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15
Sep
2020
Pedro Sánchez quiere convertir el Valle de los Caídos en cementerio civil PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por Vicepresidencia del GobiernoAnulación de las condenas y títulos del Franquismo y elaboración de un mapa de fosas, también en el Anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, un texto con 66 artículos agrupados en 5 títulos y varias disposiciones transitorias, derogatorias y finales, que busca "encontrarnos con la verdad, la justicia, la dignificación de las víctimas, el perdón y la convivencia de los españoles", en palabras de la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo.

Calvo ha explicado que el anteproyecto obedece "estrictamente" a los parámetros de defensa y reconocimiento de los derechos humanos, atiende a las recomendaciones de Naciones Unidas, el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo -"homologando a nuestra democracia con las de otros países que también han tenido que reconocer situaciones traumáticas parecidas" - y cumple con los pronunciamientos al respecto del Congreso de los Diputados.

Asimismo, ha continuado, sigue la estela marcada por la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, que "abrió la puerta a enfrentar nuestro pasado, ha dado extraordinarios frutos y ha marcado el rumbo de por dónde teníamos que seguir trabajando".

El texto será ahora remitido para informe al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal. Calvo ha expresado su esperanza de que, cuando llegue la tramitación parlamentaria, sea una ley "respaldada por todos, para que todos podamos reconocernos en ella y reconocer a nuestro país, y para que los más jóvenes entiendan que les toca el testigo de sostener la gran democracia que por fin es España".

La vicepresidenta ha destacado dos grandes objetivos del nuevo texto. El primero, la defensa y el conocimiento de la historia democrática de España. Y el segundo, el reconocimiento, la reparación, la dignidad y la justicia para las víctimas de la dictadura y la represión.

La vicepresidenta ha señalado que la nueva ley abandona el término "memoria histórica" e incorpora "memoria democrática" para recoger los hitos de la lucha del pueblo español por sus libertades y derechos, que comenzó hace más de 200 años: "Tenemos que reencontrarnos con esta historia brillante nuestro país, que tiene que estar en la conciencia colectiva de la ciudadanía, y en las aulas, para que todos sepamos, estemos informados y podamos ser conscientes y responsables del sostenimiento de la democracia". La ley incluye medidas de carácter educativo para incorporar a los currículums de ESO y Bachillerato y también para la formación del profesorado.

Respecto a los españoles que perdieron la vida, o sufrieron exilio, cárcel y represión durante la guerra y posterior dictadura, la ley lleva aparejadas medidas de reparación. Una de ellas será la declaración de nulidad de pleno derecho de aquellos juicios y sentencias que, sin ningún tipo de garantías procesales y al margen de la legalidad propia de cualquier estado de derecho, supusieron condenas y ejecuciones.

La identificación de las víctimas sepultada en fosas comunes será asumida por la Administración General del Estado (AGE) en coordinación con el resto de administraciones públicas, con el objetivo de que las familias que así lo quieran puedan recuperar sus restos. Calvo ha adelantado que se actualizará el mapa de fosas y se elaborará un Censo y un banco de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura "que ofrezcan garantía estricta de las identificaciones".

Para llevar a cabo estas acciones, se aprobarán planes cuatrianuales dotados presupuestariamente, y además, para que todos los procedimientos sean rigurosos, se impulsará la creación de una fiscalía de sala específica en el Tribunal Supremo, un Consejo Territorial para la cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, y un Consejo de la Memoria Democrática, para asesorar al Gobierno, en el que participarán las asociaciones memorialistas de nuestro país y las familias.

Carmen Calvo ha subrayado, además, que la ley enfatiza la necesidad de recuperar la memoria de víctimas que lo fueron y sufrieron represalias "especialmente indignantes" simplemente por su sexo, orientación sexual o etnia: las mujeres, el colectivo LGTBI y el pueblo gitano.

Otros contenidos destacados por la vicepresidenta han sido la regulación e impulso de los archivos como fuente de datos y materia prima para la investigación de la memoria; la conversión del Valle de los caídos, tras haber sido exhumado el cadáver de Francisco Franco el 24 de octubre de 2019, en un cementerio civil protegido por Patrimonio Nacional, y el cambio de denominación del "Panteón de hombres ilustres" a "Panteón de España", para incluir a los hombres y a las mujeres que hayan destacado por sus aportaciones al país.

Por último, Calvo se ha referido a la propuesta de designación del 31 de octubre como fecha para celebrar el compromiso de la sociedad española con la democracia -en ese día de 1978 las Cortes Generales aprobaron el texto constitucional actual, después ratificado en referéndum- y del 8 de mayo como día para recordar a los españoles en el exilio y su lucha contra el fascismo, primero en España y, después en Europa.

El Ejecutivo ha aprobado el Real Decreto que recoge la directriz básica de criterios mínimos que deben reunir los planes especiales de protección civil frente al riesgo de emergencias por accidente de aviación civil que, por imperativo legal, deben elaborar las distintas administraciones estatal, autonómicas y locales.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que con esta norma se da "una respuesta adecuada, homogénea, y una coordinación óptima ante estas emergencias".

Los planes serán de aplicación inmediata en instalaciones aeronáuticas, en los accidentes de aeronaves ocurridos dentro del espacio aéreo de soberanía y de responsabilidad española, en emergencias de aeronaves en vuelo que puedan derivar en accidente y en actuaciones coordinadas con el Servicio de Búsqueda y Salvamento Aéreo, la Dirección General de la Marina Mercante y la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) en aquellos casos en que el accidente hubiera ocurrido en el mar.

El Consejo de Ministros ha aprobado la convocatoria para poner en marcha la Infraestructura de Medicina de Precisión asociada a la Ciencia y Tecnología (IMPaCT), a través de tres programas: Medicina Predictiva, Ciencia de Datos y Medicina Genómica.

María Jesús Montero ha explicado que este es el primer paso de la nueva Estrategia Española de Medicina Personalizada, dentro del Plan de Choque para la Ciencia y la Innovación presentado en julio, y que se destinarán a ella un total de 77,3 millones de euros.

Esta primera dotación de 25,8 millones de euros en subvenciones supondrá avanzar en la implantación de una nueva forma de hacer medicina que, al obtener el máximo rendimiento a los datos e información disponibles en el sistema sanitario, "permitirá dar una respuesta individualizada a los problemas de salud de los ciudadanos", ha dicho Montero.

 

Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática

El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática. Un texto con 66 artículos que se agrupan en 5 títulos, estructurados en torno al protagonismo y la reparación integral de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, así como a las políticas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Título preliminar, objetivo y finalidad

El objeto de esta Ley es el reconocimiento de los que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 1936, la Guerra Civil y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978. Se trata de promover su reparación moral y recuperar su memoria e incluye el repudio y condena del golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y la posterior dictadura.

A su vez, la Ley adopta medidas destinadas a suprimir elementos de división entre la ciudadanía y promover lazos de unión en torno a los valores, principios y derechos constitucionales.

Título I, las víctimas

Se determina la consideración de víctima con arreglo a los parámetros internacionales de Derechos Humanos y declara el carácter nulo de todas las condenas y sanciones dictadas durante la Guerra Civil y la Dictadura por los órganos de represión franquista, que asimismo se declaran ilegítimos. Todas ellas tendrán derecho a una Declaración de reconocimiento y reparación.

Además, instaura el 31 de octubre, fecha de la aprobación en Cortes de la Constitución española en 1978 como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas. Asimismo, se declara el 8 de mayo como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la Guerra Civil y la Dictadura.

Un Título que también recoge la elaboración un Censo Nacional de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura, dando respuesta a la fragmentación y dispersión de la información disponible sobre las desapariciones forzadas en ese periodo.

Título II, políticas integrales de Memoria Democrática

Consta de cuatro capítulos y se abre con una mención especial al papel activo de las mujeres en España como protagonistas de la lucha por la democracia y los valores de libertad, igualdad y solidaridad, que por otra parte es transversal en todo el texto de la ley.

La articulación de estas políticas se asegura a través de un plan cuatrienal de actuaciones y, en el ámbito territorial, con la creación de un Consejo Territorial como instrumento de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas, con participación de las entidades locales a través de la Federación Española de Municipios y Provincias.

En el Capítulo I de este Título, sobre el derecho a la verdad de las víctimas, se asume que la búsqueda de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la Dictadura corresponderá a la Administración General del Estado, sin perjuicio de las competencias de otras administraciones públicas relacionadas con dicha actividad, reforzando la colaboración entre las mismas. Incluye medidas como el impulso al mapa de fosas, el protocolo de exhumaciones y régimen de autorizaciones. Asimismo, se crea el Banco Nacional de ADN de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

La Sección 2ª de este Capítulo I se dedica a los archivos y documentación, verdadera memoria escrita del Estado, regulando el acceso a los fondos y archivos públicos y privados, y garantizando su acceso y protección, con una mención especial al Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca.

El derecho a la justicia se regula en Capítulo II. Con este fin, se crea la Fiscalía de Sala para la investigación de los hechos producidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución, que constituyan violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Tendrá las funciones de impulso de los procesos de búsqueda de las víctimas de los hechos investigados, en coordinación con los órganos de las distintas administraciones con competencias sobre esta materia.

Las medidas de reparación están contempladas en el Capítulo III. Se incluyen actuaciones como la investigación de los bienes expoliados durante la Guerra Civil y la Dictadura o el reconocimiento y reparación de las víctimas que realizaron trabajos forzados. Como medida reparadora de las personas que sufrieron el exilio, se dispone una regla para la adquisición de la nacionalidad española para nacidos fuera de España de padres o madres, abuelas o abuelos, exiliados por razones políticas, ideológicas o de creencia. Los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales podrán adquirir la nacionalidad española por carta de naturaleza.

El Capítulo IV se refiere al deber de memoria como garantía de no repetición. De esta forma, las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para la retirada de los símbolos y elementos públicos contrarios a la Memoria Democrática. Introduce a su vez medidas para evitar actos de exaltación o enaltecimiento del alzamiento militar, la Guerra Civil o el régimen dictatorial. Con el mismo objetivo se ocupa de la revocación de distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, de condecoraciones y recompensas o títulos nobiliarios, que hayan sido concedidos o supongan la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura.

Asimismo, incluye actuaciones dirigidas a fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.

Recoge también acciones en el plano educativo actualizándolos contenidos curriculares para ESO y Bachillerato, y en el plano de la investigación y la divulgación con el fin de fomentar, promover y garantizar en la ciudadanía el conocimiento de la historia democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas. Se contempla la constitución de una Fundación del Sector Público, cuyo objeto será contribuir al conocimiento, difusión y promoción de la historia de la democracia en España a través de la preservación de los archivos de los presidentes del Gobierno Constitucionales.

Se regulan los Lugares de Memoria Democrática con una función conmemorativa y didáctica. En cuanto al Valle de los Caídos, se enfatiza su resignificación con una finalidad pedagógica y se reconoce el derecho de los familiares a recuperar los restos de sus ascendientes. Las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos tienen el carácter de cementerio civil y solo podrán albergar restos de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil. Asimismo, se procederá a reubicar cualquier resto mortal que ocupe un lugar preeminente en el recinto. En ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni exaltadores de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura. Se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos.

Título III, movimiento memorialista

El Título III reconoce la labor realizada durante décadas por la sociedad civil en la defensa de la memoria democrática y la dignidad de las víctimas, disponiendo la creación de un registro de entidades memorialistas. Se crea un Consejo de Memoria Democrática como órgano consultivo y de participación de dichas entidades y prevé la constitución de una comisión estatal de la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano en España.

Título IV, régimen sancionador

Finalmente, el Título IV incorpora un régimen sancionador regulador de las infracciones y sanciones, en garantía del cumplimiento de los preceptos de la ley, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público. Establece multas que van desde los 200 euros para las infracciones más leves hasta los 150.000 euros para las muy graves.

La parte final tiene ocho disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y ocho disposiciones finales
 

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