Además, hablaran del Hospital, la parada de autobuses de la calle Brihuega y la exención del IBI

UPyD también llevará cuatro mociones al Pleno de mañana martes, y cuatro mociones que generarán polémica, en especial la primera, que busca la dimisión del alcalde y el líder de la oposición de la Asamblea General de Caja Madrid. "Solicitaremos que tanto Bartolomé González, alcalde de Alcalá, como Javier Rodríguez, portavoz del grupo municipal socialista, dimitan de sus cargos como miembros de la Asamblea de Caja Madrid, de la que reciben dietas de más de mil euros por asistencia a cada sesión de aquella", afirmaba el partido.

En este sentido, el portavoz del Grupo Municipal, Anselmo Avendaño, ha explicado que “no nos parece de recibo que, cuando existen, en cierta medida, corresponsabilidades por haber votado a favor de propuestas que han llevado a la ruina a Bankia, se siga considerando que nada de lo está pasando va con uno mismo.  Seguimos manteniendo que sobran todos los políticos de los consejos y demás órganos de las Cajas. Además se presenta una segunda moción en la que se exige a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que revoque la decisión de no renovar los contratos de los noventa trabajadores que han sido despedidos del Hospital Príncipe de Asturias y para que se mantengan los ratios de personal asistencial/paciente que existían antes de la apertura del Hospital de Torrejón".

La tercera moción, se refiere "a una, ya antigua, demanda de los vecinos de la calle Brihuega y alrededores para que se traslade la, mal llamada, ‘Terminal’ o ‘Parada’ de autobuses interurbanos que existe en la misma, a una ubicación que cause menos molestias a los que vivan cerca de la misma.  Desde UPyD se mantiene que las condiciones actuales resultan insostenibles para los vecinos e inadecuadas para una ciudad de la entidad de Alcalá", explican, y en su cuarta moción, se insiste en la "necesidad de realizar una lectura más cuidadosa de todo lo relativo a las exenciones al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, para que se aplique la exención, exclusivamente, en aquellas propiedades que cumplen con una función pública, pero, en ningún caso, en aquellas que tienen una finalidad privada o, incluso, económica".