Un informe jurídico considera que tiene un contenido partidista

El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida ha iniciado un proceso administrativo que podría llevar a la retirada de una pancarta que se encuentra en los balcones de los despachos de Más Madrid. Esta pancarta, que dice "Sí es un genocidio. Stop al genocidio en Gaza, Palestina libre", ha generado un debate significativo sobre su legalidad y su impacto en la sociedad.

El grupo municipal Más Madrid ha recibido un plazo de tres días para presentar alegaciones en respuesta a la resolución emitida por el presidente del Pleno, Borja Fanjul. Esta resolución se basa en un informe jurídico elaborado por la secretaría del Pleno, que establece el inicio de un expediente para la posible retirada de la pancarta.

La resolución se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo que permite la colocación de la bandera LGTBIQ+ en edificios públicos. Sin embargo, el informe argumenta que el contenido de la pancarta en cuestión tiene un carácter partidista, lo que podría fomentar el enfrentamiento y aumentar la crispación social en torno al conflicto entre Israel y Palestina.

El conflicto entre Israel y Palestina es un tema que genera una fuerte polarización política y social en España. La resolución menciona que durante el mes de septiembre, la Vuelta Ciclista a España tuvo que modificar su recorrido debido a protestas relacionadas con este tema, lo que evidencia la tensión existente en la sociedad.

La colocación de las pancartas en los balcones de Más Madrid durante la Vuelta Ciclista a España puso de manifiesto la confrontación y la crispación en la sociedad. El informe del Secretario General del Pleno destaca que los edificios utilizados por los grupos municipales son, además de propiedad del Ayuntamiento, sedes representativas de la institución.

El informe establece que en la fachada de los edificios municipales solo se pueden colocar banderas o elementos que cumplan con la legislación vigente, manteniendo un principio de neutralidad ideológica. Se menciona la sentencia del Tribunal Supremo sobre la bandera arcoíris, que se limitó a un periodo temporal específico, como un precedente.

El secretario del Pleno concluye que cualquier símbolo que sea considerado partidista no puede ser colocado en edificios municipales. En caso de que se coloquen, deben ser retirados. La jurisprudencia permite la colocación de banderas o pancartas distintas a las oficiales de manera excepcional, siempre que no sean símbolos partidistas ni fomenten el enfrentamiento.

El informe concluye que la colocación de las pancartas en los balcones de Más Madrid no se ajusta a la legalidad aplicable. Por lo tanto, la Presidencia tiene la autoridad para adoptar las medidas necesarias para restaurar dicha legalidad. Esto incluye la apertura de un expediente para ordenar la retirada de las pancartas, permitiendo a Más Madrid presentar sus alegaciones en el plazo estipulado. Este proceso no solo refleja la complejidad del debate sobre la legalidad de la simbología en edificios públicos, sino que también pone de relieve las tensiones sociales en torno a temas políticos sensibles. La decisión final sobre la retirada de la pancarta podría tener repercusiones significativas en el clima político y social de Madrid.