El Camino Real, las viviendas de Somorrostro, la Plaza de España y el CD San Fernando también fueron puntos del Orden del Día

Antiguamente el Pleno de Julio en San Fernando era conocido como el “Pleno escoba”, ya que servía para tratar asuntos que habían quedado pendientes durante sesiones anteriores, pero en esta ocasión de escoba tuvo poco: todos los asuntos polémicos que rodean San Fernando salieron a relucir en un larguísimo Pleno de cuatro horas y media que terminaba con la decisión plenaria de “depurar responsabilidades” en dos asuntos de actualidad.

Y es que si parecía que el mayor problema al que se iba a enfrentar el Ayuntamiento sanfernandino durante esta legislatura era Plaza de España, acaba de estallar otro que puede suponer un quebranto para las arcas municipales al menos del mismo nivel que la Plaza: Casa de Campo San Fernando.

El Pleno votaba el asunto que quedó sobre la mesa hace un mes, es decir, aprobar el allanamiento en los tres procesos judiciales abiertos por los propietarios del 75% de la zona donde se iba a construir la zona de ocio; un allanamiento que consiste en que el Ayuntamiento no se opondrá a las pretensiones de los tres propietarios, para evitar mayores quebrantos económicos. No obstante, la versión oficial es totalmente distinta: “La ratificación del allanamiento en el proceso no significa en ningún caso que se rechace, o que no se realice finalmente el proyecto, sino que se estudia seguir adelante de otra forma, ante la imposibilidad de alcanzar acuerdos con estos propietarios mayoritarios sin costes para el Ayuntamiento. La comisión informativa de Urbanismo en el consistorio seguirá trabajando en este asunto”, afirmaban desde el Consistorio.

Sin embargo, tan sólo diez días antes del Pleno, la situación entraba en una nueva fase, al conocerse la primera sentencia judicial sobre el asunto, una sentencia que, además de aceptar las pretensiones económicas del demandante, declaraba nulo de pleno derecho el acuerdo plenario que permitió iniciar la expropiación,con lo que, según la oposición, peligra hasta el acuerdo inicial con AENA.

Eusebio González iba más allá, y cifraba “entre treinta y cuarenta millones de euros en el mejor de los casos” el coste para las arcas municipales de la operación Casa de Campo. El Gobierno, por su parte, pedía tranquilidad a los partidos opositores, afirmando que sólo es una sentencia, y que aún quedan otras dos por salir antes de declarar nulo el acuerdo plenario.

Las razones de esa anulación hay que encontrarlas en la caducidad de las actuaciones, ya que, según explicaba el portavoz del PP, “nunca se llevó a Pleno el Plan de Impacto Medioambiental”. Ante semejante bomba de relojería, un Gobierno Local mucho más nervioso de lo habitual cargaba contra el PSOE recordando que los socialistas formaban parte del Gobierno cuando se dio luz verde al macroproyecto.

El PSOE, a través de Javier Corpa, decidió presentar por vía de urgencia una moción en la que el Pleno recuperaba su labor ejecutiva iniciando la depuración de responsabilidades “políticas y patrimoniales” de los implicados en la gestión del expediente.

Precisamente este cambio en las reglas del juego sentó fatal al portavoz de IU, que no dudó en desvelar la existencia de un pacto tácito con el PSOE por el que éste partido se comprometía a presentar sólo mociones vacías de contenido real en los plenos, permitiendo gobernar a IU con su abstención.

Y es que, a diferencia de lo que ocurre en los municipios en que funciona la Ley de Grandes Ciudades, como Alcalá o Torrejón, en el resto de municipios el órgano de Gobierno es el Pleno Municipal, único con capacidad ejecutiva, y del cual el alcalde no es mas que un “primus inter pares”. Por eso, recuperando sus atribuciones legales, el PSOE planteaba, y el Pleno votaba la “depuración de responsabilidades” en Casa de Campo y otro asunto que aparecía en el último Pleno Extraordinario y que seguirá dando de qué hablar: la existencia de una deuda de casi un millón de euros por sentencias perdidas desde hace, según el PSOE, “casi quince años”. Precisamente este argumento servía a los socialistas para exigir al Gobierno una relación de sentencias y recursos de los últimos quince años, para comprobar si es cierto, como afirmaba el concejal de Hacienda, que se habían ganado más recursos de los perdidos.

En cualquier caso, y con los ánimos muy crispados (el portavoz de IU llegó a hacer un desafortunado comentario tras una intervención de Javier Corpa: “Las alucinaciones son producto de la toma de productos alucinógenos”, por la que el socialista llegó a pedirle la dimisión si no la retiraba. Blanco no lo hizo, aunque afirmó que era una “reflexión personal” y se había malinterpretado), se votaba, y se aprobaba la depuración de responsabilidades en ambos casos, gracias a los votos de PSOE y PP, y con el voto en contra de IU. El allanamiento salía adelante con la abstención de la oposición y el voto positivo del equipo de Gobierno.

El PSOE lo explicaba así en su valoración del Pleno: “El último pleno del curso político, fue más bronco de lo habitual ya que el Equipo de Gobierno de IU intentó por todos los medios parar dos mociones del PSOE que exigían depurar responsabilidades sobre dos temas que han surgido en los últimos meses y suponen un gran prejuicio económico para este Ayuntamiento que vamos a tener que pagar todos los vecinos y vecinas. Una de las mociones tenía que ver con las sentencias que han aparecido y que los cargos de confianza de IU han tenido en los cajones en alguno de los casos durante más de 15 años. Dichas sentencias han supuesto grandes intereses, el montante de estas sentencias que fueron llevadas al pleno del pasado 27 de junio por parte del Equipo de Gobierno (IU) asciende a 852.951,33 €. Con la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, se pretenden depurar las responsabilidades de aquellas personas que hayan podido, con sus decisiones, causar algún daño y/o perjuicio a los intereses municipales. Otra de las mociones y en el mismo sentido que la anterior tenía que ver con el convenio con AENA y la expropiación de la zona norte del Parque Regional del Sureste, donde tres entidades propietarias de suelo, presentaron demandas contra el Ayuntamiento, alegando entre otras cuestiones, caducidad del expediente de expropiación. El allanamiento significa que el Ayuntamiento, se conforma con las demandas interpuestas por dichas entidades y por lo tanto suponían un perjuicio para los intereses municipales. Si no se hubiera llegado al allanamiento, las consecuencias económicas derivadas de dichas demandas serian aun peores”.

Para Javier Corpa, Portavoz del Grupo Municipal Socialista: “las mociones están orientadas a pedir responsabilidades por las facturas dejadas en los cajones durante años, generando un importe elevadísimo en intereses que ahora tenemos que pagar todos los vecinos y vecinas; además del mal gestionado convenio con AENA que supone, también, un perjuicio económico para nuestro municipio. Llevamos mucho tiempo denunciando la mala gestión de concejales y cargos de confianza de IU, estas últimas cesadas por el actual Alcalde y es nuestra obligación pedir que se depuren responsabilidades de quienes han gestionado dichos procesos. La consecuencia más directa de esta pésima gestión es el aumento a los vecinos/as de los impuestos, por parte del Gobierno de IU”.

A pesar de ser el detonante de un cambio de tablero de juego con consecuencias difíciles de predecir, Casa de Campo no fue el único asunto polémico que visitó el Pleno municipal de julio. Ambos partidos de la oposición preguntaron al Gobierno por la presentación de una denuncia a cargo de la empresa encargada de la gestión del Camino Real, si bien no consiguieron respuesta.

La primera gran trifulca política se producía en una modificación de créditos que suponía un recorte de 165.000 euros de la partida de bienestar social. El candidato popular recriminaba al alcalde ese recorte, justo tras recordar que llega después de la “campaña publicitaria” para eliminar los toros para ampliar el dinero de gasto social. Según explicaba el Gobierno, la razón del recorte es, simplemente, que la Comunidad de Madrid no va a recortar en esa cantidad el programa de teleasistencia, por lo que el dinero puede destinarse a otras cosas.

Por otra parte, el Pleno daba luz verde al pago necesario para la retirada del cable de alta tensión que impide continuar las obras de la UG5, al final de Somorrostro. Eso sí, un pago que se ponía en duda por parte del portavoz popular, y en el que no se ponían de acuerdo los propios concejales de IU: Eusebio González preguntaba si había liquidez suficiente para afrontar el pago, a lo que el portavoz del Gobierno afirmaba que sí; y el concejal de Hacienda, que había un crédito concedido. El alcalde era el encargado de terciar afirmando que “cuando pasen la factura se realizará una transferencia”.

Otro asunto polémico llegaba al Pleno en forma de acuerdo. El Gobierno local decidía remunicipalizar parte de la limpieza del Estadio Municipal, que hasta ahora gestionaba el Club Deportivo San Fernando. Los concejales de la oposición preguntaban los motivos de una decisión que supondrá una importante merma en la financiación del Club de fútbol.

También el Pleno debatía, y aprobaba, con la abstención del PSOE, el asunto que ha llenado de pegatinas gran parte del municipio durante los últimos meses: el nuevo convenio colectivo que regirá los contratos de trabajadores municipales y funcionarios, y un convenio que se firmaba con un alto grado de disenso, ya que tan sólo CCOO apoyaba con su firma el texto presentado. Dos convenios colectivos que, según el Ayuntamiento, son “textos de eficacia general en vigor para personal laboral y funcionarios/as, lo que garantiza el normal funcionamiento en la administración local y la normalidad en las relaciones entre trabajadores y sus representantes con el equipo de Gobierno”.

También el Pleno aprobó por unanimidad instar la tramitación de la exención del impuesto de Plusvalías a aquellos vecinos/as que han sufrido la pérdida de su casa por un desahucio. Se dará refrendo legal en las ordenanzas a algo que ya se venía realizando en los casos en que se solicitaba. “No es lógico perder el domicilio en un desahucio y además tener que enfrentarse a un impuesto por dejar ese piso”, según se explicó en el Pleno. Eso sí, el acuerdo llega con letra pequeña, ya que el Gobierno Local decidió vaciar de contenido ejecutivo la norma presentada por el PP local, para dejarlo en una petición al Gobierno para la toma en consideración, pero dejando en sus manos la decisión final sobre su aplicación o no.

Los/as corporativos/as además aprobaron por unanimidad instar a la Comunidad de Madrid para que se mantenga los servicios del Centro de Día de San Fernando, que gestiona la propia Comunidad, al menos en las mismas condiciones que estaban antes de realizarse el cambio de gestión de este centro. Se realizará un seguimiento del servicio que se ofrece a los mayores de San Fernando que acuden a este centro de Día, afectados mayoritariamente de alzheimer y otras enfermedades mentales. El Pleno pide también la implicación de los familiares de los usuarios/as en la información y reuniones con la dirección del centro.

Y tal y como se había anunciado, el Pleno decidió la inclusión del municipio en la Red Estatal de Ciudades Participativas Más de 40 entidades locales componen esta estructura que propone fomentar la democracia directa en las ciudades. Municipios de toda España que destacan por sus políticas en la apertura de decisiones municipales a la participación ciudadana y de colectivos. En San Fernando ya funciona con éxito el Consejo Consultivo de Entidades Ciudadanas, el Foro Ciudadano con vecinos/as elegidos aleatoriamente, el Foro Joven, la Mesa por la Participación Adolescente y otros consejos sectoriales. Con su adhesión a la Red Estatal, se reconoce también el trabajo histórico en la participación ciudadana de la localidad y se asumen como propios los objetivos de la Red.

Por otro lado el Pleno aprobó una moción denunciando el “negocio redondo que ha supuesto para los bancos la financiación pública desde el Estado que han recibido a un interés del 1%, mientras que esos mismos bancos están financiando, por ejemplo, el Plan de Pago a Proveedores en los Ayuntamientos con intereses del 5’5%”. Precisamente del Plan de Pago también se habló en la sesión, ya que, un día después de la celebración, terminaba el plazo para la remisión de las facturas no contabilizadas para los más de 500 ayuntamientos que optan a participar en el nuevo Plan de Pago a proveedores, un Plan que supondrá condiciones muy duras para las arcas municipales de los Consistorios que opten al rescate.

También el Pleno se adhirió al convenio con el Registro de la Propiedad que permite mejorar la comunicación de incidencias, notificaciones e intercambio de información entre los organismos; e incluso se aprobó el visto bueno a la adhesión a la Mancomunidad de residuos del Este de las localidades de Valdeavero y Fresno de Torote.