La Asociación de Empresarios de Mantenimiento de Instalaciones Acuáticas advierte de que puede suponer el cierre de muchas piscinas privadas

La Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas (EMPIA) denuncia las consecuencias económicas y sociales de la Orden 1239/21, emitida por la Consejería de Sanidad de Madrid en septiembre de 2021, que marcó un punto de inflexión en el sector del salvamento acuático en la región. Además de las pérdidas económicas y la desprofesionalización del sector, la medida puede suponer el cierre de las piscinas de las urbanizaciones privadas el próximo verano.

Entre los cambios más significativos de la Orden 1239/21 se destacan:

1. Se anula el registro profesional de socorristas, lo que se traduce en una falta de control por parte de la Administración pública sobre el número de socorristas capacitados y disponibles para trabajar.

2. Se elimina la obligatoriedad de reciclaje para los socorristas, lo que conlleva una falta de control sobre su formación. Esta falta de actualización ante posibles nuevos estándares de salvamento del profesional puede dar lugar a una mala práctica del desempeño de sus
funciones, especialmente si un socorrista pierde su forma física, fundamental para realizar rescates.

3. Se establece que solo pueden trabajar en Madrid los socorristas que obtengan su titulación físicamente en la comunidad autónoma. Esta restricción impide que el personal extranjero o de otras comunidades españolas pueda trabajar, a menos que realicen un viaje expreso para obtener su formación, seguido de otro viaje para obtener el permiso de trabajo en su país de origen.

Estas medidas han suscitado preocupación sobre la capacidad y competencia del personal en la prestación de servicios de salvamento.  Madrid es histórico y se ha agravado con estas restricciones adicionales. Resulta preocupante que estas medidas se hayan tomado sin siquiera conocer el número exacto de piscinas que requieren socorristas en la Comunidad. Según las autoridades consultadas, este dato no está disponible.

La actual normativa no solo implica el cierre de muchas piscinas privadas, sino que también conlleva multas para los empresarios que contraten socorristas en contra de la regulación. Además, esta normativa contribuye a la desprofesionalización del sector.

En los últimos meses, EMPIA ha mantenido múltiples encuentros con la Consejería de Sanidad en un intento por dialogar y encontrar soluciones. Aunque el pasado mes de junio se acordó tomar medidas, este acuerdo no se ha cumplido. Los datos recopilados son preocupantes: el número de socorristas extranjeros trabajando en Madrid ha disminuido significativamente, mientras que el índice de rotación ha aumentado y los casos de socorristas trabajando en situación irregular se han multiplicado exponencialmente temporada tras temporada.

Ante la falta de respuestas y la proximidad de la temporada de verano del 2024, EMPIA ha decidido convocar una concentración frente a la Consejería de Sanidad el próximo 27 de febrero. La protesta busca visibilizar la gravedad de la situación y exigir soluciones concretas que garanticen la seguridad y el funcionamiento adecuado de las piscinas en Madrid.

EMPIA hace un llamamiento urgente a la Consejería de Sanidad para que se siente a negociar y encuentre soluciones que protejan tanto la seguridad de los ciudadanos como los intereses económicos de los empresarios del sector del salvamento acuático en Madrid, evitando el colapso durante la próxima temporada de verano.