Según explican, hay 125 proyectos de Ley aprobados por la Oposición en el Congreso que no han llegado al Senado

El Senado de España ha tomado la decisión de llevar ante el Tribunal Constitucional la situación de bloqueo sistemático que afecta a las iniciativas legislativas que llegan al Congreso de los Diputados. Esta acción se origina a raíz de la preocupación expresada por el Partido Popular (PP), que ha identificado un total de 125 proyectos de ley que se encuentran paralizados en el proceso legislativo.

El Partido Popular, bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo, ha sido el principal impulsor de esta denuncia. Desde el inicio del curso político en septiembre, Feijóo había advertido que su partido actuaría si la situación no se corregía. A pesar de sus advertencias, el bloqueo persiste, lo que ha llevado a Feijóo a reiterar su denuncia sobre el hecho de que leyes con un respaldo mayoritario se están quedando sin avanzar, "en un cajón".

Según el PP, la estrategia que se está utilizando para frenar las iniciativas legislativas del Senado implica la prolongación indefinida del plazo para la presentación de alegaciones o enmiendas en el Congreso. Esta decisión ha sido adoptada por la Mesa de la Cámara Baja, y cuenta con el apoyo de su presidenta, Francina Armengol, así como del grupo parlamentario de Sumar.

Este enfrentamiento entre el Senado y el Congreso no es un fenómeno reciente y ha tenido consecuencias significativas en la tramitación de diversas leyes. Entre las leyes que han sido aprobadas por el Senado pero que no han logrado avanzar en el Congreso se encuentran:

Expulsión de okupas en 24 horas: Una medida destinada a facilitar la rápida desalojo de ocupantes ilegales.

Rebaja del IVA a peluquerías: Una propuesta que busca aliviar la carga fiscal sobre este sector.

Reconocimiento de los funcionarios de prisiones como cuerpos de seguridad: Una iniciativa que busca mejorar la situación laboral y el reconocimiento de estos profesionales.

Antes de proceder con la denuncia ante el Tribunal Constitucional, el Senado intentó resolver la situación mediante un requerimiento formal dirigido al Congreso. Sin embargo, la respuesta de la presidenta de la Cámara Baja fue que la normativa vigente le otorga la facultad de ampliar los plazos de tramitación, lo que ha llevado a la continuación del conflicto.

El conflicto institucional se encuentra ahora en manos del Tribunal Constitucional, que deberá pronunciarse sobre la legalidad del procedimiento que ha llevado al bloqueo de las iniciativas legislativas. La decisión del tribunal será crucial para determinar el futuro de la relación entre ambas cámaras y la capacidad del Senado para hacer avanzar sus propuestas legislativas.