Pretende hacerlo modificando el Articulo 43 para no tocar los Derechos Fundamentales y evitar el referéndum

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha realizado un anuncio significativo relacionado con la protección del derecho al aborto en la Constitución. Durante un evento en Burgos, donde se inauguró la campaña electoral del PSOE en Castilla y León, Sánchez comunicó que el Consejo de Estado ha emitido un informe favorable a la iniciativa del Ejecutivo para garantizar este derecho fundamental.

Sánchez ha señalado que la actual legislación sobre el aborto no se cumple en su totalidad, ya que muchas mujeres son derivadas a clínicas privadas para acceder a este servicio. Este incumplimiento ha motivado al Gobierno a considerar la necesidad de un cambio constitucional que blinde el derecho al aborto. El presidente también hizo referencia a las críticas que anticipa por parte de la derecha y la ultraderecha, quienes podrían acusarlo de utilizar este tema como una "cortina de humo". Sin embargo, Sánchez atribuyó la coincidencia del informe del Consejo de Estado con el inicio de la campaña electoral a la "casualidad".

La propuesta del Gobierno consiste en añadir un nuevo apartado al artículo 43 de la Constitución, el cual actualmente reconoce el derecho a la protección de la salud. Este nuevo apartado buscaría:

Reconocer el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.
Obligar a los poderes públicos a garantizar este derecho en condiciones de igualdad.

El Consejo de Estado ha avalado el anteproyecto de reforma, pero ha señalado que la elección del artículo 43 podría estar motivada por la facilidad del procedimiento de reforma que este artículo permite, en comparación con el artículo 168, que es más riguroso y se aplica a derechos fundamentales.

El Consejo advierte que la constitucionalización del derecho al aborto no encuentra un "natural acomodo" dentro del derecho a la protección de la salud. Se enfatiza que la reforma debe ser consecuencia del contenido elegido y no simplemente una estrategia política. El Consejo también ha indicado que la exposición de motivos de la propuesta debe ser limitada a términos jurídicos y constitucionales, evitando juicios de oportunidad política.

El proceso de reforma constitucional requiere amplias mayorías parlamentarias, lo que representa un desafío para el Gobierno. Este cambio es considerado fundamental para evitar retrocesos en el reconocimiento y garantía del derecho al aborto, especialmente a la luz de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que ha interpretado este derecho de manera favorable.

El Gobierno ha señalado que existen comunidades autónomas que no están cumpliendo con la ley que regula el aborto. Estas irregularidades incluyen la falta de un registro de objetores de conciencia y la ausencia de hospitales públicos de referencia en cada provincia para que las mujeres puedan interrumpir el embarazo.

En el ámbito europeo, la Comisión Europea ha descartado la creación de un fondo específico para ayudar a mujeres de países donde el aborto es ilegal. En su lugar, ha sugerido que los Estados miembros que deseen brindar apoyo lo hagan a través del Fondo Social Europeo, con el objetivo de mejorar el acceso a servicios de salud legalmente disponibles y asequibles.