Se materializa el cordón sanitario contra UPyD y se rechaza la elección por oposición del Interventor General

Alcalá comenzaba la temporada con un Pleno con mucho morbo, y es que era el primero después de un verano muy agitado en el que las lealtades y los pactos de Gobierno cambiaron demasiado en muy poco tiempo. En este Pleno debía comprobarse si UPyD y PP mantenían o no su alianza que les llevó a votar a favor de la investidura de Javier Bello, aunque a cambio de la firma de un polémico documento, los 25 puntos de julio, que han dado quebraderos de cabeza a políticos de todos los colores durante los últimos dos meses.

Pero además, en este Pleno debía comprobarse si lo denunciado por UPyD hace una semana se hacía realidad, y los demás partidos creaban una suerte de cordón sanitario en torno a sus mociones, cordón que permitiría sacar adelante los presupuestos aunque dejando a los pies de los caballos electoralmente a todos los partidos.

Y, por último, era el primer Pleno tras un verano en que Javier Bello no ha dejado títere con cabeza en el Gobierno Local: ceses, cambios de concejalías, incorporaciones y eliminación de puestos también estaban en un orden del día con 53 puntos.

Semejante inflación de asuntos hacía prever un Pleno auténticamente maratoniano que durase mucho más de lo habitual, pero lo cierto es que la sesión terminó algo después de las nueve y cuarto de la noche. La razón, que los concejales hicieron trampa: votaron y debatieron en conjunto los primeros treinta puntos, con lo que el Pleno se quedó en sus veintipico puntos habituales.

El punto 31, una dación de cuentas, dio paso a la primera votación de la jornada, el convenio con Goodman Real State, un convenio que salió adelante con la abstención de UPyD y el PSOE. El reconocimiento extrajudicial de créditos también salió adelante gracias a los votos positivos de PP, IU y España 2000, y con la negativa de UPyD y PSOE. El Pleno también aprobó el bautismo de una nueva calle, Molina de Aragón.  La liquidación de cuentas de 2011 también salió adelante gracias a IU, que en este caso se abstuvo, al igual que el Grupo Mixto, mientras que los otros dos partidos votaron en contra.

La segunda parte del Pleno comenzaba con una moción conjunta de los cinco grupos para renunciar a su paga extra navideña y destinar el dinero a fines sociales y a la compra de libros de texto. Al estar firmada por todos los concejales, la moción salió adelante por unanimidad.

Unanimidad también hubo en la votación de las tres mociones de España 2000. Como ya es habitual, se rechazaron sin debate. Así, el Pleno dijo no a la creación de un banco de libros de texto, la elaboración de una Ordenanza sobre lugares de culto, y la petición de que se declare el Tenorio Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El boicot continuó en las dos mociones de UPyD. Después de un debate muy tenso en que todos los portavoces acusaron a los magenta de no decir lo mismo a los medios de comunicación que en las redes sociales, los 25 concejales votaron en contra de la elección por oposición del Interventor General.

Y es que, después de aprobar hace unos meses la elección por oposición del cargo, la Junta de Gobierno aprobaba el lunes la designación del nuevo Interventor algo que, por cierto, será ilegal cuando el Gobierno central apruebe su Ley de Transparencia, que establecerá, básicamente, los mismos parámetros que la moción de UPyD, es decir, el Interventor General, al igual que el Secretario Municipal, deberá ser un funcionario de carrera elegido en un concurso de méritos.

La segunda moción magenta, por su parte, salió adelante por unanimidad, aunque enmendada, y establece la recuperación del Punto de Encuentro Familiar.  La tercera moción magenta, por su parte, no llegó a debatirse, al ser vetada en la Junta de Portavoces. UPyD pretendía renunciar voluntariamente al 20% de su sueldo, para lo que consiguieron un documento firmado por el Secretario Municipal.

Terminada la tensión con UPyD, el Pleno recuperó su tono con la moción sobre colegios con educación diferenciada. Como tanto IU como PSOE lo llevaban entre sus asuntos, se optó por debate conjunto. Al final, el PP votó en contra y España 2000 se abstuvo, con lo que las mociones salieron adelante con los votos de los otros tres partidos.

Durante su intervención en el Pleno, la concejala socialista Yolanda Besteiro, responsable del área de Educación, denunció que “la segregación por sexos en la educación potencia la desigualdad y así lo ha reconocido incluso el Tribunal Supremo en una sentencia reciente que niega el concierto educativo con este tipo de centros. Esta sentencia del Tribunal Supremo, además, nos da la razón al Grupo Socialista de Alcalá que durante años hemos mostrado nuestra oposición al concierto con este tipo de centros”. Besteiro tuvo además palabras para referirse al comienzo del curso escolar en nuestro municipio y denunció que “resulta inmoral que tengamos que pagar entre todos este tipo de educación, cuando al mismo tiempo se nos dice que no hay dinero para la educación pública. Mientras que en los centros de Alcalá se sufren los recortes de profesores o se suprimen las becas de libros de texto y comedor, el Gobierno Regional destina 26 millones de euros para financiar centros como el Alborada”.

Las otras dos mociones de IU tuvieron un resultado desigual: la propuesta sobre la Ley del Aborto fue rechazada por los votos de PP, UPyD y Grupo Mixto, mientras que los dos partidos de izquierda votaron a favor; la propuesta sobre los recortes tuvo un sorprendente aliado que permitió sacarla adelante: El Grupo Mixto optó por votar a favor dejando en minoría a PP y UPyD.

Por último las dos mociones del PSOE, sobre copago sanitario y la Iglesia Ortodoxa Rumana, salían adelante. La concejala Mónica González denunció como “este copago es un cambio en el modelo sanitario, un cambio que rechazamos porque creemos que es injusto e ineficaz”. González denunció que el copago sanitario “afecta a las capas de población más vulnerables y necesitadas” y que “se han presentado numerosas quejas de pensionistas que han tenido que abonar importes por encima de lo establecido”.

“Asimismo, el Ayuntamiento tendrá que elaborar un informe sobre las posibilidades legales de recuperar la parcela,cedida por el equipo de Gobierno del PP, de El Ensanche para la construcción de una Iglesia Ortodoxa, y que se destine la misma a un Centro Cívico y biblioteca tal y como han defendido los socialistas desde el año 2007”, explicaba el PSOE.