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26
Sep
2016
Ecologistas abre una cuestación para salvar el Edificio España PDF Imprimir E-mail
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Necesitan más de seis mil euros para pagar el recurso

Ecologistas en Acción de Madrid decidió acudir a los tribunales para tratar de impedir la demolición del Edificio España, cuando en enero de 2015 la Comunidad de Madrid rebajó su grado de protección. Para ello aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el Edificio España, tal y como explican los Ecologistas en un comunicado.

Esto suponía que podía demolerse el inmueble completo, salvo aquellos elementos considerados de mayor interés: la fachada principal, que da a la Plaza de España, y parte de los laterales, que dan a las calles de los Reyes y de San Leonardo. Se rompe así la coherencia del edificio y se desprecian elementos arquitectónicos igual de importantes. La actuación fue promovida por el Ayuntamiento de Madrid, dirigido por Ana Botella, y el propietario del inmueble, en ese momento el fondo de inversión Santander Banif Inmobiliario. Todo un ejemplo de arbitrariedad y desprecio al patrimonio para seguir alimentando la especulación inmobiliaria, que reduce el concepto de ciudad a mero decorado para disfrute de los turistas. La accidentada historia de este icono madrileño ha continuado con cambios de propietario e informaciones contradictorias por parte del consistorio actual.

Para recuperar el grado de protección inicial del Edificio España, evitar su demolición y lograr que se rehabilite manteniendo su estructura, fisonomía y volumetría, Ecologistas en Acción interpuso, en marzo de 2015, un recurso contencioso-administrativo contra la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en el Edificio España, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para lograr su anulación y así impedir otro Canalejas (demolición-vaciado de siete edificios catalogados, en la manzana Canalejas, detrás del edificio Apple, para construir un complejo hostelero, residencial y comercial).

Desde la interposición del recurso, se ha presentado la demanda y se está a la espera de la respuesta de las partes contrarias, la Comunidad de Madrid y el Grupo Wanda. El procedimiento va retrasado porque antes de vender, Wanda intentó expulsar a Ecologistas en Acción del procedimiento, algo que no consiguió, pero sí logró ralentizar requiriendo documentación que ya había sido solicitada.

Para hacer frente a los costes del proceso legal, Ecologistas en Acción lanza desde el 26 de septiembre al 26 de diciembre de 2016 una campaña de donaciones. Aprovecharemos además esta iniciativa para sensibilizar a la ciudadanía sobre el patrimonio urbano de la ciudad realizando diferentes actividades.

Algunas razones para conservar el Edificio España

  • El Edificio España debe conservar la protección Nivel 2 grado Estructural con la que estaba catalogado en el PGOU, porque no ha sufrido menoscabo alguno que justifique una rebaja de esta protección a Nivel 3 grado Parcial, siendo mínimos los desperfectos sufridos y que utiliza el promotor para justificar su demolición.

  • La estructura del Edificio España es de gran interés, por tratarse de uno de los escasísimos rascacielos construidos con hormigón armado en todo el mundo, siendo considerado en su día el edificio más alto de Europa levantado con este material; es por tanto necesario que esta estructura se conserve.

  • Asimismo, es necesario mantener, además de todo el conjunto coherente de las fachadas con su imagen original -que ya forma parte de la iconografía histórica de la ciudad de Madrid-, toda la volumetría del edificio, incluida la interesantísima solución espacial de su parte trasera, ritmada por una sucesión de patios abiertos que desde el punto de vista arquitectónico presentan mayor interés volumétrico que la fachada principal, cuya protección se mantiene.

  • Este edificio se ha incorporado indeleblemente al paisaje urbano de Madrid en tanto que hito, remate y referencia de algunos de sus principales conjuntos y perspectivas, como la Plaza de España o la Gran Vía.

  • La conservación de la protección estructural, la volumetría externa y la galería comercial no impiden la recuperación del inmueble para otros usos, incluido el complejo mixto previsto–como ya lo fue en su día-, pues en 2007 ya se elaboró un proyecto de rehabilitación del que solo se realizó la primera parte.

  • Asimismo, debe conservarse íntegramente la galería comercial de la planta baja, por constituir un espacio de gran interés, tanto en su disposición espacial como en su cualidad material y detalles decorativos, como una muestra temprana de la adopción de la estética moderna al final de la autarquía, reflejo del gusto de los años cincuenta.

  • Por otra parte, la demolición y reconstrucción de un edificio de estas dimensiones, en su emplazamiento urbano, implica un despilfarro energético y material, así como una fuente de contaminación, tráfico pesado y generación de residuos, que atentará contra la calidad medioambiental de la ciudad, en particular el entorno de la Plaza de España durante meses, y supone en general una violación de los principios básicos de una gestión urbana sostenible y eficiente.

  • Finalmente, el Edificio España es un testimonio histórico urbano singular, muy representativo del periodo correspondiente a la inflexión en nuestra prolongada dictadura entre la posguerra y el ‘desarrollismo’, inicio del lento proceso de modernización y apertura exterior del franquismo. Su monumentalidad, su retórica y pretenciosidad estética, junto con los alardes tecnológicos que incorpora, retratan culturalmente ese periodo con sus miserias y aspiraciones, sus paradojas y tensiones. El Edificio España puede también leerse así como un valioso documento de la memoria colectiva del pueblo madrileño y también del español.

Cuando se inició la tramitación de la modificación puntual del Edificio España, en 2014, Santander Banif Inmobiliario estaba negociando la compra-venta con el grupo empresarial asiático Wanda, propiedad de Wang Jianling. El objetivo del nuevo propietario era demoler el edificio para construir un moderno y lujoso complejo mixto comercial, de oficinas y hostelero, pero se encontró con un importante escollo, su protección patrimonial legal. El Edificio España estaba incluido en el catálogo de bienes y espacios protegidos del PGOU de Madrid con nivel de protección 2 grado estructural. Es decir, estaban protegidos todos sus elementos fundamentales como estructura, fachadas y volumetría, por ello no podía demolerse.

Para favorecer que Santander Banif Inmobiliaria vendiese el Edificio España al Grupo Wanda, en julio de 2014, el Ayuntamiento de Madrid, siendo alcaldesa Ana Botella, aprobó inicialmente la modificación puntual del PGOU de Madrid. Esa modificación puntual rebaja la protección, pasando al nivel 3 grado parcial. Este cambio supone que puede demolerse el inmueble completo, salvo aquellos elementos que se consideren de mayor interés. Esos elementos, según la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid -que depende de la Comunidad de Madrid- son la fachada principal, que da a la Plaza de España, y parte de los laterales, que dan a las calles de los Reyes y de San Leonardo.

Esta solución resulta incompatible con la conservación, por ejemplo, de la galería comercial de la planta baja, uno de los elementos más valiosos del edificio y la interesantísima solución espacial de su parte trasera. Desde el punto de vista arquitectónico, la parte posterior presenta mayor interés volumétrico que la fachada principal, cuya protección se mantiene.

Una vez aprobada inicialmente la modificación puntual, el Grupo Wanda, adquirió el inmueble a Santander Banif Inmobiliario por 265 millones de euros y en enero de 2015 se aprobó definitivamente por el consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo presidente Ignacio González.

Sin embargo al Grupo Wanda no le bastaba con la reducción de protección conseguida. Tras las elecciones municipales de mayo de 2015, solicitó al nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid la demolición total del inmueble, incluyendo los elementos protegidos (fachada principal y parte de las fachadas laterales). El Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible desestimó la solicitud y se abrió un largo período en el que se cruzaron informaciones contradictorias sobre la necesidad de demoler las fachadas protegidas y la continuidad del proyecto. Finalmente, Wanda admitió cumplir con la modificación puntual, manteniendo los elementos protegidos, presentando así el Estudio de Detalle obligatorio previo a la licencia de obra, y el Ayuntamiento continuó la tramitación.

El proyecto definitivo según el Estudio de Detalle consiste en demoler el edificio manteniendo las fachadas principales y parte de las laterales, construir un complejo mixto comercial, hostelero, de oficinas y viviendas, modificando sustancialmente la volumetría y forma del edificio, y excavar hasta 23 metros de profundidad en el subsuelo para construir un aparcamiento subterráneo con capacidad para 318 plazas, permitiendo además su conexión con el aparcamiento público bajo la Plaza de España. A cambio, el empresario asiático se comprometía a aportar 30 millones de euros al proyecto de remodelación de la Plaza de España.

El 21 de junio de 2016, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid aprobó inicialmente el Estudio de Detalle del nuevo proyecto del Edificio España y se sometió a información pública. Ecologistas en Acción presentó alegaciones. Una vez aprobado definitivamente este instrumento de planeamiento, solo quedaría la concesión de licencia de demolición y el Edificio España colapsaría.

Pero en tanto se tramitaba el Estudio de Detalle, en julio de 2016, el Grupo Wanda vendió el Edificio España al holding murciano Baraka por la misma cantidad por la que lo adquirió, 265 millones de euros. Según han informado los medios de comunicación, Baraka pretende iniciar obras de rehabilitación en el edificio, sin demolerlo por el momento, y venderlo nuevamente.

Independientemente de que el propietario actual pretenda o no demoler el edificio, existe una sola realidad. Desde enero de 2015, el Edificio España ha perdido su grado de protección con el único objeto de que el fondo de inversión Santander Banif Inmobiliaria pudiera hacer negocio vendiendo un inmueble catalogado a un comprador que despreció el patrimonio de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid, la Comisión Local de Patrimonio Histórico del municipio de Madrid y la Comunidad de Madrid se pusieron de acuerdo para favorecer una operación inmobiliaria incumpliendo su obligación de conservar el patrimonio urbano de la ciudad.

En tanto siga vigente la modificación puntual, cualquiera de los propietarios por los que vaya pasando el edificio podría demolerlo.

Ayúdanos a costear los gastos del recurso judicial para salvar el Edificio España

Necesitamos un mínimo de 6.655 € para cubrir los costes básicos del recurso

Desglose de presupuesto

Honorarios abogadas 4.840 €. Honorarios del equipo de abogadas (4.000 €) más el 21% de IVA (840 €). El equipo tendrá una importante dedicación en horas a este recurso dada la complejidad del asunto.

Honorarios procurador 605 €. Honorarios del procurador (500 €) más el 21% de IVA (105 €).

Informe pericial 1.210 €. Honorarios del equipo de peritos (1.000 €) más el 21 % de IVA (210 €). El recurso cuenta con dos pruebas periciales. Una de carácter urbanístico que argumenta la inviabilidad de la modificación puntual. Otra patrimonial que argumenta la arbitrariedad en la reducción del nivel de protección.

Tasa judicial. Mediante sentencia de 21 de julio de 2016, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de las tasas judiciales por vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 24 de la Constitución Española. Por tanto de ahora en adelante no hay que pagar tasas.

Sobrante de la campaña #PelotazoMahouCalderón. En la campaña de financiación colectiva #PelotazoMahouCalderón, necesitábamos 7.095 € y conseguimos 8.887 €. La diferencia, 1.792 € se ingresa en esta campaña. También se incluyen los 440 € previstos para tasas judiciales pero que finalmente no se solicitaron por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En total partimos de 2.232 €.

 

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