Durante esta semana la actualidad política nacional ha estado marcada por una palabra que no es habitual escuchar de labios de los políticos: dimisión, y es que el apego a la poltrona provoca que muchos de los responsables no tengan la menor intención de asumir responsabilidades, sea cual sea el asunto. Por suerte, en esta semana la tendencia se invirtió y abandonaron sus cargos, entre otros, el vicealcalde de Madrid, el número dos de Interior, o el Responsable de Recursos Humanos de Alcalá.

En cuanto al primero, Villanueva se iba dos meses después de la tragedia del Madrid Arena, y lo hacía, según explicaba, para intentar parar un fuego que sigue amenazando a Ana Botella. Villanueva se marchaba días después de que España entera se estremeciera al escuchar la desidia con la que desde el 112 se contestaba a la llamada de una de las amigas de Belén Langdom. Las informaciones aparecidas en torno al asunto no hicieron otra cosa que reavivar un fuego que el Ayuntamiento de Madrid ya había dado por extinguido. Sin embargo, la salida de Villanueva servía a Botella para remodelar por completo su Ejecutivo, creando la figura del Concejal Olímpico, y es que otra de las noticias de esta semana fue la presentación oficial del dossier con el que la capital luchará por convertirse en anfitriona de los Juegos 2020. La candidatura, presentada al COI, y luego a la prensa, establece, entre otras muchas cosas, que el coste íntegro de la organización de los Juegos saldrá de patrocinadores, limitándose la participación pública a la construcción de las pocas infraestructuras que quedan por hacer.

La salida de Villanueva, no obstante, también tenía repercusión en la Zona Este, ya que el Concejal de Hacienda de Coslada, Emilio García Grande, se convertía en el nuevo Coordinador General de Seguridad y Emergencias, precisamente el cargo que deberá poner en marcha las nuevas regulaciones sobre seguridad para evitar un nuevo Madrid Arena. García Grande, así, dejaba una situación imposible en las cuentas de Coslada, para hacerse cargo de otra todavía peor, como es la situación del Ayuntamiento madrileño.

Precisamente sobre cuentas también se ha hablado durante esta semana: Montoro advertía que, si detecta que algún Ayuntamiento ha mentido en sus cifras de déficit para 2012, intervendrá los consistorios asumiendo, además, todas las competencias, una situación muy similar a la que se vivió en Marbella cuando gran parte de sus concejales acabaron imputados, y el Gobierno entregó el poder a una Junta Gestora. En materia económica, no obstante, no ha sido una mala semana: España rebajaba su prima de riesgo y colocaba deuda a un interés mucho más bajo que en otras ocasiones, al mismo tiempo que el FMI hablaba de empezar a modificar las exigencias para que el país cumpla con el objetivo de déficit. Eso sí, si los datos macroeconómicos son buenos, los del día a día no lo son en absoluto: Eurostat afirmaba que España ya ha superado, con creces, los seis millones de parados.

Volviendo a las dimisiones, el viernes Ignacio Ulloa abandonaba el puesto de secretario de Estado de seguridad, oficialmente, por motivos familiares. Pero lo cierto es que su salida se producía en un momento muy polémico dentro del Ministerio: la puesta en libertad de Alfon, el último detenido por el 14-N, más la querella interpuesta contra la delegada del Gobierno de Madrid, ha provocado otra guerra interna dentro del partido gobernante, una guerra que vivía otro capítulo en Galicia, donde la forma de actuar del partido dista mucho si el implicado en un escándalo es de una cuerda, como Baltar, o de otra, como Ángel Currás. Ulloa, más cercano a los planteamientos de Esperanza Aguirre, y de la corriente liberal del PP, es la última víctima tras el defenestramiento de Santiago Cervera.

La tercera dimisión de la semana llegaba desde Alcalá, donde se iba, y hoy mismo se hará efectivo, el máximo responsable de Recursos Humanos del Consistorio. Según el Ayuntamiento, Vázquez Barquero se marchaba a petición propia, pero en medio del escándalo de las contrataciones de personal de Patrimonio Alcalá en la Concejalía de Cultura. Y eso que, aparentemente, el asunto había quedado zanjado tras afirmar el Gobierno que contrataría a los trabajadores con contrato fijo, y nunca como funcionarios, ya que no tienen la habilitación. Sin embargo, la polémica continúa y llegará al Pleno de mañana, que puede dejar sin efecto la incorporación provocando un importante recorte de los fondos de la Concejalía.

La semana, no obstante, comenzaba, informativamente, en un tren: Rajoy, el Príncipe Felipe y Artur Mas coincidían en la inauguración del AVE, y lo hacían con una muy tensa conversación. Y es que el proyecto de Mas sigue adelante, a pesar de todo lo que se ha sabido durante esta semana sobre el partido al que representa: el cierre en falso del caso Pallerols, tras conseguir un acuerdo con la Fiscalía para no llegar a un juicio que Unió tendría muy difícil ganar, ha puesto en la picota a Durán i Lleida, al que todos los estamentos han pedido la dimisión. Y es que, el poder crea una dependencia que no es fácil romper, y si no que se lo digan a Berlusconi, que nos dejaba imágenes más propias de Sálvame que de una entrevista en su primera aparición como candidato a la presidencia italiana.

El Príncipe Felipe era la imagen de la Casa Real en una semana, otra, muy díficil para la monarquía española: el principal socio de Urdangarín, Diego Torres, comenzaba a filtrar unos polémicos mails que podrían demostrar una relación entre Corinna y Noos, relación que, según el propio Torres, podría acabar con la institución. La publicación, no obstante, no era el único escándalo en que se veía involucrada la Familia Real en los últimos días: Telecinco afirmaba que la Reina había pasado ocho días seguidos comprando en el Harrod´s de Londres, pasando, según los informadores, ocho horas seguidas cada día en el establecimiento, y, lo que es más grave, usando a sus escoltas como porteadores de las compras.

Y hablando de Reyes, en San Fernando la cabalgata no fue lo que se esperaba: el PSOE afirmaba al principio de la semana que se produjeron irregularidades, como que una carroza se averiase antes de salir, o que las asociaciones fueran obligadas a cambiar de carrozas en el último momento. Sin embargo, lo verdaderamente importante lo contaban las Peñas hace unos días: durante el transcurso se produjo un accidente que terminó con una chica en el Hospital, y que podría haber sido mucho más grave.

Noticia más agradable la que ofrecía el torrejonero Reyes Abades, que volvía a ser nominado a los Premios Goya, y por partida doble. Tanto Blancanieves como el Invasor lucharán por alzarse con el Goya a mejores Efectos Especiales, categoría en la que se enfrentarán al gran favorito Lo Imposible.

Por último, la actualidad regional pivota sobre dos ejes que se convertirán en el centro neurálgico de la política, al menos, hasta que se haga público el emplazamiento de Eurovegas, un anuncio que se prevé inminente: el euro por receta, y la liberalización educativa.

Sobre ambos asuntos la oposición ya que se ha pronunciado, por supuesto, en contra. Sin embargo, en el segundo asunto tienen pocas posibilidades de hacer sangre. Y es que la libertad educativa, al igual que la sanitaria aprobada hace ya unos años, o la comercial, puesta en marcha hace unos meses, suponen un importante respaldo electoral para el partido que se atreve a ponerlas en marcha, y oponerse a ello solo resta credibilidad a quien lo hace.

Asunto distinto es el euro por receta, medida muy impopular que puede convertirse en el nuevo caballo de batalla política, y eso a pesar de las reticencias de Ferraz. Tomás Gómez lanzaba un auténtico órdago a Rubalcaba afirmando que presentaría un recurso de inconstitucionalidad con o sin el apoyo del PSOE, desatando una guerra abierta con la Ejecutiva Federal. Al final de la semana, no obstante, Tomás ganaba la guerra, y conseguía que un representante del partido nacional le acompañase en la presentación del recurso. Así, Gómez ha ganado otra batalla en su guerra con Rubalcaba, mientras que el líder nacional, que ya ha afirmado que convocará las primarias cuando él mismo decida, se va quedando cada vez más solo.

Rajoy también presentaba su recurso contra el euro por receta, si bien la poca consistencia de los argumentos utilizados augura que el Constitucional no va a aceptarlo, y es que, sabiendo que la medida madrileña choca directamente con la parte orgánica de la Constitución, Rajoy ha preferido pedir que se compruebe sólo si es compatible con el artículo 149, incluido en la parte dogmática, y que establece que los precios de medicamentos son competencia estatal. El recurso está perdido de antemano pues la propia Ley madrileña afirma que no se modifica el precio del medicamento, sino que se establece una tasa por la prestación de un servicio. Más polémico sería, por ejemplo, el encaje de la regulación con el Artículo 31 (sistema tributario progresivo); 41 (seguridad social pública); o 43 (protección de la salud) e la Constitución.