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19 Mar 2021 |
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Sólo PP y VOX votaron en contraEl Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de este jueves 18 de marzo, ha aprobado definitivamente la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia y también ha dado luz verde a la Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. La sesión plenaria ha comenzado a las 9:00h. con el debate del dictamen emitido por la Comisión de Justicia sobre la Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de junio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que ha sido aprobado con 293 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención. La iniciativa ha superado, con 294 votos a favor, 52 en contra y 1 abstención en una votación final de conjunto, la mayoría absoluta necesaria dado su carácter orgánico, y continuará su tramitación en el Senado. Tras el debate del Informe de la Ponencia en la sesión del martes 16 de marzo de la Comisión de Justicia, se emitió el dictamen que hoy se ha debatido en el Pleno, y que incorpora información adicional en el preámbulo sobre el contenido del artículo segundo de la ley, dedicado a la transposición a nuestro ordenamiento jurídico de la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante Derecho penal. De igual forma, en el Dictamen se añade una modificación que aclara que las unidades administrativas del Registro Civil a las que se refiere el artículo 439 son los "Institutos de Medicina Legal, del Instituto de Toxicología y sus departamentos". Esta iniciativa, impulsada por el Grupo Socialista, introduce en el ordenamiento jurídico español la eutanasia como un nuevo derecho individual, entendida como "la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios". Además, el Congreso también ha debatido las enmiendas incorporadas por el Senado al Proyecto de Ley de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (procedente del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio). En este sentido, se ha aprobado por por 275 votos a favor, 51 en contra y 21 abstenciones la enmienda por la que se añade una disposición adicional nueva relativa a la posibilidad de prórroga de los contratos de trabajo suscritos en el ámbito de la investigación. Por otra parte, también ha salido adelante la enmienda por la que se añade una disposición adicional nueva relativa a la supresión temporal del visado de la inspección médica requerido para la prescripción de la triple terapia de EPOC, con 294 votos a favor y 52 abstenciones. El resto de las enmiendas introducidas por el Senado han sido aprobadas por el Congreso con 199 votos a favor, 91 en contra y 57 abstenciones. A continuación, se ha debatido la solicitud de prórroga hasta el día 30/06/2021 del plazo para la realización del Dictamen de la Comisión de Investigación relativa a la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de Gobierno del Partido Popular, que ha salido adelante con 258 votos a favor y 89 en contra. El fin de la citada Comisión es "investigar la utilización ilegal de efectivos, medios y recursos del Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, con la finalidad de favorecer intereses políticos del PP, perseguir ilícitamente a personas y de anular pruebas inculpatorias para este partido en casos de corrupción, durante los mandatos de gobierno del Partido Popular". El Pleno del miércoles 17 de marzo, también acogió el debate de dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La primera de ellas, del Grupo Parlamentario Popular sobre la aprobación en el Consejo de Ministros del 2 de marzo de 2021 de las Directrices Generales de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 y sus consecuencias en la futura Ley de Vivienda. Y, por último, la presentada por el Grupo Parlamentario Vox sobre qué medidas va a adoptar el Gobierno para dejar de humillar a las víctimas del terrorismo de ETA. Durante la sesión plenaria de hoy, jueves 18 de marzo, ambas mociones han sido rechazadas. A continuación, el Pleno acogió la toma en consideración de la Proposición de Ley Integral de Protección y Apoyo a las Familias, presentada por el Grupo Ciudadanos y rechazada con 162 votos a favor, 183 en contra y 2 abstenciones. Esta iniciativa proponía ampliar el ámbito de protección a las familias numerosas, apoyar a familias monoparentales para asegurar su igualdad de oportunidades respecto al resto de unidades familiares y reforzar el derecho a la conciliación entre la vida familiar y laboral, entre otras materias. Además, en relación con los permisos de maternidad y paternidad, el texto contempla incrementar su duración en dos semanas adicionales a progenitores, adoptantes, guardadores con fines de adopción o acogedores. En segundo lugar se sometió a debate la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el cumplimiento del artículo 27.1 y 27.2 de la Constitución española y la promoción de la libertad de pensamiento y el desarrollo de la capacidad crítica del alumnado, que ha salido adelante con 181 votos a favor, 161 en contra y 5 abstenciones. El texto insta al Gobierno que "vele por el cumplimiento de los artículos 27.1 que defiende el derecho a la educación y la libertad de enseñanza y 27.2 de la Constitución española que tiene como fundamento el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales"; refuerce el cumplimiento de los planes de igualdad, protocolos LGTBI y formación en igualdad en los centros educativos; garantice la pluralidad de pensamiento; promueva una campaña de apoyo a la profesionalidad, independencia y libertad de cátedra del docente; y refuerce la autonomía de los órganos directivos de los centros educativos. |