Se acusa al Ministro de un delito de homicidio imprudente

La Audiencia Nacional de España ha iniciado diligencias previas en relación con el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz, Córdoba, el 18 de enero, donde fallecieron 45 personas y más de un centenar resultaron heridas. Este proceso se ha puesto en marcha tras una denuncia presentada por la asociación Libertad y Justicia, que acusa al ministro de Transportes, Óscar Puente, de homicidio imprudente.

La denuncia fue presentada por la Asociación Libertad y Justicia, y llevó al juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional a abrir diligencias previas. La denuncia se centra en la responsabilidad del ministro de Transportes, Óscar Puente, en el contexto del accidente.

El juez ha decidido remitir la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional para que evalúe si este órgano es competente para llevar a cabo una investigación sobre el caso. La Fiscalía deberá emitir un informe que determine si la denuncia debe ser aceptada y si se debe proceder con la apertura de una investigación formal. Es importante señalar que, dado su cargo, Óscar Puente está aforado, lo que significa que, en caso de ser investigado, el procedimiento debería llevarse a cabo en el Tribunal Supremo.

El accidente ferroviario en Adamuz ha sido uno de los más trágicos en la historia reciente de España, con un saldo devastador de 45 muertos y más de 100 heridos. Este incidente ha generado una gran preocupación y ha llevado a múltiples reacciones tanto a nivel social como político.

Un juzgado de Montoro, Córdoba, ha asumido la responsabilidad de investigar el accidente. Este juzgado será reforzado para manejar la carga de trabajo adicional que implica la investigación. En este proceso, participarán tres fiscales que se encargarán de analizar las denuncias presentadas por los afectados, así como las peticiones de personación de diversos partidos y entidades sociales.

El ministro de Transportes, Oscar Puente, se presentó ante los medios de comunicación tras la reunión del Consejo de Ministros, mostrando una actitud defensiva ante las críticas y exigencias de explicaciones sobre las contradicciones en sus declaraciones y las de la Comisión de Accidentes Ferroviarios (CIAF).

Puente expresó su sorpresa ante las afirmaciones de Ignacio Barrón, presidente de la CIAF, quien indicó que se solicitarían explicaciones sobre la renovación parcial de las vías de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. A pesar de que el ministro había sostenido durante una semana que la renovación de la vía era total, ahora se enfrenta a cuestionamientos sobre la veracidad de sus afirmaciones.

El ministro se negó a entrar en un debate público con Barrón, argumentando que no es un tema que debería ser objeto de discusión pública. Puente consideró que la cuestión de la renovación de los tramos de vía es "irrelevante" desde la perspectiva de la seguridad, enfatizando que no ha tenido "ninguna incidencia" en las causas del accidente en cuestión.

Puente aclaró que el término "renovación integral" se refiere a la renovación de la línea de extremo a extremo, pero esto no implica que todos los elementos de la vía sean reemplazados. La renovación depende del estado de las vías y se realiza en función de su condición. El ministro detalló que se han llevado a cabo 88 procesos de contratación para la renovación de la línea Madrid-Sevilla, los cuales son públicos y accesibles en la web del gestor ferroviario, Adif.

El ministro defendió la práctica de soldar carriles de distintas épocas, afirmando que es una actividad común en todas las vías de Europa y que no debería causar sorpresa. En otro tema, el gobierno aprobó un decreto que adelanta indemnizaciones de 201.000 euros por cada fallecido en el accidente de Adamuz y Gelida, así como ayudas económicas para los familiares de las víctimas.

De los 20 millones de euros destinados a este fin, la mitad se destinará a ayudas directas y la otra mitad a anticipos de seguros. En concreto, cada familia recibirá 72.000 euros en ayudas directas y otros 72.000 en anticipos, todos los pagos estarán libres de impuestos.

Recientemente, varios afectados del accidente de tren ocurrido en Adamuz, en la provincia de Huelva, han comenzado a organizarse para formar una plataforma de apoyo. El objetivo de esta iniciativa es proporcionar respaldo mutuo entre las víctimas y establecer un “escudo legal” que les permita afrontar las consecuencias del trágico suceso.