, en lo que fue un "símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

Asimismo, el BOE publicará en los próximos días las declaraciones como Lugar de Memoria Democrática de la Tapia de fusilamiento del Cementerio del Este de Madrid, conocido como cementerio de La Almudena; y la de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, popularmente denominada como la cárcel de Carabanchel.

El camposanto "fue testigo" de una etapa de enorme "violencia y represión". La tapia de la Almudena representa "uno de los episodios más oscuros de la represión franquista, y hoy en día es un símbolo del dolor, la resistencia y la lucha por la justicia y la verdad", reza el BOE. Se calcula que durante la etapa comprendida entre el 16 de abril de 1939 y febrero de 1944 fueron asesinadas en este lugar 2.936 personas de numerosas localidades españolas. Al menos 44 fueron ejecutadas a garrote vil y otras muchas fueron fusiladas en la tapia sur de la necrópolis.

Sus cuerpos fueron enterrados en fosas comunes dentro del propio cementerio. Entre las víctimas se cuentan 80 mujeres, entre ellas las conocidas como 'Las trece rosas', fusiladas el 5 de agosto de 1939.

En cuanto a la cárcel de Carabanchel, este penal fue levantado por el régimen franquista entre 1940 y 1944, y se convirtió en "uno de los emblemas represivos de la dictadura y símbolo de la nueva política penitenciaria", según explica el expediente para la declaración de este enclave como Lugar de Memoria. Entre los encarcelados se encontraron algunos de los líderes sindicales y políticos cuyo papel fue importante en la transición española a la democracia.

Su ubicación en Madrid se debió a que los principales tribunales de represión estaban en la capital y era desde allí desde donde se centralizaban las causas por delitos políticos, homosexualidad, masonería, propaganda antifranquista y un largo etcétera de delitos definidos como tales por la dictadura.

En las celdas de Carabanchel pasaron sus últimas horas decenas de presos antes de ser ejecutados, en unas condiciones de vida extremadamente duras, fruto del hacinamiento, la malnutrición, la falta de atención médica y frecuentes malos tratos por parte de los guardias. La cárcel, que se construyó como lugar de reclusión, se convirtió poco a poco en un foco de resistencia y oposición a la dictadura.

La Comunidad de Madrid presentará “de inmediato” un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional ante un nuevo intento del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que “el expediente ya ha caducado, puesto que ha transcurrido más de un año desde su incoación hasta la publicación de la decisión, considerando que el acto de publicación equivale a la notificación de la resolución”.

Este miércoles, el Boletín Oficial del Estado ha publicado la resolución por la que el Gobierno declara la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática.

García Martín ha calificado esta decisión de “sectaria y contraria a la historia y a la verdad”. Según ha defendido, “la Real Casa de Correos es un edificio completamente resignificado, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos los madrileños”. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha subrayado que “defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños; por eso presentaremos de inmediato este recurso, porque nos amparan la ley, la verdad y la historia”.

El pasado 1 de octubre, el Consejo de Gobierno conoció un informe elaborado por la Real Academia de la Historia (RAH) que asocia, “ante todo” la Real Casa de Correos “cualesquiera que hayan sido sus funciones” posteriores con el periodo de la Ilustración. Un dictamen solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que subraya el carácter ilustrado y central del edificio en la vida social y colectiva de la capital en el siglo XIX.

Tras conocer la decisión, se desató un intenso debate en las redes sociales entre el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, y el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, en relación a la validez de la declaración de la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática. Este conflicto se centra en la interpretación de la legislación vigente y los plazos establecidos para la resolución de expedientes relacionados con la memoria histórica.

La Real Casa de Correos es la sede del Gobierno autonómico de Madrid y ha sido propuesta para ser declarada como Lugar de Memoria Democrática. Esta declaración tiene como objetivo reconocer y recordar los eventos históricos relacionados con la memoria democrática en España. Sin embargo, la controversia surge del hecho de que el expediente que lleva a cabo esta declaración ha sido cuestionado por el consejero García Martín.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, García Martín afirmó que el expediente sobre la Real Casa de Correos "ha caducado". Según su interpretación, ha pasado más de un año desde la incoación del expediente hasta la publicación de la decisión, lo que, según él, invalida la declaración.

El consejero se apoyó en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, que establece que el expediente debe resolverse y notificarse en un plazo máximo de 12 meses desde su incoación. García Martín argumentó que la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 24 de octubre de 2024, indica que el plazo para resolver el expediente ya ha expirado.Francisco Martín, en respuesta a las declaraciones de García Martín, defendió la validez de la declaración y acusó al consejero de mentir o de no estar informado. Afirmó que el plazo para la resolución del expediente comienza con la fecha de publicación de la incoación, que fue el 24 de octubre de 2024, por lo que el plazo finalizaría el 24 de octubre de 2025.

Martín también expresó que lo más grave no es la supuesta ignorancia del consejero, sino el desprecio hacia las víctimas que buscan verdad, reparación y memoria. Esta declaración subraya la importancia de la memoria histórica y el respeto hacia aquellos que han sufrido en el pasado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se unió al debate a través de las redes sociales, apoyando la postura de su consejero. Hizo una declaración provocativa sobre la historia política de España y criticó la gestión del Gobierno central, insinuando que había perdido la oportunidad de actuar en el tiempo adecuado. El delegado del Gobierno respondió a Ayuso, reiterando su posición y enfatizando la necesidad de cumplir con la ley. Su respuesta fue una defensa de la integridad del proceso y un llamado a la verdad y la memoria histórica.

Pero, ¿quién tiene razón?. Pues, como casi siempre en política, los dos y ninguno. El expediente se incoó el 16 de octubre de 2024, tal y como explica el acuerdo publicado en el BOE, pero no se publicó en el Boletín Oficial del Estado hasta el 24 de octubre, por lo que serán los tribunales los que decidan cuándo se cumple el año desde la aprobación, y, por tanto, si está o no fuera de plazo. Y, no obstante, los jueces lo tienen fácil, pues ese BOE del 24 de octubre de 2024 establece, textualmente, que "el expediente se resolverá y notificará en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha de su incoación", es decir el 16 de octubre. El BOE no hace ninguna alusión a la publicación para que empiece a contar el plazo, sino a la fecha de incoación.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha conocido un informe elaborado por la Real Academia de la Historia (RAH) que asocia, “ante todo” la Real Casa de Correos “cualesquiera que hayan sido sus funciones” posteriores con el periodo de la Ilustración. Este dictamen, solicitado por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, subraya el carácter ilustrado y central del edificio en la vida social y colectiva de la capital en el siglo XIX

Ante la intención del Gobierno central de declarar la sede del Ejecutivo autonómico como Lugar de Memoria Democrática –motivo por el que solicitó este informe a la RAH–, la Administración madrileña presentará esta misma semana alegaciones al trámite de consulta pública abierto al considerar que esta medida vulnera sus competencias en la gestión de su patrimonio, la defensa de los bienes históricos de la región y supone un ataque a su autogobierno y es un ataque al verdadero valor histórico de un edificio de más de 250 años y a su destino actual como sede de la presidencia.

Asimismo, esta decisión fue publicada en el Boletín Oficial del Estado sin comunicación previa a la administración regional, lo que representa una falta de lealtad institucional. Además, la Real Casa de Correos cuenta con la máxima figura de protección patrimonial como Bien de Interés Cultural.

El texto, elaborado por catedráticos de la RAH, sitúa a este emblemático inmueble de la Puerta del Sol en “la historia moral y políticamente admirable y, por ello, de obligado conocimiento general de la Ilustración española, y con la misma centralidad que la Puerta del Sol tuvo, especialmente así desde el siglo XIX, con la vida social y colectiva de la capital y por extensión, de España”.

Según el informe, la actual sede del Gobierno regional, con 250 años de historia, fue construida durante el reinado de Carlos III (1759-1788), en pleno apogeo de la Ilustración española. Originalmente concebida para albergar la Real Casa de Correos, su función inicial fue cambiando con el tiempo.

Este periodo histórico se caracterizó por un impulso reformista sin precedentes, en el que los gobiernos de este monarca emprendieron una política de modernización y progreso en múltiples ámbitos. Se crearon escuelas, se reformaron las universidades y nacieron numerosas instituciones como el Colegio de Farmacéuticos, la Academia de Ciencias Naturales o el Hospital de San Carlos de Madrid.

En este contexto, la Real Casa de Correos quedó íntimamente ligada a uno de los grandes momentos del desarrollo institucional y cultural del país. Su edificación fue parte del ambicioso programa ilustrado que también incluyó la creación de fábricas reales (como las de porcelana del Buen Retiro o vidrio en La Granja), el embellecimiento urbano de la capital con obras como las Puertas de San Vicente y Alcalá, los Jardines de Sabatini o la Fuente de Cibeles.

En los primeros compases del siglo XIX, el edificio acogió la Capitanía General, el Gobierno Militar y la llamada Guardia de Prevención, funciones que mantuvo a lo largo de cuatro décadas. Posteriormente, fue sede del Ministerio de la Gobernación, incluso en la Segunda República, y albergó la Dirección General de Seguridad durante la dictadura. Asimismo, fue testigo del atentado perpetrado por ETA el 13 de septiembre de 1974, que provocó la muerte de trece personas y dejó más de un centenar de heridos. Desde 1985, es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, por decisión del entonces presidente Joaquín Leguina.

En julio, El Tribunal Constitucional levantaba la suspensión de ciertos artículos de la ley autonómica, lo que otorga a Ayuso la autoridad para decidir sobre la instalación de placas y distinciones en la sede presidencial. Este levantamiento se refiere específicamente a la norma 8/2024, que permite al Ejecutivo regional controlar qué tipo de símbolos pueden ser colocados en el inmueble.

Con esta decisión, Ayuso puede avanzar en su agenda política, que incluye la oposición a la designación de la Real Casa de Correos como "Lugar de Memoria Democrática". Esta catalogación se refiere al uso del edificio como centro policial durante el régimen franquista, un tema que ha generado un intenso debate y confrontación entre la Comunidad de Madrid y el gobierno central.

Isabel Díaz Ayuso ha rechazado la designación como "Lugar de Memoria Democrática", argumentando que es una medida "manipuladora" que promueve la división y el enfrentamiento. Este desacuerdo ha sido una fuente constante de fricción entre el gobierno regional y el de Moncloa.

El gobierno de Pedro Sánchez había presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de la Comunidad de Madrid, alegando que invadía competencias estatales y contradecía la Ley de Memoria Democrática. El Tribunal Constitucional había admitido este recurso y, en una decisión anterior, suspendió el artículo 4 de la ley, que requería la autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad para la instalación de placas o distinciones.

El Tribunal ha argumentado que los "prejuicios alegados" por el gobierno central carecen del "necesario grado de certeza". Se señala que los temores sobre la dificultad para declarar la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática son hipotéticos, ya que el procedimiento para dicha declaración aún no se ha resuelto.

El Tribunal concluye que la posible instalación de placas o distintivos, así como la celebración de eventos en la sede, son eventos futuros e inciertos. Esto implica que no se puede afirmar con certeza que la normativa autonómica dificultará la declaración del inmueble como lugar de memoria democrática.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida argumenta que la propuesta de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática es una "operación de carácter netamente político". Según él, esta acción carece de fundamento histórico y no refleja la rica historia del edificio, que ha servido no solo como sede de la Dirección General de Seguridad durante la dictadura, sino que también tiene un significado más amplio y diverso en la historia de Madrid.

El alcalde cita a la Real Academia de la Historia, que sostiene que el edificio tiene una historia "mucho más rica, fecunda y significativa" que el hecho de haber sido sede de la Dirección General de Seguridad. Almeida sostiene que limitar la interpretación histórica del lugar a su función durante la dictadura es un error que ignora su historia anterior y posterior.

Martínez-Almeida enfatiza que la declaración de este lugar como memoria democrática podría generar más enfrentamiento que reconciliación. En su opinión, la Casa de Correos debería ser un símbolo de unidad y no de división. El alcalde critica al Gobierno de España por, según él, fomentar la confrontación en lugar de promover la reconciliación.

El alcalde también se refiere a la figura de Francisco Largo Caballero, un líder socialista que, según él, no tiene un legado democrático. Almeida señala que Largo Caballero fue un "golpista" y un "antidemócrata", argumentando que su historia está marcada por la violencia y el rechazo a la democracia. Según el alcalde, el PSOE no debería dar lecciones de memoria histórica, dado el pasado de Largo Caballero.

Martínez-Almeida menciona que Largo Caballero promovió el uso de la violencia y la revolución como medio para alcanzar el poder, lo que contradice los principios democráticos. El alcalde critica la falta de arrepentimiento de Largo Caballero por los crímenes cometidos durante su mandato y sostiene que el PSOE debería reflexionar sobre la lección de reconciliación que representa la Transición española.

La ministra de Sanidad y líder del partido Más Madrid, Mónica García, ha criticado abiertamente a la presidenta regional, señalando que su negativa a reconocer la memoria histórica afecta a la ciudadanía. Según García, muchos miembros del Partido Popular, el partido de Ayuso, se sienten identificados con la historia que se pretende ocultar. La ministra destacó que en la Real Casa de Correos funcionó la Dirección General de Seguridad (DGS) durante el franquismo, donde se llevaron a cabo torturas a opositores políticos.

Mónica García ha enfatizado que su partido, Más Madrid, ha promovido diversas iniciativas para garantizar que la Real Casa de Correos sea reconocida como Lugar de Memoria. Esto incluye esfuerzos para que la ciudadanía tenga acceso a la información sobre los eventos ocurridos en el edificio durante la dictadura.

En una de las ocasiones en que se abordó este tema, específicamente en enero, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, propuso a Isabel Díaz Ayuso y a sus consejeros una visita a las salas donde se encontraban los antiguos calabozos de la DGS. Esta propuesta tenía como objetivo informar sobre las torturas que se llevaban a cabo en esos espacios, destacando que eran lugares donde se sometía a militantes en defensa de la libertad y la democracia.

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, calificó la medida como una "medida totalitaria" del Gobierno, sugiriendo que esta acción es un intento de desviar la atención de los casos de corrupción que involucran a miembros del Gobierno. En una entrevista con 'Telemadrid', argumentó que el Ejecutivo está utilizando esta declaración como una "cortina de humo" para ocultar los problemas más graves que enfrenta, como las imputaciones y los procesos judiciales en curso que afectan a altos funcionarios.

La portavoz de Vox incluyó la declaración de la Real Casa de Correos en una lista de otros temas que considera irrelevantes o que no deberían ser prioritarios en la agenda política. Mencionó cuestiones como la situación en Palestina, el aborto y el cambio de hora, sugiriendo que estos temas son utilizados por el Gobierno para desviar la atención de los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos.

La declaración del Gobierno central ha provocado un choque significativo entre el Ejecutivo nacional y el regional. La Comunidad de Madrid, liderada por el Partido Popular, ha anunciado su intención de tomar acciones legales contra esta medida. Este conflicto resalta las tensiones políticas entre diferentes niveles de gobierno en España, especialmente en temas relacionados con la memoria histórica y la interpretación del pasado reciente del país.

Pérez Moñino también expresó su escepticismo sobre el impacto de esta declaración en la ciudadanía madrileña. Afirmó que, en su opinión, "ningún madrileño" está realmente preocupado por la designación de la Casa de Correos como un lugar de memoria, insinuando que hay problemas más urgentes y relevantes que deberían ser discutidos en los foros políticos y parlamentos regionales.