El Consejo de Gobierno aprueba un informe sobre el impacto económico de la medida que quiere aprobar Sánchez

La Comunidad de Madrid estima que la próxima reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales que prepara el Gobierno central supondrá un coste extra de 2.635 millones de euros anuales a los comerciantes y hosteleros de la región (1.775 y 860 millones, respectivamente).

Se trata de los sectores más afectados del tejido productivo madrileño por la medida, como refleja el informe oral de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo presentado en Consejo de Gobierno sobre el anteproyecto de Ley estatal y que expresa el rechazo frontal del Ejecutivo autonómico a esta normativa.

Los sectores del comercio y la hostelería de la región suponen en la actualidad hasta el 17,2% del conjunto de su PIB –Producto Interior Bruto-y suman entre ambos casi 800.000 trabajadores, por lo que las consecuencias serían nefastas para la primera economía de España y el resto del país.

Según el documento elaborado por la Comunidad de Madrid, se trata de una imposición unilateral que no se ha acordado con el conjunto de los agentes sociales, vulnerando la negociación colectiva y, además, restringiendo abiertamente la libertad de empresa. Además, esta futura Ley del Gobierno central genera inseguridad jurídica al no tener desarrollo reglamentario, y las presunciones que se establecen en caso de incumplimiento pueden resultar excesivas y difíciles de gestionar, traduciéndose en un incremento de la conflictividad laboral en toda España.

El nuevo texto estatal carece de un análisis serio y riguroso del impacto económico, las cargas administrativas o las consecuencias organizativas que puede generar, especialmente para pymes y autónomos, que son quienes más sufrirán sus efectos nocivos. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo ya se ha remitido este mes al Ministerio de Trabajo y Economía Social un documento con todas las alegaciones del Gobierno madrileño al anteproyecto de Ley.

Varios estudios externos advierten de las graves consecuencias que supondrá para estos negocios, que se verán obligados a contratar otra persona para cubrir esas horas o a cerrar su actividad durante ese periodo, con la consiguiente pérdida de ingresos.

Por otra parte, esta normativa hará que España pase de tener una legislación dentro de los márgenes habituales en la Unión Europea a poseer una de las más rígidas en la materia, añadiendo nuevos costes financieros y burocráticos, que serán más difíciles de cumplir para aquellas compañías de menor tamaño.

"Sobre la jornada laboral ya hay muchas empresas que tienen convenios de jornada laboral, que hablan con sus empleados y, dependiendo de las necesidades, teletrabajan más, trabajan unos días más unos días menos. Yo estoy en contra de hacerlo como lo ha hecho la vicepresidenta, porque como se va hundiendo las encuestas necesita algún titular. Y entonces dice, que invite la pequeña y la mediana empresa, la empresa familiar, a ver si de esta manera tengo algo que contar durante unos días. Me parece profundamente tirano e insensato cómo se ha hecho, puesto que cada empresa es un mundo. No es lo mismo una empresa de tres empleados, dos empleados que una empresa de 500 y, por tanto, siempre sacrificar el trabajo del autónomo, del tendero… Pregunten por ahí a cualquier tendero de esta calle, a cualquier empresa si esto se hace de esta manera. A mí me parece que además cada vez somos menos competitivos, en un mercado global se le está transmitiendo a los jóvenes que trabajar es malo. Eso es un problema del primer mundo. Me parece insensato y, desde luego, se les está trasladando a los jóvenes un mensaje de falta de la verdad absoluta en un mundo completamente globalizado, y especialmente con potencias muchísimo más jóvenes emergentes que van con un crecimiento exponencial tremendo en todos los sentidos", resumía Ayuso.

"No se puede hacer así porque, cada vez que se toman medidas de brochazo gordo, el que paga es especialmente el que menos tiene, el empresario pequeñito, el autónomo. Cuando se toman las decisiones así, sin hablar con ellos, como ha ocurrido ahora, sin diálogo y sin haber creado un puesto de trabajo en tu vida, lo único que estás haciendo es arruinar. Y van a conseguir que la pequeña y la mediana empresa no pueda contratar, harta de burocracia, harta de impuestos, harta de imposiciones. Entonces, lo vamos a pagar todos, los demás también. Cuando le asestan un golpe a una gran empresa, a la mediana y a la pequeña, esto va en cascada. Por eso, en lugar de bajar impuestos, ayudar al que crea puestos de trabajo, facilitarle la vida al que levanta este país, que es el que da también oportunidades a los demás, vamos en sentido contrario para estar en los titulares tres días más. Me parece un profundo error hacerlo", concluye.