Además, afirma que desde 2014 perderán poder adquisitivo

El Gobierno corregirá la regulación de la integración de lagunas de cotización que se establece en la Ley 27/2011 de reforma de las pensiones, a la hora de calcular la base reguladora de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, con el fin de no favorecer a quien no ha cotizado durante un período de tiempo sobre quien sí cotizó, para lo cual mantendrá la fórmula actual de cotización por la base mínima.

Se conocen como lagunas los periodos en los que, por diversos motivos, no hubo obligación de cotizar. Con el fin de ayudar al trabajador en esa situación a que tuviera una pensión algo superior a la que le correspondería, en la práctica se ha venido cubriendo esas lagunas con la base mínima de cotización vigente en el período correspondiente. 

La Ley 27/2011 de reforma de pensiones, que entrará en vigor el 1 de enero de 2013, modificó este criterio de manera que un trabajador con lagunas puede traerse para completarlas lo cotizado 19 años antes, con el añadido de que dichas aportaciones están actualizadas con el IPC.

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en su comparecencia ante la Comisión del Pacto de Toledo, ha sostenido que este criterio conduce a una falta de rigor y de inequidad que perjudica a la esencia del Sistema de la Seguridad Social puesto que tratar mejor a quien no cotiza que a quien lo hace es poner al Sistema en serio riesgo económico y de crédito social.

La congelación de las pensiones en el año 2011 provocó ese año una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de 1,2 puntos porcentuales y acelerará la merma de poder adquisitivo en las pensiones contributivas, excluidas las mínimas, a partir de enero de 2014.

Esta es una de las conclusiones del informe presentado por el Gobierno a la Comisión del Pacto de Toledo, en el que se analiza la revalorización de las pensiones en el periodo comprendido entre 2007 y 2011 y su relación con la variación de precios al consumo (IPC). El Gobierno cumplía así el mandato legal previsto en la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de Reforma del Sistema de Pensiones, que preveía la presentación de dicho informe en el plazo de un año.

El informe señala que en los años 2009 y 2010 hubo un aumento de gasto de 1.354,03 y 1.320,81 millones, respectivamente, y a partir de 2011 el gasto se reduce en 915,34 millones por la pérdida neta de 1,2 puntos de poder adquisitivo. El ahorro neto por menor revalorización será de 881,26 millones de euros en 2012, de 848,45 millones en 2013 y de 816,86 en 2014. Si se efectúa una compensación entre lo percibido de más entre 2009 y 2010 y lo dejado de percibir desde enero de 2011, la pérdida real comenzará a partir del año 2014, cuando la suma de las cuantías perdidas superará a lo percibido de más. 

En el periodo analizado, la pensión media del Sistema de la Seguridad Social se incrementó en menor proporción de lo que le hubiera correspondido, en relación al IPC y a la variación de los salarios, como consecuencia de la no revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno en 2011. Las pensiones que ganaron más poder adquisitivo son las mínimas, el SOVI y las no contributivas, en la medida en que son las que no se vieron afectadas por la congelación.

España es uno de los pocos países de la Unión Europea donde la revalorización automática de las pensiones en la misma proporción que la variación del IPC está garantizada por ley, lo que tiene una incidencia considerable en el coste total de la nómina de pensiones. Una décima de revalorización de las contributivas en 2012 tendría un coste presupuestario anual de 93,83 millones de euros y comprometería un valor actual de 1.205,61 millones. 

En España, actualmente, el 26,86% del importe de la nómina de pensiones corresponde a las revalorizaciones acumuladas y el 7,04% a la garantía del mínimo. Los incrementos de gasto por complementos a mínimos han sido superiores a los aumentos de la aportación del Estado para su financiación. Incluso en 2011 se redujo esa aportación estatal en 200 millones de euros en relación con los 300 millones de euros de incremento que se venían produciendo con anterioridad.