En San Fernando, Arganda, San Martín de la Vega y Ciempozuelos

"Seis empresas del sector minero mantienen instalaciones ilegales en el Parque Regional del Sureste con el conocimiento de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio". Así lo han podido comprobar los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, que estudian acciones legales.

"Durante las recientes visitas realizadas para actualizar el informe “Explotaciones de áridos en suelos incompatibles en el Parque Regional del Sureste”, se ha podido constatar la existencia de seis instalaciones en suelos no autorizados por la normativa del Parque. La situación es más grave, si cabe, si se tiene en cuenta que ya fue denunciada en 2010. En este tiempo la Administración Regional ha seguido permitiendo que 6 empresas del sector minero prosigan haciendo negocio a costa del deterioro de un espacio protegido y de la conservación de la ribera del Jarama. Estas 6 instalaciones vienen a infringir distintos aspectos de la normativa ambiental del Parque del Sureste por situar sus instalaciones o su actividad en los lugares de mayor valor ambiental (zonas A, de reserva integral; y zonas B, de reserva natural)", explican.

Las explotaciones localizadas se sitúan a lo largo de todo el tramo bajo del Jarama, desde el límite más al norte del Parque hasta la zona sur, en Ciempozuelos. Éstas son: Aladueña y Peñalver (en San Fernando de Henares), Tramsa (en Arganda del Rey), Maresa (en San Martín de la Vega), Ampliación de Aricusa, Gravera del Jarama y Los Tranzones (en Ciempozuelos).

"La normativa del Parque del Sureste (Ley 6/94 y el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales -PORN-) establece que no pueden existir explotaciones de áridos en las aludidas zonas A y zonas B. Al aprobarse la Ley del Parque en 1994 se daba la circunstancia que existían varias explotaciones en suelos incompatibles y, por tanto establecía que debían ser trasladas al aprobarse el PORN. El PORN (aprobado en 1999, con cuatro años de retraso) les daba un plazo de 5 años para que pusieran fin a su actividad; es decir, desde marzo de 2004 no debería existir actividad minera en estos suelos", informan los ecologistas.

"Por otro lado la normativa, a fin de dar más protección a los lugares de mayor valor ambiental, prevé unos márgenes de amortiguación de 100 metros respecto a las zonas de reserva integral y de 50 metros respecto a las zonas de reserva natural, en los cuales queda prohibida la actividad minera. En los seis casos se incumple esta franja de protección. En las zonas ocupadas por todas las explotaciones, se ha visto reducido a cero el bosque de ribera, ya sea producido por la acción extractiva, el tráfico intenso de camiones, el acopio de materiales y/o la presencia de diversas instalaciones (plantas de tratamiento, naves, aparcamientos...). Algunas de estas explotaciones arrastran un largo historial de denuncias y sanciones. Especialmente llamativo es el caso de Gravera del Jarama, en Ciempozuelos. Ha sido sancionada por la Confederación Hidrográfica del Tajo en numerosas ocasiones por extraer materiales en zonas no autorizadas, en la mayor parte de los casos con cantidades ridículas para el daño ocasionado. Así, en 1999 fue sancionada con 50.000 pesetas o en 2007 con unos igualmente exiguos 240 euros por extraer 9.000 m3 de material. Si duda sale muy rentable violar la normativa ambiental en el Parque Regional del Sureste. Únicamente, en el mismo 2007 le fue impuesta una sanción de 6.000 euros por extraer por debajo del nivel freático y alumbrar nuevas láminas de agua. Otro caso llamativo es el de Ampliación de Aricusa, de la empresa Aridenca SL, la cual ha tenido abiertos expedientes sancionadores en, al menos, 2002 y 2007 por extraer en zonas no autorizadas; y desde 2010 tiene abierto expediente por incumplimiento de los planes de restauración aprobados. Los colectivos ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo, ante la pasividad y tolerancia de la Administración Regional estudian posibles acciones legales contra la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio", explican.