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07
Feb
2018
Madrid y Barcelona piden que se eliminen las desgravaciones a coches diésel PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Ayuntamiento de MadridSe reunieron las concejalas de Medio Ambiente de las dos ciudades

La contaminación es un problema de Estado que afecta a la salud de las personas. Frente a esta situación Madrid y Barcelona, tal y como han explicado las responsables de medio ambiente de ambas ciudades, Inés Sabanés y Janet Sanz respectivamente, están trabajando cada una desde su ámbito competencial, desarrollando sus planes específicos. Unas medidas que han sido recogidas respectivamente en el Programa de Medidas contra la Contaminación Atmosférica de Barcelona y en el Plan A de Madrid.

Dado que la contaminación atmosférica no entiende de fronteras administrativas y que son necesarios cambios de modelo, principalmente en la movilidad, que superen lo estrictamente municipal, hace falta una aproximación multinivel para resolver el problema con éxito. Es por ello que desde el ámbito municipal se está trabajando a escala local, y al mismo tiempo, se insta a promover que las otras administraciones con competencias relevantes en la lucha contra la contaminación se involucren activamente.

En este sentido se han producido algunos progresos significativos.

El año 2017 el conjunto de administraciones catalanas, el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, 40 municipios del entorno metropolitano y la Generalitat de Catalunya, fueron capaces de acordar, cada una desde su ámbito competencial, un Plan de Acción Conjunto.

Igualmente también en el 2017, por primera vez los ayuntamientos de Madrid y Barcelona pidieron conjuntamente al Estado que implantara doce medidas contra la contaminación atmosférica en los ámbitos de su competencia.

Hasta el momento, sólo se han visto avances en dos de las medidas, y una de ellas sólo de manera parcial. Ambas administraciones consideran que no es suficiente. El derecho a la salud debe ser garantizado por todas las administraciones, y por lo tanto, es imprescindible que todas las administraciones actúen de manera decidida.

Por su parte, el Ayuntamiento de Madrid también propuso al Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en mayo la creación de un grupo de trabajo interministerial para promover medidas nacionales de mejora de la calidad del aire, sin que se haya obtenido respuesta hasta el momento.

También la Comisión Europea ha reclamado al Estado español, como estado miembro, un nuevo plan más ambicioso para afrontar los altos niveles de contaminación. Barcelona y Madrid ya están aplicando sus planes pero creen que el Estado no hace bastante en temas que son de su competencia.

Por ejemplo, la misma Unión Europea señala en su dictamen contra España del pasado mes de febrero, que el Estado es responsable de un sistema fiscal que incentiva el uso de vehículos diésel y que las medidas contenidas en el Plan Aire nacional no existe ninguna medida que sirva para reducir significativamente las emisiones de NO2 de los vehículos diésel, de forma que se dificulta a las entidades locales el cumplimiento de los límites de contaminación. La Comisión Europea recalca la importancia de tomar medidas a escala estatal. Barcelona y Madrid compartimos está visión, por eso, una vez más, exigimos al Estado que tome las siguientes medidas:

Demandas conjuntas de las ciudades de Madrid y Barcelona a la administración estatal referentes a la lucha contra la contaminación atmosférica

Tanto Madrid como Barcelona a través de sus planes de calidad del aire y de movilidad han mostrado la clara voluntad municipal de establecer las medidas necesarias para reducir la contaminación atmosférica y favorecer unas ciudades más confortables para sus ciudadanos, garantizando así el derecho a la salud que todos ellos tienen.

No obstante, como se ha puesto de manifiesto claramente en el Dictamen motivado dirigido al Reino de España, de conformidad con el artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, en relación con los valores límite de NO2, para conseguir los resultados necesarios en paralelo a este esfuerzo extraordinario de carácter local  es imprescindible que las medidas locales sean apoyadas tanto por las políticas regionales como Estatales.

Por ello solicitamos al gobierno español los siguientes elementos:

  • La revisión del impuesto especial sobre carburantes, eliminando todas las ventajas fiscales que favorecen la compra de vehículos diésel.

  • La modificación del impuesto de matriculación de vehículos para priorizar los vehículos menos contaminantes, especialmente los Cero y ECO.

  • La obligatoriedad de la identificación de todos los vehículos mediante el etiquetado establecido por la DGT en función del potencial contaminante.

  • El perfeccionamiento del etiquetado de vehículos iniciado por la DGT con las etiquetas para motocicletas y ciclomotores no eléctricos así como para vehículos industriales hibridados de bajas emisiones.

  • El desarrollo de sucesivos programas PIVE para incentivar la renovación de los vehículos profesionales y turismos más contaminantes en términos de NO2 y PM, a favor de vehículos Cero y ECO y que la ayuda tenga en cuenta criterios sociales.

  • La aplicación de descuentos VAO, ECO en función de la etiqueta ambiental de la DGT en los peajes de competencia estatal.

  • El incremento de la financiación del transporte público de proximidad, alcanzando como mínimo los niveles del año 2010.

  • La priorización de las inversiones vinculadas con el transporte público, incluyendo tanto las vinculadas a las infraestructuras ferroviarias como la habilitación de BUS VAO en los principales accesos a las ciudades y otras medidas favorecedoras de la intermodalidad.

  • La elaboración de una ley de financiación del transporte público estatal.

  • La modificación del texto de la Ley de tráfico, circulación de vehículos de motor y seguridad vial, con la creación de la tipificación de una infracción específica para el incumplimiento de las medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales, que podrá tener la consideración de grave o muy grave.

  • La modificación del Reglamento General de Circulación,  en el sentido de prever la posibilidad de establecer medidas de ordenación de la circulación por razones ambientales.

  • La revisión de la fiscalidad y tasas portuarias y aeroportuarias con el fin de permitir una mayor diferenciación en función del nivel de contaminación, eliminando los máximos existentes en la actualidad.

  • Promover a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que reúne a ministerio y comunidades autónomas, para que identifique y promueva aquellas medidas de competencia autonómica que tengan impacto en la mejora de la calidad del aire, como por ejemplo, el control de calderas, la regulación ambiental de las VTC, legislación autonómica de movilidad sostenible aplicable a empresas o una mejora de los controles de las emisiones contaminantes en las ITV.

 

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