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24
Sep
2021
El Congreso aprueba una Comisión de Investigación sobre el accidente de Alvia PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Congreso de los DiputadosAdemás, tramitarán la modificación del Código Penal para encarcelar a los provida

El Pleno del Congreso ha concluido la tramitación parlamentaria de las leyes de apoyo al sector cultural y de transportes, que están listas para su publicación en el Boletín Oficial del Estado y su entrada en vigor. También ha dado luz verde a la creación de una comisión de investigación sobre el accidente del ALVIA de 2013 y al informe de la Subcomisión para la actualización del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La sesión plenaria de este jueves se ha reanudado a las 09:00 horas con la intervención del Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, que ha presentado el Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a 2020. A continuación, se ha celebrado el último debate del Proyecto de Ley por la que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Así, el Pleno ha ratificado varias enmiendas incorporadas por el Senado, y el texto ya queda definitivamente aprobado por las Cámaras.

Entre las medidas que regula esta norma se habilitan ayudas para artes escénicas, librerías independientes y las bellas artes; ayudas a las salas de cine, estrenos en plataformas e incentivos fiscales para la producción cinematográfica. Asimismo, se deroga el sistema de horquillas para precios públicos de matriculación en las enseñanzas universitarias.
Asimismo, la Cámara Baja ha aprobado por 178 votos a favor, 16 en contra y 152 abstenciones la enmienda aprobada por el Senado al Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras. Esta norma tipifica como infracciones la búsqueda de clientes en el servicio de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) e incumplir el plazo de 60 días del pago de transportes de mercancías por carretera, entre otras medidas.
Hoy también se ha celebrado el debate de totalidad del Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, al que la CUP, formación integrada en el Grupo Mixto, había presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo que ha sido rechazada por 33 votos a favor, 309 en contra y 3 abstenciones, por lo que el proyecto continúa su tramitación. Además, a propuesta del Grupo Republicado, se ha sometido a votación la avocación a Pleno de esta iniciativa, que ha sido aprobada por 337 votos a favor, 6 en contra y una abstención.

Este proyecto de ley, procedente de un Real Decreto-ley convalidado por el Congreso el pasado 21 de julio, modifica, entre otras medidas, la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público con el objetivo de incidir en el carácter temporal de la figura del personal interino. Para ello, la reforma establece que la tasa de cobertura temporal deberá situarse por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales.

El Pleno también ha aprobado con 199 votos a favor, 138 en contra y 6 abstenciones el Informe de la Subcomisión para el estudio de la actualización del marco normativo y del sistema de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Previamente había rechazado todas las propuestas de resolución que los grupos parlamentarios mantenían vivas. Las conclusiones del Informe se presentan como la base para la elaboración de una nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, que sustituya la legislación vigente.

Asimismo, ha dado luz verde con 202 votos a favor, 1 en contra y 143 abstenciones a la creación de una Comisión de Investigación para establecer las causas del accidente ferroviario del ALVIA ocurrido en Santiago de Compostela el 24 de julio de 2013, a petición de los grupos Plural, Republicano y Euskal Herria Bildu.

La sesión plenaria de esta semana comenzó el martes, 21 de septiembre, con la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo, que fue aprobada con 199 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.

Esta propuesta de reforma del Código Penal, presentada por el Grupo Socialista, tiene por objeto añadir un nuevo artículo por el que se castigue con "la pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días" a todo aquel que "hostigue o coarte la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, promoviendo, favoreciendo, o participando en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, causando un menoscabo en la libertad o intimidad de esta".

Un grupo de voluntarios, convocados por la plataforma Derecho a Vivir, ha protestado frente al Congreso de los Diputados contra la Proposición de Ley que ha presentado el PSOE para modificar el Código Penal para imponer penas de prisión de entre tres meses y un año a aquellas personas que ayudan a las mujeres embarazadas a las puertas de los centros de aborto. 

Los provida han acudido al Parlamento portando pancartas que decían “Stop persecución provida”, “Dejadnos nacer” o “Somos provida, no delincuentes” y han coreado lemas como “Legal o ilegal, el aborto mata igual” o “El aborto no es progreso, es un retroceso" para tratar de influir en los diputados y pedirles que voten ‘No’ a esta reforma legal.

Además de los voluntarios presentes, más de 70.000 personas se han adherido desde esta primavera a varias campañas de Derecho a Vivir, la última de las cuales ‘¡URGENTE!: Cuenta atrás para salvar a los provida’, ha recogido 25.000 firmas en apenas 3 días para pedir a los portavoces de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que no apoyen esta criminalización de los voluntarios provida.

A la concentración se ha unido una gran representación de diputados de Vox, encabezada por Iván Espinosa de los Monteros, Lourdes Méndez o María Ruiz, quien será la portavoz en esta iniciativa, así como la diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, Gádor Joya. También ha apoyado la concentración el senador del Partido Popular Javier Puente. 

“El PSOE quiere encarcelar a los provida porque es cómplice del negocio criminal de 50 millones de euros -según la coordinadora y portavoz de Derecho a Vivir, Rosana Ribera de Gracia-. Quiere criminalizar a aquellos que tienden una mano, de manera desinteresada y altruista, a mujeres embarazadas que se hallan en una situación desesperada. ¿Les parece que esto es una cuestión a calificar como un acoso intolerable? ¿Por qué esa inquina? Porque hay mucho dinero en juego, unos 50 millones de euros, que es lo que ganaron los propietarios de abortorios el pasado año. (100.000 abortos anuales, según datos oficiales, a una media de 500 euros por aborto)”.

“Las mujeres que acuden a informarse del aborto para someterse al mismo se hallan en una situación vulnerable, son carne de cañón para ser ser engañadas por quienes quieren lucrarse con su drama. ¿Saben ustedes que se les oculta información sobre su estado, no se les enseña la ecografía ni pueden oír el latido fetal, y se las convence de que lo mejor que pueden hacer es abortar y pagar? Hay que reconocer el derecho de la mujer embarazada a ser informada”, ha afirmado Ribera de Gracia.

“¿Desde cuándo querer ayudar a salvar una vida va a ser castigado con multas y penas de cárcel? Los rescatadores y las asociaciones provida lo único que queremos es salvar vidas de seres humanos y ayudar a las madres en la crianza y educación de los pequeños, mientras que los que se dicen ‘defensores de los derechos de la mujer’ piden sanción, mordaza, censura y mano dura contra los que ni viven del negocio del aborto ni ganan nada por conseguir que una mujer decida darle una oportunidad a su hijo y a ella misma”, ha insistido.

A continuación se debatió la toma en consideración Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforzamiento de la independencia del Poder Judicial y de reforma de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, para garantizar la imparcialidad de su actuación, que fue rechazada por 154 votos a favor y 190 en contra.

Esta iniciativa del Grupo Popular proponía reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial con el fin "de que los jueces y magistrados participen en el proceso de elección de los vocales del turno judicial de forma directa", entre otros asuntos. Asimismo, buscaba modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para establecer, entre otras reformas, el impedimento de que se pueda proponer para el nombramiento del Fiscal General del Estado "a todo aquel que haya desempeñado un cargo político o de confianza política en los diez años anteriores a su nombramiento".

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, compareció ayer ante el Pleno, a petición de los grupos parlamentarios Plural y Mixto y conforme el artículo 203 del Reglamento del Congreso. En concreto, Montero informó sobre "el cambio repentino del Gobierno sobre la reforma del sistema de financiación anunciada con motivo de la reunión que tuvo lugar el 15/06/2021 entre la Ministra y los miembros de la Plataforma valenciana Per un Finançament Just, y en la que afirmó que piensa incumplir el acuerdo de investidura y la moción aprobada en el Congreso de los Diputados de proponer una propuesta de nuevo sistema de financiación antes de final del año 2021".

Previamente a la comparecencia se celebró la Sesión de Control al Gobierno. A partir de las 09:00 horas, los grupos parlamentarios formularon las preguntas a los miembros del Ejecutivo, de acuerdo con la distribución establecida en la Resolución de la Presidencia que desarrolla el artículo 188 del Reglamento, relativa a la formulación de preguntas orales en Pleno.

Las preguntas se dirigieron a la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños; la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

La Sesión de Control finalizó con dos interpelaciones urgentes. En primer lugar, la del Grupo Popular, "sobre las carencias en la ordenación profesional del Sistema Nacional de Salud y las medidas previstas por el Gobierno para darles solución". En segundo lugar, la interpelación urgente, del Grupo Ciudadanos, "sobre la situación de la salud mental en España como resultado de la pandemia de COVID-19".

La interpelación urgente del grupo parlamentario Vox, "sobre las medidas que va a adoptar el Ministerio del Interior para proteger a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Cataluña", se excluyó del orden del día tras acordarlo el Pleno de la Cámara.

El Pleno continuó con el debate de dos proposiciones no de ley y una moción consecuencia de interpelación urgente. En primer lugar, se debatió la proposición no de ley del Grupo Vox, "relativa a la reprobación y destitución de las Ministras de Justicia y de Defensa y del Ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática", que ha sido rechazada con 143, votos a favor, 205 en contra y 1 abstención.

En segundo lugar, el Pleno se vio la del grupo parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, "sobre medidas laborales a impulsar en el marco de los Planes de recuperación, transformación y resiliencia", que ha sido aprobada este jueves con modificaciones por 165 votos a favor, 152 en contra y 31 abstenciones. Y, por último, se debatió una moción consecuencia de interpelación urgente impulsada por Foro Asturias, formación integrada en el Grupo Mixto, "sobre la política ferroviaria del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Principado de Asturias", que ha sido rechazada con 154, votos a favor, 172 en contra y 21 abstenciones.

La jornada del martes finalizó con la lectura de una declaración institucional conjunta del Congreso y Senado "en apoyo y solidaridad con todas aquellas personas que, de una forma u otra, se han visto afectadas, especialmente, a quienes se han visto desplazados de sus hogares".

Asimismo, con la adopción de esta declaración, las Cortes Generales "instan al Gobierno y a todas las instituciones a continuar desplegando el máximo esfuerzo para ayudar a la ciudadanía afectada y a que, lo antes posible, reciban apoyo económico con el fin de paliar las consecuencias de la erupción volcánica en la Isla de La Palma".

Además, en la sesión del miércoles se debatieron dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, una del Grupo Popular "para dar cuenta del orden del día y contenido de la agenda de la mal llamada Mesa del Diálogo, en realidad Mesa de la Autodeterminación, entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña celebrada el día 15 de septiembre de 2021", que ha sido rechazada con 151 votos a favor, 194 en contra y 2 abstenciones. En segundo lugar, la moción presentada por el Grupo Vox, "sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar la banalización de los delitos de odio¿, que ha sido rechazada con 54 votos a favor, 197 en contra y 97 abstenciones.

 

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