El Ayuntamiento tomó el control sobre el sistema de ejecución ante la inactividad de la filial de BRUES

La sombra de BRUES sigue planeando sobre Torrejón, al menos, hasta hace unos días, y es que la Justicia desestimaba el recurso planteado por su filial Gesgisa contra el Ayuntamiento en el conflicto desatado por el Polígono de Los Girasoles.

Todo comenzaba cuando, nada más llegar al poder en 2007, el Ejecutivo de Pedro Rollán comprobaba cómo las obras de traslado de las empresas del polígono estaban completamente paralizadas, por lo que decidió, tras cumplir los trámites establecidos por la Ley, tomar el control directo sobre la operación.

Esta decisión fue tomada como una injerencia inaceptable por Gesgisa, que planteó ante la justicia un recurso contencioso administrativo desestimado en primera instancia por el juzgado número 11 de Madrid.

“El convenio sobre el Polígono El Girasol fue aprobado en la legislatura 2003-2007 por el Gobierno local de PSOE e IU y consistía en trasladar las empresas de este antiguo y obsoleto polígono industrial, situado en el casco urbano, a otra zona ubicada junto al Polígono industrial Las Monjas, transformando este área colindante a la avenida de la Constitución en residencial. El ejecutivo de PSOE e IU acordó que las plusvalías generadas por esta recalificación recayeran sobra la empresa promotora Gesgisa, que como única contrapartida debía costear el traslado de las compañías afectadas a esa nueva zona del municipio, algo que, como refleja la sentencia no cumplió, aunque si percibió las importantes plusvalías generadas por esta operación urbanística”, explican desde el Consistorio.

“Ahora, el Juzgado ha desestimado el recurso contencioso administrativo presentado por la empresa, y dado la razón al Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. Concretamente la sentencia dice textualmente: “para terminar cabe concluir en el sentido de que la Junta de Compensación incumplió sus obligaciones que han quedado cuantificadas en un 20% de la obra de urbanización que habrá de incrementarse con la demolición y traslado de tres empresas que existen dentro del ámbito, siendo imputables a la Junta de Compensación, justificándose con ello el cambio de sistema de actuación por el de ejecución forzosa”. Así, al asumir la Alcaldía en 2007 el nuevo Gobierno local del Partido Popular, exigió reiteradamente a la Junta de Compensación integrada mayoritariamente por Gesgisa (empresa perteneciente al grupo BRUESA) que ejecutara la totalidad del convenio y ante la inactividad de ésta, el Gobierno local decidió aplicar el cambio de sistema que permitiera la realización de los traslados previstos y el correcto desarrollo urbano de la zona”, continúan.

“El dictamen añade que “de la documentación obrante en expediente administrativo incoado por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz se constata que se han seguido los trámites procedimentales exigidos por la normativa urbanística al advertirse el incumplimiento de los plazos de ejecución por la Junta de Compensación “Los Girasoles”, estando debidamente acreditadas el cumplimiento del trámite de audiencia, así como la notificación a todos los comuneros y su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid…” Una sentencia que afirma con rotundidad que “no apreciándose defecto alguno formal con capacidad invalidante, también defender la legalidad de la clase de procedimiento seguido y, por consiguiente, de la competencia del órgano decisorio”, explican fuentes municipales.

El alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán destacó que “la sentencia pone de manifiesto que el Ayuntamiento ha obrado no sólo dentro de la legalidad sino de la responsabilidad, al impulsar un cambio de sistema y acabar con la inactividad de esta empresa que no desarrollaba el convenio con los evidentes perjuicios para las compañías afectadas y el conjunto de la ciudad”.

Por su parte, el vicealcalde y concejal de Urbanismo, José Luis Navarro, recordó que “con el cambio de sistema se pretendió relanzar el desarrollo urbanístico residencial programado y culminar el traslado de las empresas al nuevo suelo industrial, manteniendo su actividad en la ciudad. Se trata de una resolución poco habitual, ya que tan sólo en casos en donde presuntamente se ejerce una grave dejación de funciones, se admite este cambio de sistema para salvaguardar los derechos de los afectados”.