Vecinos de Aranjuez, Ciempozuelos y Seseña presentan alegaciones contra un proyecto que hoy mismo intentará tirar el Pleno de Titulcia

El Ayuntamiento de Titulcia celebra este lunes 19 de octubre a las 18:00 horas en el Salón de Actos un pleno extraordinario con un objetivo claro: aprobar una declaración institucional de oposición al proyecto de incineradora de residuos promovido por PreZero en el municipio. La convocatoria confirma el giro político del consistorio, que hasta ahora negociaba con la empresa compensaciones que incluían luz gratuita para residentes y comercios, contratación de vecinos y un centro de bienestar con gimnasio, spa y piscina.

El cambio de posición se produce después de semanas de movilizaciones vecinales en Titulcia, Ciempozuelos, Aranjuez y el Barrio de la Montaña, a las que se han sumado los municipios de Seseña y, en las últimas horas, colectivos de Aranjuez. La plataforma Ecologistas del Tajuña, integrada en la Plataforma Ecologista Madrileña, ha anunciado alegaciones al proyecto, y Ciudadanos por Ciempozuelos ha exigido a su alcaldesa una reunión urgente de todos los grupos políticos para coordinar la oposición.

El PSOE de Aranjuez ha hecho público un comunicado en el que se posiciona contra la macroincineradora y exige al alcalde de la localidad, Miguel Gómez, que acompañe las alegaciones que la formación presentará ante la Comunidad de Madrid. El texto, difundido con el lema "Aranjuez en alerta roja", denuncia que el proyecto responde a un modelo territorial que reserva "la riqueza para el norte" y "los residuos para el sur". "Si no era suficiente con la planta fotovoltaica, ahora quieren instalar en Titulcia una macroincineradora que quemaría más de 300.000 toneladas de residuos al año, con consecuencias graves para nuestro aire y nuestra salud", señala el comunicado.

La posición del PSOE de Aranjuez introduce un nuevo elemento de tensión en el conflicto, porque el Ayuntamiento de Titulcia, gobernado también por el PSOE, venía negociando con la empresa promotora. Con este movimiento, los socialistas ribereños se suman a los colectivos vecinales del Barrio de la Montaña, a Ciudadanos por Ciempozuelos, a Más Seseña y a los Ecologistas del Tajuña, que han anunciado alegaciones al proyecto. La oposición a la incineradora cruza ya el eje político y territorial: municipios gobernados por el PP, por el PSOE y por formaciones locales coinciden en el rechazo a una instalación que consideran incompatible con la protección del entorno del Jarama y con la salud de la comarca.

La asociación vecinal del Barrio de la Montaña, en Aranjuez, ha difundido un análisis técnico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto en el que cuestiona que la evaluación no mida de forma específica el impacto que la instalación tendría sobre las zonas residenciales del barrio. El documento identifica cinco limitaciones principales: el alcance de los modelos de dispersión, que emplean dominios de 8 × 8 y 10 × 10 kilómetros y no presentan una evaluación individualizada de las concentraciones que podrían alcanzar el Barrio de la Montaña; la ausencia de una evaluación sanitaria específica de los menores, ya que el estudio de salud utiliza parámetros de exposición de adultos de 70 kilogramos; la falta de evaluación de determinadas vías de exposición a contaminantes, como la ingestión de suelo o el contacto dérmico; la necesidad de justificar los escenarios de emisiones; y el alcance de los impactos acumulativos.

El informe concluye que los estudios aportados por el promotor sostienen que las emisiones previstas estarán muy por debajo de los límites legales. "No obstante, esos resultados no acreditan de manera específica cuál sería la exposición de los vecinos del Barrio de la Montaña, ni caracterizan de forma diferenciada la situación de los niños y otros colectivos vulnerables", señalan los vecinos.

Ciudadanos por Ciempozuelos ha manifestado su "total oposición" a la instalación de la planta por "los problemas de salud y medioambientales que se han producido en situaciones similares" y, "sobre todo, por la cercanía de nuestro municipio". El colectivo exige a la alcaldesa de Ciempozuelos "la urgente convocatoria de todos los grupos políticos y movimientos sociales del municipio, para juntos coordinar cuántas acciones comunes podamos poner en marcha" y plantea una estrategia en dos fases: "Primero desde un punto de vista jurídico y después desde la manifestación social, presentar nuestra rotunda oposición a la instalación de la citada planta incineradora".

Más Seseña. Vecinos por Seseña ha presentado sus propias alegaciones contra el proyecto y ha registrado una proposición para que el Ayuntamiento de Seseña presente también las suyas. El colectivo advierte de que Vallegrande estaría a unos 6,5 kilómetros de la planta y denuncia que el entorno "ya convive con actividades industriales como graveras, una fábrica de asfalto y un lavadero de cisternas, que generan emisiones y molestias denunciadas por los vecinos". Por eso, reclama que antes de autorizar una nueva instalación "hay que estudiar sus posibles efectos sobre la salud, la calidad del aire y el impacto acumulado de todas estas actividades".

El proyecto, promovido por una unión temporal de empresas formada por Prezero (del grupo alemán Schwarz, propietario de Lidl) y Veolia, prevé una capacidad de incineración de 300.000 toneladas anuales, dos hornos de 53,7 MW térmicos cada uno y una chimenea de 70 metros de altura. La planta se ubicaría a 1,5 kilómetros del casco urbano de Titulcia y junto a zonas protegidas como la ZEC "Vegas, Cuestas y Páramos del Sureste" y la ZEPA de los "Cortados y Cantiles de los ríos Jarama y Manzanares". Estaría a unos dos kilómetros de la Laguna de San Juan, un refugio de fauna silvestre. Si sale adelante, sería la planta de incineración número 12 en España.

El pasado 9 de octubre, la Dirección General de Transición Energética y Economía Circular de la Comunidad de Madrid publicó la resolución que abre el periodo de información pública y el plazo de alegaciones antes de decidir sobre la autorización ambiental. El pleno del lunes será la primera vez que el Ayuntamiento de Titulcia adopte una posición formal sobre el proyecto.