El Consistorio incumplió la regla de gasto al gastar veinte millones más que en 2017

Hasta ahora sabíamos que Torrejón había optado por poner en marcha un Plan Económico Financiero que reconduzca la situación económica, pero no conocíamos la magnitud real del problema. Y eso mismo es lo que desvela el PSOE en su resumen del Pleno de la semana pasada. Según el partido, Torrejón, terminó 2018, año preelectoral, con una desviación de casi dieciséis millones de euros sobre el techo de gasto fijado por el Ministerio.

"Ninguna de las sorprendentes medidas que el nuevo gobierno de Torrejón está aprobando en este inicio de legislatura venían reflejadas en el programa del recién elegido alcalde, Ignacio Vázquez del Partido Popular que se autodefine como “Nacho” de la “Plataforma Ciudadana Nos Gusta Torrejón”. Días después de aprobar una descomunal subida de gasto en sueldos (2,3 millones de euros) para miembros del Partido Popular como consecuencia del aumento de cargos del nuevo gobierno, el martes convocaba un Pleno Extraordinario Urgente, en el que el Partido Popular aprobaba una medida a través de la cual se unifican los préstamos correspondientes a los Reales Decretos de Pago a Proveedores de los años 2012 y 2013, de los que apenas se ha amortizado capital en estos años tras los repetidos aplazamientos del inicio del pago de la deuda, quedando pendiente más de 91 millones de euros", explican.

"La consecuencia directa de la aplicación de esta medida es que el inicio del pago de capital, que estaba previsto para el próximo año 2020, se vuelve a aplazar hasta junio del año 2022 como mínimo, es decir, 10 años después del primer rescate del Ministerio de Hacienda del año 2012, y se pagará esa deuda por los siguientes 20 años, hasta el año 2042. Por tanto, se prorroga el periodo de carencia en el que no se amortiza capital del préstamo pero sí se pagan intereses. Esta medida surgida tras el acuerdo de la sesión celebrada el 14 de marzo por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, se aplica a “ayuntamientos en situación de riesgo financiero”. Es altamente sorprendente que un municipio en situación de riesgo financiero, que aplaza el pago de su deuda para obtener liquidez y que, por otro lado, suspende los consejos de participación ciudadana, como el Consejo de Mayores, el Consejo de Mujer o los Consejos de Barrio por “cuestiones de austeridad, hasta que mejore la situación económica”, apruebe una subida del gasto en salarios para el Partido Popular de más de 2,3 millones de euros en esta legislatura", cuenta el PSOE.

"El Orden del Día del Pleno constataba la grave situación económica que arrastra el ayuntamiento de Torrejón tras 12 años de gobiernos del Partido Popular. Se volvían a reconocer facturas sin pagar correspondientes a años anteriores, esta vez por valor de 3,7 millones de euros y por otro lado tenían que aprobar un nuevo Plan Económico Financiero tras sobrepasar el techo de gasto en el año 2018 en la alarmante cantidad de 15 millones de euros. Además el PSOE advertía que solicitaría la anulación de la convocatoria de este pleno por una posible falta de legalidad en la misma, aludiendo al Artículo 79 del Real Decreto 2568/1986, que regula las sesiones extraordinarias urgentes, y que especifica que los asuntos a tratar deben ser aquellos que “no permiten convocar la sesión extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local.”, prosigue el partido.

"El hecho de que ninguno de los asuntos responde a esa urgencia, con el agravante de haber convocado la Comisión Informativa preceptiva de Hacienda para los asuntos del pleno a las 9:00 de la mañana, tan solo 1 hora antes de la celebración del pleno y con el condicionante de haber convocado entre medias a todos los concejales/as las 9:30 a una junta general de la EMVS, son motivos más que suficientes para solicitar la nulidad de la convocatoria", afirman.

En palabras del portavoz del grupo municipal socialista de Torrejón, Javier Castillo: “Suponemos que los votantes de Ignacio Vázquez, no estarán contentos con sus primeras decisiones, retrasar el inicio del pago de la deuda para que otros paguen las consecuencias de su política megalómana y recortar los derechos de participación a los vecinos y vecinas mientras incrementa en más de 2 millones de euros los sueldos para los miembros del Partido Popular, son cuestiones que no estaban en su programa electoral, si bien a nosotros no nos sorprende en absoluto, el hecho de que sigan apareciendo facturas millonarias sin pagar de años anteriores y se sobrepase en 15 millones de euros el techo de gasto fijado por el Ministerio de Hacienda, si nos preocupa profundamente, esperemos que el ayuntamiento algún día regrese a la senda de la cordura y deje de hipotecar y lastrar el futuro de las próximas generaciones de nuestra ciudad ”

Para entender la gravedad del asunto, hay que saber qué es el techo de gasto. Cuando, en 2012, España modifica la Constitución para priorizar el pago de deuda sobre cualquier otra consideración, pone en marcha una serie de medidas para controlar el gasto en todas las Administraciones. Y en el caso de la Administración Local una de ellas es el techo de gasto. Básicamente significa que un Consistorio no puede, de un año a otro, superar en un porcentaje el gasto total a cierre del ejercicio. Es decir, si un año ha gastado cien millones y el techo de gasto está fijado en un 1,5%; al año siguiente sólo puede gastar 101.500.000 euros.

Este techo de gasto, que es una de las pocas medidas económicas que el Gobierno de España exige cumplir a rajatabla, es la razón por la que el Ayuntamiento de la capital ha estado bajo supervisión financiera durante dos años. Así, Montoro decidió intervenir las cuentas de 2017 del Ayuntamiento de Madrid tras constatar un incumplimiento del techo de gasto del año anterior. Cuando se detecta el incumplimiento, el Ministerio exige paralizar partidas presupuestarias hasta recuperar el equilibrio, pero el Consistorio de Carmena no lo cumplió por lo que las cuentas estuvieron intervenidas durante dos años, provocando la salida de Sánchez Mato de la Concejalía de Hacienda.

Y es que el Ministerio es tajante al respecto de lo que supone incumplir el techo de gasto: Así, además de obligar a la elaboración de un Plan Económico Financiero, el artículo 25 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria contempla el envío de una Comisión de Expertos al Ayuntamiento que "Podrá solicitar, y la Administración correspondiente estará obligada a facilitar, cualquier dato, información o antecedente respecto a las partidas de ingresos o gastos. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas y sus conclusiones se harán públicas en una semana".

En el caso del Ayuntamiento de Torrejón, los datos de la liquidación de 2018 no dejan lugar a dudas: si el Consistorio podría haber aumentado los gastos algo menos de dos millones con respecto a los 71 millones con los que terminó en 2017 (para la regla de gasto no se contabilizan todos los gastos reales, pues se dejan fuera las inversiones, las enajenaciones o los gastos de años anteriores), lo hizo en casi veinte millones, de los que diez corresponden al Consistorio (ocho, mas los dos permitidos por la regla de gasto), y nueve y medio a la EMVS (siete y medio, mas los dos permitidos por la regla de gasto), gastos extraordinarios que hacen obligatoria la aprobación de un Plan Económico Financiero.