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25
Abr
2020
Un juzgado de Madrid se traslada a otra ubicación en plena crisis sanitaria PDF Imprimir E-mail
Otras Noticias - Madrid
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Foto cedida por CAMLos juzgados civiles de María de Molina se trasladan a Rosario Pino

La Comunidad de Madrid ha entregado 10.000 kits de protección contra el COVID-19 para las cerca de 9.500 personas que trabajan en la administración de Justicia madrileña. Este suministro adquirido por el Gobierno regional será distribuido entre jueces, fiscales, letrados, funcionarios y personal laboral.

El consejero de Justicia, Interior y Victimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha sido el encargado de dar el material al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez, al Fiscal Superior de Madrid, Jesús Caballero Klink, y a José Palazuelos, Letrado de la administración de Justicia y secretario de la Sala de Gobierno del TSJM.

Se trata de 10.000 kits individuales de protección facial frente al coronavirus compuestos por dos pantallas, debidamente homologadas, lavables, con una durabilidad de un año cada una, dos gomas y un soporte. En la compra de estas pantallas individuales de protección la Comunidad de Madrid ha invertido 36.000 euros. Este material se suma a los equipos de protección individual que en las últimas semanas el Ejecutivo regional ha comprado al Ministerio de Justicia.

En la gestión de la crisis provocada por la propagación del coronavirus, la Comunidad de Madrid ha priorizado la seguridad laboral tanto de los empleados públicos de la administración de Justicia, como de los ciudadanos que han tenido la necesidad de hacer uso de este servicio público. Para ello, desde el inicio de la crisis se redujo al máximo la presencia de trabajadores en las sedes judiciales, siempre de acuerdo con las recomendaciones fijadas por la autoridad sanitaria y las normas dictadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.

Además, se restringió el acceso a las sedes judiciales, se prohibió la visita de público a los juicios y espacios administrativos de los 21 partidos judiciales y se instalaron hasta 400 dispensadores de gel desinfectante en cada una de las 70 sedes judiciales de la región.

La Dirección General de Infraestructuras Judiciales también ha instalado 170 de las 260 mamparas de 1,80 metros de altura y un metro de ancho, que van a ubicarse en estancias de trabajo con acceso de público. Además, está haciendo un análisis arquitectónico de espacios para la instalación de 3.000 mamparas de mesa que aseguren la protección y la adecuada separación física entre funcionarios.

El Ejecutivo regional ha invertido ya 120.000 euros para la compra de estas mamparas de protección, el empleo de cintas separadoras y de cartelería necesarias para garantizar la seguridad y salud, y ha adoptado medidas preventivas de protección colectiva relacionadas con el establecimiento de distancias mínimas de seguridad tanto en los accesos a sedes como en espacios de atención al público.

Siguiendo con esa apuesta por la seguridad laboral, el Gobierno regional ha dado instrucciones a las empresas de limpieza que dan servicio a la Comunidad para mejorar la limpieza en espacios y objetos de uso común.  Este esfuerzo se ha complementado con la inversión de 200.000 euros en un contrato de servicios para la realización de desinfecciones específicas en sedes judiciales de la región para evitar la propagación y contagio del virus.

Las actuaciones se centran en la limpieza y desinfección de las superficies y espacios de trabajo de las sedes, con especial atención a pomos de puertas, pasamanos, interruptores, botones de ascensores, lavabos, suelos, teléfonos y medios telemáticos de uso común o compartido por empleados para videoconferencias. También se ha incrementado la limpieza en zonas de espera, puntos de información y puestos de atención.

Las medidas de prevención laboral adoptadas por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas en las sedes judiciales han respetado en todo momento las recomendaciones fijadas por la autoridad sanitaria.

Asimismo, la Comunidad de Madrid sigue incentivando el teletrabajo en la administración de Justicia. De hecho, en los últimos dos años el Ejecutivo regional ha equipado con equipos informáticos portátiles a la totalidad de los jueces, fiscales y letrados y ha impulsado la instalación de la tecnología necesaria para realizar vídeoconferencias en 370 espacios de los 21 partidos judiciales de la región.

La Comunidad, a través de la Dirección general de Recursos Humanos y Relaciones con la Administración de Justicia, está participando en todas las reuniones de trabajo convocadas por el Ministerio de Justicia para la aprobación del Real Decreto Ley que debe organizar el trabajo en el ámbito judicial en los próximos meses.

Además, la Consejería ha mantenido y mantiene desde el inicio de la crisis sanitaria comunicación constante con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y los distintos agentes que integran la administración de Justicia, incluidas las organizaciones sindicales.

Tras la declaración del estado de alama, día 14 del pasado mes de marzo, la decana de los Juzgados de Madrid, de común acuerdo con la Consejería Justicia (como contratante de los servicios de una empresa de mudanzas), decidió suspender la mudanza que de los Juzgados civiles de la calle María de Molina de la capital, a la nueva sede judicial de la calle Rosario Pino.

A pesar de mantenerse la emergencia sanitaria y el estado de alarma, el 16 de abril, con menos de dos hábiles de antelación, la juez decana de Madrid dictó un Acuerdo Gubernativo en el que, sin justificación alguna, disponía la reanudación de la mudanza, que afecta a 8 juzgados, desde el lunes día 20 de abril, “previa la adopción de las oportunas medidas de protección individual que eviten el contagio del coronavirus”.

CCOO considera especialmente grave que en la situación excepcional actual se reanude la mudanza con el riesgo de contagio que supone el trasiego de operarios y del personal del juzgado que impide las mínima distancias de seguridad de 2 metros (ha sido el caso, ya hoy, con el primero de los Juzgados trasladados en el que, al menos, había 11 personas cuando se ha fijado por el Ministerio de Justicia una asistencia de tan sólo un funcionario/a en aplicación del estado de alama y las indicaciones de las autoridades sanitarias); la manipulación de plásticos, cajas, mobiliario, equipos informáticos, fotocopiadoras, expedientes, etc., susceptible de transmisión del virus durante el embalaje y desembalaje y de infectar las zonas comunes tanto de las sedes judiciales de origen como de destino (ascensores, vestíbulos, escaleras, etc.) y por tanto a las personas que las utilizan.

El sindicato denuncia que la Consejería de Justicia se ha desentendido por completo de la seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras de los juzgados afectados por esta mudanza, a los que no ha dotado de ninguno de los mínimos materiales de protección individual: ni guantes, ni geles higienizantes ni mascarillas, que tienen que comprase lo propios trabajadores y trabajadoras; tampoco se han valorado las condiciones más óptimas para asegurar las distancias de seguridad y ni siquiera se ha previsto la desinfección de las nuevas oficinas de los juzgados tras finalizar la mudanza y con carácter previo a su utilización por las personas trabajadoras, ni de las zonas comunes de la nueva sede judicial

CCOO lamenta que, a pesar de la gravedad del impacto del COVID-19 en la Comunidad de Madrid, la Consejería de Justicia ha demostrado una absoluta falta de empatía con los trabajadores y trabajadoras, lo contrario que frente a la judicatura y fiscalía, en su característica actitud clasista. Durante semanas no llegaron EPIS, y cuando lo hicieron en cantidad muy insuficiente. Su forma de reparto provocó que, en algunos partidos judiciales, se priorizara la salud de los funcionarios y funcionarias de mayor categoría profesional mientras que el personal, la gran mayoría, que atiende al público, se quedaba sin ellos.

Desde el 12 marzo no ha mantenido ninguna reunión con los sindicatos representativos, incluso se han negado a convocar el Comité de Seguridad y Salud, secuestrando la participación de los trabajadores y trabajadoras en la planificación, programación, control y valoración de las medidas preventivas y de protección en las sedes judiciales madrileñas; y la información, muy importante, en esta dura excepcionalidad, sobre el impacto de la pandemia en la Administración de Justicia madrileña (contagios, cuarentenas, órganos y servicios afectados; necesidades adicionales, etc.).

CCOO acusa a los responsables de la Consejería de Justicia de esconderse, ahora, en la Orden del Ministerio de Sanidad, SND/261/2020, de 19 de marzo, que ha encomendado al Ministro de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia de todo lo Estado, para eludir sus responsabilidades, a sabiendas de que mantiene intactas todas sus competencias en materia de personal.

Mientras el Real Decreto del Estado de alama y sus prórrogas, así como las normas complementarias, hacen hincapié en reforzar el teletrabajo y, en otros ámbitos, incluido el Ministerio de Justicia, ha habido reuniones con los sindicatos representativos para negociar su implantación, también en esto la Consejería de Justicia madrileña sigue sin responder. Tampoco lo hace para valorar en qué condiciones y tiempos se podrá realizar la fase de “desescalamiento”, teniendo en cuenta que la situación de la mayoría de las sedes judiciales madrileñas no es adecuada para cumplir las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar contagios por COVID-19.

 

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