Según afirman tendría un elevado impacto presupuestario

El Consejo de Ministros ha autorizado un acuerdo para realizar un requerimiento al Senado para que revoque el acuerdo de la Mesa de la Cámara Alta por el que se admitía a trámite una proposición de ley presentada por el PP que pretende derogar la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Este requerimiento al Senado viene fundamentado en el hecho de que se trata de una decisión de la Mesa del Senado que vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española. Dicho artículo establece que "toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación".

En este sentido, el Gobierno, mediante un escrito remitido el pasado 16 de noviembre al presidente del Senado, manifestaba su disconformidad con la tramitación de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que deroga la Ley del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones por su impacto presupuestario.

Dicho criterio venía acompañado de un informe en el que el Ministerio de Hacienda y Función Pública justificaba que las medidas incluidas en la iniciativa supondrían una merma de la recaudación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no cedido a las comunidades autónomas, al producirse la eliminación del mismo. Asimismo, el informe alude a que la proposición de ley incluye que el Estado compense a las comunidades autónomas con el importe recaudado por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones por cada comunidad autónoma en el último ejercicio fiscal antes de la entrada en vigor de esta iniciativa legislativa. Por tanto, el impacto estimado de esta proposición de ley del PP alcanzaría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas.

Sin embargo, a pesar del escrito del Gobierno, la Mesa del Senado adoptó, en su reunión del pasado 21 de noviembre, un acuerdo por el que decidió ignorar y no admitir a trámite esa disconformidad del Gobierno. Por ello, el Ejecutivo considera que esta proposición de ley vulnera el artículo 134.6 de la Constitución Española, ya que, al suponer una merma de los ingresos presupuestarios, la propuesta debe contar con la aprobación del Gobierno.

Además, el Ejecutivo ha recordado que el alcance de la función de control del veto presupuestario por parte de la Mesa ha sido delimitado por el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, donde se afirma que la Mesa debe limitarse a verificar que la motivación aportada por el Gobierno no es manifiestamente infundada, pero en ningún caso le corresponde establecer un control parlamentario de naturaleza política, pues el veto se configura como una potestad que la Constitución le otorga exclusivamente al Ejecutivo. Por tanto, la decisión de la Mesa ha vulnerado el ejercicio de una atribución constitucional que corresponde al Gobierno.