Por delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha propuesto llevar a juicio al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. Esta decisión se enmarca en una investigación sobre contratos irregulares relacionados con la adquisición de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.

El juez ha emitido un auto de pase a procedimiento abreviado, que es un paso hacia el procesamiento formal, por presuntos delitos que incluyen cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. Este auto se fundamenta en un análisis exhaustivo de 47 páginas que detalla los indicios de delito en contra de los tres investigados.

El juez señala que existe un "concierto de voluntades" entre los investigados, quienes, aprovechando la posición de Ábalos en el Gobierno, acordaron favorecer la contratación pública de empresas propuestas por Aldama a cambio de beneficios económicos. Este esquema delictivo se centra en la obtención de contratos para la provisión de mascarillas.

En marzo de 2020, Aldama, utilizando "información previa y privilegiada", logró que su empresa, Soluciones de Gestión, obtuviera un contrato para suministrar 8 millones de mascarillas a Puertos del Estado y 5 millones a Adif. El juez considera que los indicios de que Ábalos y Koldo recibieron comisiones por estas operaciones son "robustos".

Se ha documentado que Aldama pagó 10.000 euros mensuales a Koldo García desde octubre de 2019 hasta, al menos, 2021. Estos pagos, en ocasiones, se realizaron en presencia de Ábalos. En situaciones donde no había efectivo disponible, los pagos se llevaron a cabo en República Dominicana, donde el hermano de Koldo, Joseba García, se trasladó para recoger dinero en efectivo.

Para asegurar el pago de las comisiones, Aldama firmó un contrato de alquiler de un piso en Madrid a un precio mucho más bajo que el del mercado, que nunca fue habitado por Ábalos. Además, se hizo cargo de gastos personales del exministro, como el alquiler de un piso para su expareja, Jessica Rodríguez, y promovió su contratación en empresas públicas sin que ella cumpliera con los requisitos necesarios.

Ábalos utilizó su influencia para facilitar la contratación de Jessica Rodríguez y Claudia Montes en empresas públicas, en este último caso, ella sí trabajó durante su contrato. El juez sugiere que Ábalos pudo haber favorecido a Air Europa al emitir una nota de prensa que respaldaba su solicitud de financiación pública. A cambio, disfrutó de un chalet en Marbella, cuyo alquiler fue pagado por la esposa de Koldo García con fondos de Aldama.

Koldo García, con el conocimiento de Ábalos, facilitó reuniones entre socios de Aldama y funcionarios del Gobierno con el fin de obtener licencias de hidrocarburos para Villafuel. Esto incluyó la adquisición de un chalet en Cádiz, que Ábalos utilizó sin pagar la totalidad del alquiler. El asesor de Ábalos también influyó para que Aldama se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda, con el objetivo de aplazar la deuda tributaria de una de sus empresas, lo cual se logró.

Se ha señalado que Aldama y su entorno pudieron moverse libremente durante las restricciones de la pandemia gracias a salvoconductos que fueron gestionados por la secretaria personal de Ábalos, con su conocimiento.