El Hospital dice que las declaraciones se han sacado de contexto y la Comunidad anuncia una investigación mientras que la izquierda estudia acciones legales
Veinticuatro horas después de la cancelación de los macroconciertos, otra polémica se cernía sobre Torrejón, y es que el diario El País publicaba un audio de un responsable de Ribera Salud que no ha dejado indiferente a nadie. Y es que el CEO de la empresa gestora del Hospital de Torrejón, en una reunión, ordenaba a sus trabajadores recortar el número de operaciones aumentando así las listas de espera para reducir el coste y maximizar beneficios.
El Hospital de Torrejón de Ardoz, un centro público en Madrid gestionado por el grupo sanitario Ribera, ha sido objeto de controversia debido a las políticas de gestión que priorizan la rentabilidad económica sobre la atención al paciente. La gestión privada de hospitales públicos se basa en la idea de que cada euro no gastado en atención a pacientes se traduce en beneficios para la empresa gestora. Este modelo ha sido objeto de críticas por su enfoque en la rentabilidad a expensas de la calidad del servicio.
Ribera fue pionero en la gestión privada de hospitales públicos en la Comunidad Valenciana a finales de los años noventa, introduciendo el modelo Alzira. Este modelo fue adoptado por el Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a principios de los 2000.
En una reunión del 25 de septiembre, Gallart instruyó a sus mandos a aumentar las listas de espera y reducir el número de intervenciones, con el objetivo de mejorar el EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) del hospital. Gallart enfatizó la necesidad de "desandar el camino" de la reducción de listas de espera que se había logrado tras la pandemia de COVID-19.
Gallart argumentó que la acumulación de listas de espera permitiría reducir gastos en personal y recursos, justificando que el hospital es deficitario y que los aportes de la administración no son suficientes para cubrir los costos operativos.
El director gerente del Hospital de Torrejón, Santiago Orio, defendió la calidad de atención y la integridad del contenido de las reuniones internas, sugiriendo que fuera de contexto, las declaraciones pueden ser malinterpretadas. Aseguró que el objetivo de Ribera es ofrecer atención de calidad a los pacientes.
Un portavoz de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirmó que no tenían conocimiento de las órdenes de Gallart y que actuarían de inmediato si se confirmaran. Se destacó que el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) realiza un control continuo de la actividad del hospital para garantizar que se cumplan los estándares de atención.
Gallart mencionó que la identificación de procesos no rentables es crucial para la gestión del hospital. Se ha informado que se están considerando derivar pacientes a otros centros para evitar atender a aquellos que no son "cápita", es decir, que no pertenecen a la población asignada al hospital. Se ha documentado que se ha dado la orden de no atender a pacientes que requieran diálisis peritoneal, debido a su baja rentabilidad, lo que plantea serias preocupaciones sobre el acceso a la atención médica.
Los partidos de izquierda han criticado históricamente este modelo de gestión, argumentando que prioriza el beneficio económico sobre la salud de los ciudadanos. Las acusaciones de que se favorece la rentabilidad a costa de la atención al paciente han sido recurrentes en las comunidades donde se implementa este modelo.
En 2018, el gobierno socialista de Ximo Puig desprivatizó el hospital de La Ribera, dejando solo el modelo del Vinalopó bajo gestión de Ribera. Las críticas han persistido en Galicia, Madrid y Valencia, donde se han señalado prácticas que ponen en riesgo la salud de los pacientes.
El 3 de diciembre de 2025, el PSOE-M (Partido Socialista Obrero Español de Madrid) anunció que está considerando acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión surge a raíz de unas declaraciones del CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, que fueron reveladas en un audio publicado por el diario 'El País'. En este audio, Gallart discute estrategias para gestionar el Hospital Universitario de Torrejón, lo que ha suscitado una fuerte crítica por parte de los socialistas.
En la grabación, Gallart menciona que en los años 2022 y 2023, el grupo decidió reducir las listas de espera en el hospital. Sin embargo, también sugiere que se deben realizar "ajustes" para alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre cuatro y cinco millones de euros. Esta declaración ha sido interpretada como una invitación a priorizar la rentabilidad sobre la atención al paciente.
Gallart aboga por aumentar las listas de espera al reducir el número de intervenciones y rechazar aquellos pacientes o procesos que no sean considerados rentables. Esta práctica ha sido calificada por el PSOE-M como una forma de ver a los pacientes como "clientes" en lugar de ciudadanos con derecho a atención sanitaria.
Óscar López, secretario general del PSOE-M y ministro para la Transición Digital y la Función Pública, ha criticado duramente al Gobierno de Ayuso. López ha afirmado que las privatizaciones en el sector sanitario convierten un derecho fundamental en un negocio para unos pocos. Ha calificado la situación como una "vergüenza absoluta" y ha insistido en que la sanidad pública está siendo perjudicada por estas políticas.
El Grupo Parlamentario Socialista ha decidido solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid. La intención es que Matute explique las prácticas denunciadas y la gestión de las listas de espera en el hospital.
Fuentes de la Consejería de Sanidad han respondido a las acusaciones, afirmando que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) lleva a cabo una gestión "transparente y eficaz" de las listas de espera. Según estas fuentes, se basan en tiempos de atención establecidos para cada proceso y patología, y los datos son publicados mensualmente en la web de la Comunidad de Madrid.
La Consejería también ha destacado que, en el caso de hospitales de titularidad pública con gestión indirecta, como el Hospital Universitario de Torrejón, el Sermas supervisa el cumplimiento de indicadores y criterios de gestión. Se asegura un control y seguimiento continuo de la actividad del hospital para garantizar que la prestación de servicios sea la adecuada.
El partido político Más Madrid anunció su intención de emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Esta decisión surge a raíz de las prácticas denunciadas de la empresa concesionaria del Hospital de Torrejón de Ardoz, que, según Más Madrid, están orientadas a maximizar sus beneficios económicos a expensas de la salud pública.
Más Madrid sostiene que las acciones de la empresa concesionaria constituyen una "grave vulneración de la protección del derecho a la salud." El partido argumenta que la sanidad pública en Madrid está siendo utilizada para favorecer intereses económicos privados, lo que pone en riesgo el bienestar de los pacientes.
La controversia se intensificó tras la publicación de un audio por el diario 'El País', donde se escucha al CEO del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, en una reunión celebrada el 25 de septiembre con varios mandos del hospital. En esta grabación, Gallart menciona que, los años 2022 y 2023, la organización decidió hacer un esfuerzo para reducir las listas de espera pero también pide "desandar el camino", sugiriendo que se realicen ajustes para alcanzar un EBITDA (beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) de entre cuatro y cinco millones de euros.
La portavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, ha enfatizado que este caso es un ejemplo de las prácticas que su partido ha denunciado repetidamente. García critica a las empresas privadas que, según ella, se benefician de una "parasitación público-ada", priorizando sus beneficios económicos sobre la salud de pacientes.
García ha señalado que estas empresas llevan a cabo una "selección de pacientes" que se basa en la rentabilidad, eligiendo aquellos casos que son más lucrativos y desviando a los pacientes con condiciones más complejas hacia la sanidad pública. Esta estrategia, según ella, es parte del modelo promovido por el Partido Popular, que requiere la complicidad de sus gobiernos para funcionar.
El audio revela que Gallart aboga por aumentar las listas de espera y reducir el número de intervenciones, lo que implica rechazar pacientes o procedimientos que no sean rentables. Esta estrategia ha sido calificada por Mónica García como "absolutamente intolerable", argumentando que pone en peligro la salud de los pacientes.
Mónica García ha declarado que el Gobierno de Ayuso es cómplice de este modelo que beneficia a grupos como Ribera y Quirón. Más Madrid se ha comprometido a no permitir estas prácticas y está estudiando todas las acciones legales necesarias abordar esta situación. denuncia pone de relieve las tensiones entre la sanidad pública la gestión privada en el contexto de la atención médica en, así como las implicaciones éticas y legales de estas.
Por la tarde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió un comunicado sobre la situación actual del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en respuesta a la publicación de un audio que generó controversia sobre la gestión del hospital por parte de la empresa concesionaria, Ribera Salud.
La Consejería de Sanidad, bajo la dirección de Fátima Matute, afirmó que hasta la fecha no se ha detectado "ningún incumplimiento" por parte de Ribera Salud en relación con las obligaciones del contrato de concesión del servicio público. Sin embargo, la Consejería subrayó su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la correcta prestación de servicios.
Los partidos políticos PSOE-M y Más Madrid anunciaron su intención de emprender acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, argumentando que las prácticas de la empresa concesionaria podrían estar orientadas a maximizar sus beneficios a expensas de la calidad del servicio sanitario.
Ante las preocupaciones suscitadas por el contenido del audio, la Consejería de Sanidad movilizó un equipo multidisciplinario para realizar una evaluación "in situ" del servicio en el hospital. Esta medida busca asegurar que la atención a los pacientes se mantenga en los estándares requeridos. Se convocó de manera urgente una reunión con la alta dirección de Ribera Salud para discutir las implicaciones del audio y las prácticas de gestión del hospital. La Consejería se comprometió a adoptar las acciones y controles necesarios tras la evaluación de la situación.
La Consejería de Sanidad reafirmó su compromiso de no tolerar prácticas que puedan perjudicar el acceso a la atención sanitaria. En su comunicado, enfatizó que la atención se proporcionará con la mayor calidad y en igualdad de condiciones en todos los hospitales del Servicio Madrileño de Salud (Sermas).
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, destacó que la Consejería está en constante vigilancia de todos los hospitales, independientemente de su modelo de gestión. Aseguró que la atención en los hospitales de la región es "excelente" y que se están realizando esfuerzos continuos para mantener la confianza del público en el sistema sanitario.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado su plataforma en redes sociales para criticar abiertamente al Partido Popular (PP). En su mensaje, Sánchez denuncia que el modelo del PP convierte la salud en un negocio y la enfermedad en una oportunidad de enriquecimiento. Asegura que el Gobierno defenderá la sanidad pública con todos los recursos del Estado, enfatizando que no se tolerará el aumento de listas de espera ni las injusticias en el acceso a la atención sanitaria.
La ministra de Sanidad, Mónica García, quien también es considerada una posible candidata de Más Madrid en las próximas elecciones autonómicas, ha expresado su descontento hacia el PP y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Además, su formación y el PSOE están considerando emprender acciones legales en respuesta a las revelaciones.
El Grupo Parlamentario Socialista ha decidido solicitar la comparecencia de la consejera de Sanidad, Fátima Matute, en la Asamblea de Madrid para que explique la situación. Esta acción refleja la seriedad con la que el PSOE está tomando las acusaciones de privatización y gestión inadecuada de la sanidad pública.
El consejero y portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García, ha minimizado las acusaciones en una rueda de prensa, afirmando que no son nuevas y que se han incrementado los recursos destinados a la sanidad pública. Destaca que el presupuesto para 2026 será el más alto en la historia de la región, lo que, según él, demuestra el compromiso del Gobierno con sanidad pública.
Un portavoz del grupo sanitario Ribera ha defendido la integridad de la empresa, argumentando que el contenido de los audios puede haber sido malinterpretado al ser sacado de contexto. Santiago Orio, director gerente del Hospital de Torrejón, ha subrayado que las reuniones internas son privadas y que el objetivo de Ribera es atención de calidad a los pacientes, respaldado por auditorías de organismos.
Pero los audios no sólo provocaron revuelo en los niveles nacional y regional, sino también en el local, donde Más Madrid pedía explicaciones al alcalde recordando que hace tan sólo unos días denunciaban la situación del Hospital en el Pleno. "Las reacciones ante el polémico audio filtrado del CEO de Ribera Salud, empresa que gestiona el Hospital Universitario de Torrejón, no se han hecho esperar en el ámbito nacional, autonómico y local. Una de ellas es la de Más Madrid Torrejón, cuya portavoz Ruth Grass, ha afirmado que “el modelo de Ribera Salud es el modelo de Alejandro Navarro, por eso votó en contra de nuestra moción para que el Hospital pudiera ser público el mes pasado”.
Según la formación verde, el Partido Popular de Torrejón defiende a Ribera Salud y apoya el modelo de gestión privada, tal y como también hace Isabel Díaz Ayuso, que recientemente rescató al Hospital con 33 millones de euros. “Es intolerable que rescatemos con dinero público a Ribera Salud, pero es aún peor descubrir que su CEO promueve aumentar las listas de espera y rechazar pacientes para que cuadren sus cuentas. Nos están robando y se están riendo en nuestra cara” ha afirmado Grass.
“Más Madrid propuso que el Hospital iniciara un proceso de internalización para que este fuera gestionado de forma pública por el SERMAS, tal y como ya va a hacer la Comunidad de Madrid con los Hospitales de Alcorcón y Fuenlabrada, pero Alejandro Navarro lo rechazó con su mayoría absoluta en el último Pleno” ha apuntado la portavoz.
“Estos son los terribles resultados del modelo de gestión privada de Ayuso y Alejandro Navarro que convierte la sanidad en un negocio” reflexiona Más Madrid, que ha transmitido su total apoyo a las trabajadoras del Hospital que llevan meses denunciando la nefasta gestión de Ribera Salud, y reclamando mejores condiciones laborales y una mejor atención sanitaria.
“Cada vez son más los torrejoneros hartos de un Alcalde que quiere convertir Torrejón en la Ciudad de las Fiestas, sometido a Isabel Díaz Ayuso, e incapaz de defender los intereses y las necesidades de los vecinos y vecinas” ha sentenciado Ruth Grass, que ha animado a los torrejoneros a construir junto a Más Madrid una alternativa para liderar el cambio que Torrejón necesita en 2027.
El alcalde de Torrejón ha comunicado que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha iniciado una inspección en el Hospital de Torrejón. El alcalde ha enfatizado que, aunque no se dispone de más información en este momento, el Gobierno local se mantendrá vigilante sobre la evolución del caso. Navarro ha manifestado su compromiso con la calidad de la atención sanitaria en Torrejón de Ardoz, asegurando que se buscará mantener la excelencia en el servicio para todos los vecinos. |