Enmiendas a la Ley de Reforma Laboral

Las empresas que contraten a personas que sean víctimas del terrorismo recibirán bonificaciones de 600 euros y 1.500 euros anuales. En este último caso, la suma total ascendería hasta los 6.000 euros debido a que se trata de un incentivo que se puede prolongar durante cuatro años.

Por su parte, los damnificados y amenazados también tendrán, en el ámbito laboral, derecho a la movilidad geográfica y a la reducción de jornada.

Estas mejoras laborales están recogidas en las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular, a propuesta del Ministerio del Interior, ha introducido en el proyecto de Ley de Reforma Laboral. Con ellas, el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha buscado incentivar la contratación de los afectados por el terrorismo a fin de facilitar su presencia en el mercado de trabajo y, en consecuencia, contribuir a su mejor integración social.

La Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior ha desarrollado en los últimos cinco meses una importante labor para dar respuesta a las necesidades y demandas que presenta el colectivo de víctimas del terrorismo. Dentro de esta política de asistencia, ayuda y protección integral se inscriben las enmiendas ya recogidas en el proyecto de Ley de Reforma Laboral. Esta norma entrará en vigor en la primera semana del próximo mes de julio.

En el ámbito laboral, la principal medida es la fijación de bonificaciones para el empresario que contrate a personas que hayan adquirido la condición legal de víctimas del terrorismo. Este incentivo recoge cantidades de 600 y 1.500 euros anuales, que le serán descontadas al empleador de las cotizaciones por el trabajador a la Seguridad Social. Estas bonificaciones serán de 50 euros al mes (600 euros al año) en contratos temporales y de 125 euros al mes (1.500 euros anuales) si son indefinidos, con la posibilidad de disfrutar del incentivo durante cuatro años, lo que arroja un total de 6.000 euros. En el caso de los contratos temporales, la bonificación permanecerá durante toda la vigencia del contrato.

Estas nuevas medidas han conllevado un cambio en el concepto de beneficiario para ampliar estos derechos a la familia de la víctima: cónyuge o pareja de hecho e hijos tanto de fallecidos como de heridos. De esta manera se satisface una importante demanda del colectivo de víctimas del terrorismo.

Además de las especiales bonificaciones para las empresas que contraten a víctimas del terrorismo, en las enmiendas introducidas en el proyecto de Ley de Reforma Laboral también se han recogido medidas para facilitar la movilidad geográfica y la reducción de jornadas para los damnificados por el terrorismo. Así, los trabajadores que tengan la consideración de víctimas del terrorismo tendrán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo profesional o categoría equivalente, que la empresa tenga vacante en cualquier otro de sus centros de trabajo. Asimismo, la compañía estará obligada a comunicar a los trabajadores las vacantes existentes.

El traslado o el cambio de centro de trabajo tendrán una duración inicial de seis meses. Durante este periodo, la empresa estará obligada a reservar el puesto de trabajo que anteriormente ocupaba el trabajador. Terminado este tiempo, la víctima del terrorismo podrá optar entre el regreso a su puesto de trabajo anterior o la continuidad en el nuevo. En este último caso, decaerá la mencionada obligación de reserva.

Las víctimas del terrorismo también tendrán derecho a la reducción de la jornada de trabajo -con disminución proporcional del salario- o a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la aplicación del horario flexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se utilicen en la empresa.

Estas medidas se han introducido en el proyecto de Ley de Reforma Laboral al considerarse a las víctimas del terrorismo como colectivo con especiales dificultades, por lo que deben ser protegidas a efectos laborales, como ocurre con las víctimas de violencia de género y los trabajadores en situación de exclusión social.

Además de estas enmiendas que afectan al ámbito laboral, en la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo se ha adoptado otra crucial propuesta en el terreno sanitario, que se materializó el pasado 29 de febrero: el Consejo Interterritorial de Salud aprobó la creación de un grupo de trabajo que tendrá por objetivo el estudio de la mejora de la atención sanitaria al colectivo de víctimas del terrorismo, en el especial en el campo de la salud mental.