Convoca la Comisión de Justicia el día en que debía votarse en el Pleno

La ley tiene como objetivo conceder la nacionalidad española a los saharauis y sus descendientes que residían en la antigua provincia española antes del 11 de agosto de 1976, lo que afectaría a aproximadamente 50.000 personas en los campamentos de Tinduf, y también beneficiaría a unos 30.000 inmigrantes saharauis que actualmente residen en España. Para acreditar la condición de saharaui nacido bajo la administración española, se aceptarán documentos como el DNI español, recibos de inscripción en el censo para el Referéndum del Sáhara Occidental emitidos por la ONU, certificados de nacimiento y otros documentos, aunque el PSOE no ha aceptado como válidos los documentos emitidos por el Frente Polisario. La solicitud para la adquisición de la nacionalidad no estará sujeta a ningún tipo de gravamen y deberá presentarse dentro de un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley, que se espera que sea seis meses después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

La ley para nacionalizar a los saharauis ha encontrado nuevos obstáculos en su camino hacia la aprobación, con un proceso legislativo que se extiende más allá del verano, y a pesar de los avances en las negociaciones y el apoyo de algunos grupos políticos, la falta de consenso y los plazos parlamentarios han retrasado su implementación. El trámite en el Senado será el siguiente paso después de la aprobación en el Pleno del Congreso, y se espera que la ley sea aprobada definitivamente a finales de 2026 o principios de 2027. La ley ha generado un intenso debate político en España, y el Gobierno ha defendido su constitucionalidad, mientras que la oposición ha criticado la medida por considerar que podría generar un efecto llamada y tensionar las relaciones con Marruecos.