Da veinte días al Gobierno para que entregue toda la documentación

El Tribunal Supremo ha reclamado al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que remita el expediente administrativo del real decreto de regularización extraordinaria de migrantes "en el improrrogable plazo de 20 días". La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la asociación Hazte Oír, que solicitaba la suspensión cautelar del real decreto al considerar que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado".

El Tribunal Supremo ha desestimado la suspensión cautelar solicitada por Hazte Oír, que advertía de que la aplicación de la norma crearía "derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro". La asociación considera que la regularización produce efectos jurídicos "inmediatos", como la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo, el alta en la Seguridad Social, el acceso a prestaciones y la suspensión de órdenes de expulsión firmes.

Mientras tanto, el proceso de regularización ya está en marcha. Desde este jueves, los migrantes pueden solicitar cita previa para presentar su petición, y las colas se han visto en diversas ciudades españolas, con largas filas en consulados y embajadas para tramitar la documentación necesaria, como los certificados de antecedentes penales.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la presentación telemática de solicitudes va a "buen ritmo", aunque no ha especificado el número de peticiones ya presentadas. Saiz mantiene la estimación de 500.000 regularizaciones (250.000 solicitantes de asilo y 250.000 personas en situación irregular) y sostiene que "carecer de antecedentes penales ha sido, es y sigue siendo un requisito imprescindible".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó el proceso como "regularización histórica" y destacó su impacto en la vida de miles de personas que van a ver reconocidos sus derechos, en un encuentro con migrantes regularizados en procesos anteriores y organizaciones del sector.

Ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Madrid, Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y, en principio, Andalucía, que aún lo estudia) se preparan para recurrir el proceso ante el Tribunal Supremo. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP de usar la "hipocresía" por recurrir en todas las comunidades que gobierna y dejar al presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, al margen para no afectar a sus intereses electorales de cara a las elecciones del 17 de mayo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado de nuevo contra la ministra Saiz por no aclarar en sede parlamentaria el número de beneficiarios y ha avisado del "efecto llamada" que está produciendo "una regularización indiscriminada". Feijóo ha destacado que el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ha señalado que hay países que están "solicitando la suspensión del espacio Schengen" como consecuencia de esta regularización.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que el proceso va a "dar muchos problemas a la sociedad española", va a producir "efecto llamada", "drama en los mares, muerte, inseguridad en las calles", "colapso" en hospitales y en el mercado de la vivienda, y que "lo van a pagar los españoles".