 El Gobierno desafía a Pozuelo organizando una fiesta en el centro de inmigrantes clausurado
El Tribunal Supremo (TS) ha emitido una medida cautelar en respuesta a la solicitud de la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso. Esta medida exige al Gobierno español garantizar el acceso y permanencia de menores no acompañados en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, siempre que estos menores deseen solicitar asilo. La decisión se basa en un auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
La Comunidad de Madrid había presentado un recurso contencioso-administrativo debido a la desestimación de un requerimiento hecho al Gobierno central en julio, en el que se solicitaba la adopción de medidas para proteger a los menores no acompañados. Además, la Comunidad solicitó la medida cautelar que ha sido finalmente adoptada por el Tribunal Supremo.
El Tribunal Supremo ha establecido un plazo de 30 días para que el Gobierno cumpla con la medida cautelar. Durante este tiempo, se exige que se garantice el acceso y la permanencia de los menores no acompañados que han solicitado protección internacional o que han expresado su intención de hacerlo. La implementación de estas acciones debe realizarse con la colaboración y cooperación de la Comunidad de Madrid.
Los magistrados han enfatizado que todas las actuaciones deben desarrollarse bajo el principio del superior interés del menor. Este principio es fundamental en la legislación tanto nacional como europea y se considera esencial para la protección de los derechos de los menores. Al finalizar el plazo de un mes, el Gobierno deberá informar al Tribunal Supremo sobre las acciones llevadas a cabo para cumplir con lo requerido en la medida cautelar.
El Tribunal Supremo ha hecho referencia a dos autos previos, de marzo y junio de este año, en los que se otorgó una medida cautelar similar para la Comunidad Autónoma de Canarias en relación con menores extranjeros solicitantes de asilo.
Los magistrados han señalado que el planteamiento del problema es sustancialmente equivalente en ambos casos, ya que ambos se refieren a menores que han solicitado asilo o que han manifestado su voluntad de hacerlo y que están bajo la atención de la comunidad autónoma correspondiente. Sin embargo, existen diferencias significativas entre los dos supuestos, principalmente en el número de menores involucrados. En el caso de Madrid, se estima que el número de menores oscila entre 38 y 50, en contraste con los miles de menores que enfrentaban una situación de hacinamiento en Canarias.
El Tribunal Supremo ha argumentado que la diferencia en el número de menores no debe ser un impedimento para adoptar la medida cautelar. Sostiene que sería absurdo esperar a que se produjera un hacinamiento para proteger los derechos de los menores. La legislación nacional y europea reconoce estos derechos y la administración del Estado tiene la obligación de asegurarlos.
El Gobierno ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la Justicia contra el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, indicó que están esperando la resolución judicial sobre este asunto. El recurso se formalizó el 17 de noviembre y es una respuesta a la decisión del Ayuntamiento de Pozuelo de cerrar el centro, que ha funcionado desde 2022 y ha atendido a más de 100,000 personas refugiadas, principalmente mujeres y niños ucranianos.
El centro actualmente alberga a 125 personas que necesitan protección internacional. La alcaldesa de Pozuelo, Paloma Tejero, ha expresado su frustración por no recibir información del Gobierno sobre el estado del centro y ha insistido en que tomará medidas legales para asegurar el cierre tal como se ordenó, dado que el centro carece de los permisos necesarios para operar. Asimismo, en su carta a Saiz, mencionó que no se ha notificado al Ayuntamiento ninguna acción por parte del Ministerio para cumplir con el cierre, que debe efectuarse antes del 17 de enero de 2026. Tejero ha dejado claro que el Ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados y utilizará todos los recursos legales a su disposición.
Por otro lado, el Gobierno está ofreciendo el CREADE de Pozuelo para acoger a menores migrantes solicitantes de asilo, tras un requerimiento del Tribunal Supremo que establece un plazo de 30 días para que el Gobierno asuma la responsabilidad de estos menores. Este procedimiento también se encuentra bajo revisión legal. La situación en Pozuelo está siendo objeto de atención debido a las preocupaciones sobre el tratamiento de menores no acompañados en un centro que no tiene licencia para su funcionamiento.
En respuesta, la alcaldesa Tejero ha criticado duramente la propuesta del Gobierno, advirtiendo que podría llevar a la Fiscalía si se procede a alojar a menores en un "centro ilegal". Ella calificó de "irresponsable" la intención de trasladar a menores no acompañados a un lugar con orden de cierre y sin licencia, indicando que el Gobierno no debería poner en riesgo la vida de estos menores.
La Comunidad de Madrid, que actualmente tiene a 106 menores no acompañados solicitantes de asilo bajo su cuidado, también está pidiendo al Gobierno que asuma su tutela. La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, insistió en que el CREADE carece de autorización para funcionar y cuestionó cómo el Gobierno planea cumplir con su obligación de atender a estos menores. Estos menores se encuentran en un sistema de protección que necesita urgentemente la intervención del Gobierno.
Dávila destacó que a pesar de que hay diferencias en el número de menores entre Pozuelo y Canarias, todas las partes coinciden en que estos menores tienen derechos que deben ser respetados. La situación ha llevado a un conflicto entre el Ayuntamiento de Pozuelo y el Gobierno español, con preocupaciones cada vez mayores sobre el bienestar de los menores migrantes y la legalidad del mantenimiento del CREADE.
Ambas autoridades están involucradas en profundas discusiones sobre cómo proceder, y la situación sigue desarrollándose a medida que se acercan las fechas límites. La tensión aumenta entre el Ayuntamiento de Pozuelo y el Gobierno, con advertencias de acciones legales y reiteradas solicitudes de cumplimiento de las normativas vigentes. La resolución de este conflicto es crucial no solo para los menores involucrados sino también para las relaciones entre las distintas administraciones en temas de migración y refugio.
El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) en Pozuelo de Alarcón, Madrid, ha sido objeto de controversia y acciones legales por parte del Ayuntamiento. La alcaldesa, Paloma Tejero, ha tomado una postura firme en relación con el futuro del centro, que alberga a personas refugiadas.
La alcaldesa Tejero ha enviado una carta a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, solicitando información sobre el estado del CREADE. En su misiva, Tejero expresa su preocupación y exige que se ejecute el cierre del centro, tal como fue decidido por el Ayuntamiento en septiembre.
El desencadenante de esta carta fue un evento organizado por el Ministerio en el CREADE para conmemorar el Día del Migrante. Tejero criticó que no se le hubiera invitado a este acto, lo que considera una falta de comunicación y respeto hacia el Ayuntamiento y su decisión de clausurar el centro.
El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón emitió una resolución que ordena la clausura del CREADE. Esta decisión se fundamenta en que las actividades del centro no cuentan con los títulos habilitantes necesarios. En la resolución se establece un plazo de cuatro meses para llevar a cabo el cierre, que vence el 17 de enero de 2026.
Tejero ha señalado que, hasta la fecha, el Ayuntamiento no ha recibido ninguna notificación del Ministerio en relación con la resolución de cierre. Esto incluye la falta de información sobre cualquier planificación para cumplir con la orden de clausura o sobre medidas que aseguren el cumplimiento de la misma.
La alcaldesa ha subrayado que no hay constancia de que el Ministerio haya solicitado los títulos habilitantes necesarios para el funcionamiento del CREADE, a pesar de que la resolución otorgaba un plazo de quince días para hacerlo.
Tejero también ha indicado que no se tiene conocimiento de que se haya interpuesto algún recurso judicial contra la resolución del Ayuntamiento. Si tal recurso existiera, debería haberse presentado antes del 17 de noviembre, lo que no ha ocurrido según la información disponible.
En su carta, Tejero solicita a la ministra que le proporcione información sobre las medidas que el Gobierno tiene previstas para garantizar el cumplimiento de la resolución de cierre y el cese de actividades en el CREADE.
La alcaldesa ha advertido que el Gobierno tiene un mes para ejecutar el cierre del centro. Además, ha afirmado que el Ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados y utilizará todos los recursos legales a su disposición para asegurar que se cumpla la orden de clausura.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, participó en un evento titulado ‘Migración, fuente de riqueza’ en el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo de Alarcón, Madrid. Este acto se realizó en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno español y el Ayuntamiento de Pozuelo, debido a la reciente decisión del Consistorio de cerrar el CREADE, que ha sido un refugio para personas migrantes y refugiadas.
El Gobierno español ha decidido interponer un recurso contencioso-administrativo contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo que ordena el cierre definitivo del CREADE. Este recurso incluye la solicitud de medidas cautelares y se encuentra a la espera de una resolución judicial. Según fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el CREADE ha sido fundamental en la atención de más de 100,000 personas que han buscado protección internacional o temporal, especialmente en el contexto de crisis como la guerra en Ucrania.
Actualmente, el CREADE alberga a 125 personas, la mayoría de las cuales son mujeres ucranianas que han llegado en busca de protección temporal, así como a mujeres de otras nacionalidades (latinas y afganas) con sus hijos e hijas. Este centro ha sido un recurso esencial para estas comunidades en tiempos de crisis.
La alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha emitido una carta al Gobierno solicitando información sobre el estado del CREADE. En esta carta, Tejero enfatiza que el Ayuntamiento ha ordenado el cierre del centro, argumentando que las actividades que se llevan a cabo no cuentan con los títulos habilitantes necesarios. La resolución del Ayuntamiento establece un plazo de cuatro meses para el cierre, que vence el 17 de enero de 2026.
Tejero ha criticado a la ministra Elma Saiz por no invitarla al evento del Día del Migrante celebrado en el CREADE, lo que considera una falta de comunicación y colaboración entre las instituciones. En su misiva, la alcaldesa destaca que no ha recibido notificación alguna del Ministerio sobre la resolución del cierre ni sobre cualquier plan para cumplir con dicha orden.
Tejero ha solicitado al Gobierno que proporcione información sobre las medidas que se están tomando para garantizar el cumplimiento de la resolución del Ayuntamiento. En particular, ha señalado que no hay evidencia de que el Ministerio haya solicitado el título habilitante necesario para la operación del CREADE, lo que contraviene la normativa vigente.
La alcaldesa ha enfatizado que el Ayuntamiento no se quedará de brazos cruzados y que utilizará todos los recursos legales a su disposición para asegurar que la orden de cierre se ejecute. Ha dejado claro que el tiempo se agota, ya que solo queda un mes para que se lleve a cabo el cierre del centro. |
