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27
Mar
2020
El Gobierno prohibe por Ley los despidos durante la crisis del coronavirus PDF Imprimir E-mail
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Foto cedida por MoncloaAdemás estudiarán a fondo todos los ERTEs presentados alegando fuerza mayor

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se prorroga el Estado de Alarma declarado el pasado 14 de plazo, y la vigencia de las medidas en él contenidas, hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. Asimismo, el texto incluye una nueva disposición por la que el Ejecutivo remitirá semanalmente al Congreso información sobre las medidas adoptadas para contener el virus Covid-19 y la valoración de su eficacia.

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que el esfuerzo de permanecer otros 15 días en confinamiento en casa es "imprescindible" para contener la propagación del virus, frenar su expansión y ganar tiempo para que el sistema sanitario "mantenga íntegra su capacidad de respuesta asistencial y pueda atender a la totalidad de las personas enfermas".

Montero ha señalado que la sociedad debe sostener la fortaleza, civismo y solidaridad que ya viene demostrando y cumplir con estas medidas, "porque si actuamos unidos y cada uno desarrollamos nuestro papel con responsabilidad y eficacia, saldremos de esta crisis en menor tiempo".

El Gobierno ha adoptado un Real Decreto-ley con medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar los efectos derivados de la crisis sanitaria de la COVID-19. La nueva norma, completa, concreta y refuerza la aplicación y los mecanismos de control de las medidas puestas en marcha a través del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo. La iniciativa ofrece una mejor cobertura y establece medidas específicas para algunos sectores. Además, pretende agilizar la contratación pública durante la crisis causada por la coronavirus.

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha reiterado que "el Gobierno no va a dejar a nadie atrás" y, con este objetivo, ha acordado hoy un "ambicioso bloque de medidas de carácter social". Durante su comparecencia, la ministra ha recalcado que nadie puede aprovecharse de la crisis sanitaria para despedir.

La norma, ha subrayado, establece mecanismos legales y recursos públicos ingentes para que los empresarios puedan acudir a los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) y asegurar el mantenimiento de los contratos. En este sentido, no podrán propiciar despidos por causas de fuerza mayor, técnicas, económicas, organizativas y de producción.

Los contratos temporales, ha aclarado, no se extinguen, sino que se interrumpen, y se reanudarán una vez concluya la crisis sanitaria. "No es necesario despedir a nadie en nuestro país. Esta crisis es un paréntesis y creemos que hay mecanismos suficientes para que entre todos hagamos un uso responsable de los bienes públicos".

Yolanda Díaz también ha avanzado que se simplificarán los expedientes de regulación temporal de empleo. Las empresas tendrán que rellenar un formulario con los datos personales del trabajador, su Documento Nacional de Identidad y su número de cuenta. Las oficinas del servicio público de empleo tramitarán y reconocerán las prestaciones por desempleo con prontitud. Estas prestaciones, ha aclarado la ministra, se otorgarán incluso a aquellas personas que no cumplen con los plazos de cotización previa habituales.

Por otra parte, la ministra ha anunciado que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social revisará de oficio todos los ERTE, comprobará las causas alegadas para solicitarlos y, en caso de solicitudes con falsedades e incorrecciones, o si se observa cualquier tipo de fraude, las empresas "tendrán que devolver hasta el último céntimo de euro percibido, incluida la prestación por desempleo del trabajador afectado".

La titular de Empleo ha reconocido la actitud de la ciudadanía ante la crisis, la labor del personal sanitario, el trabajo que los empleados del Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE), que se ha reforzado con 1.000 efectivos, y de todos los servicios públicos, que "están trabajando a destajo".

La Comunidad de Madrid ha enviado una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la que reclama que se clarifiquen los procedimientos relativos a la presentación de Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) y a la tramitación de las prestaciones de empleo de los trabajadores afectados por la evolución del coronavirus (COVID-19). El objetivo es aportar seguridad jurídica a trabajadores y empleadores y evitar una duplicidad de trámites.

En la misiva, el consejero de Economía, Empleo y Competitividad, Manuel Giménez muestra su preocupación por el hecho de que las medidas adoptadas por el Gobierno central para limitar los efectos negativos de la suspensión de contratos de trabajo a través de ERTES hayan derivado en una normativa “abierta a interpretaciones generadoras de confusión en su aplicación”.

Asimismo, Giménez ha subrayado que Madrid, como comunidad autónoma uniprovincial, está afrontando “una solicitud masiva de ERTES que desborda cualquier capacidad administrativa de tramitación”. Así, denuncia la existencia de dos procedimientos diferentes para la tramitación de dichos expedientes en función de la fecha en la que se hayan presentado. Por un lado, los recibidos antes del 18 de marzo, deben ser informados por la Inspección de Trabajo y en ellos se suspende el plazo de 5 días para ser resueltos; y los presentados a partir de esa fecha, en los que el informe de la Inspección es potestativo pero están sujetos al plazo de 5 días, tras el cual se estima la solicitud mediante silencio administrativo positivo.

“Esta regulación hace que, en la práctica, los ERTES presentados desde el 18 de marzo van a ser resueltos antes que los tramitados previamente a esa fecha, lo cual resulta incomprensible para las empresas y trabajadores y crea una lógica sensación de indefensión”, ha advertido el consejero madrileño, quien ha constatado que muchas empresas están presentando de nuevo sus ERTES para que sean acreditados de acuerdo con las reglas actuales. En este sentido, ha reclamado que, para evitar esta situación, se sustituya la constancia de la autoridad laboral por la declaración de responsabilidad de la empresa sobre la existencia de la situación de fuerza mayor que motiva el expediente.

Por su parte, respecto a la inscripción como demandante de empleo de trabajadores afectados por despido individual, ERE o ERTE motivado por el coronavirus, Giménez ha recordado que el pasado viernes 19 de marzo la Comunidad de Madrid habilitó en su página web un formulario de inscripción telemática para facilitar este trámite. Este sistema permite compartir con el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) todos los datos necesarios, de cara a que este órgano trámite la prestación por desempleo de los trabajadores afectados “y dé tranquilidad a los beneficiarios”.

Después de que el Servicio de Empleo Público Estatal haya implantado un formulario muy similar al de la Comunidad de Madrid, Giménez reclama que “no se generen duplicidades” y pide al SEPE que no exija a las empresas ningún otro documento para colaborar con la inscripción de oficio de los trabajadores incluidos en un ERTE, así como “a no imponer a los trabajadores madrileños que ya han completado nuestro formulario un trámite redundante de inscripción”.

La Comunidad de Madrid ha cerrado acuerdos de colaboración con varios colegios profesionales que desarrollan su actividad en la región para ofrecer a los trabajadores, empresarios y autónomos madrileños información y asesoramiento gratuito sobre los efectos laborales que está provocando la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

Así, gracias a estos acuerdos tramitados desde la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), a través de su centro de Responsabilidad Social de la Abogacía, ha creado un listado de colegiados que ofrecerán de manera voluntaria asesoramiento jurídico-laboral a pymes y autónomos de la región con empleados a su cargo y afectados por Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) motivados por el COVID-19. Este listado se puede consultar en la página web del Colegio (www.icam.es). Además, el Servicio de Orientación Jurídica Laboral del ICAM tiene habilitado un teléfono gratuito (900 814 815) para ofrecer asesoramiento a trabajadores afectados por un ERTE.

Por su parte, el Colegio de Graduados Sociales de Madrid ha habilitado una dirección de correo electrónico (presidencia@graduadosocialmadrid.org) desde la que sus colegiados responderán, de manera ágil y sencilla, a las consultas de los ciudadanos en materia laboral y de Seguridad Social (prestaciones, reclamaciones de salario, conciliación de vida laboral y familiar, etc.).

También por correo electrónico (consultascovid@gestoresmadrid.org) responderá el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, que agrupa a los profesionales especializados en normativa y tramitación administrativa de ciudadanos y empresas y que pueden asesorar sobre cómo proceder en la actual situación para cumplimentar actuaciones como la presentación de expedientes de ERTE, declaraciones tributarias o la obtención de certificados de cualquier registro, entre otros.

Esta iniciativa de la Comunidad de Madrid se suma a otras actuaciones que ya se han puesto en marcha desde el Gobierno regional para responder a los efectos que está provocando el coronavirus en el empleo y las empresas de la región.

Así, la web de la Comunidad de Madrid (www.comunidad.madrid) ofrece una guía útil permanentemente actualizada con toda la información que deben conocer y manejar los trabajadores, autónomos y empresarios afectados por las medidas incluidas en el Estado de Alarma decretado por el Gobierno central, y que ha establecido limitaciones a la actividad comercial, hostelería y restauración, entre otros sectores económicos.

Además, desde el pasado viernes está activado el formulario que permite la inscripción online como demandantes de empleo a todos aquellos trabajadores de la región que se hayan visto afectados por despidos o regulaciones temporales de empleo provocadas por el coronavirus.

Este formulario (www.comunidad.madrid/tramites-rapidos-desempleo), una vez enviado, posibilitará a la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de Madrid gestionar la inscripción del usuario como demandante de empleo. y al Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) tramitar de manera inmediata su prestación por desempleo para agilizar al máximo el cobro de la misma.

CCOO y UGT valoran que el Gobierno haya atendido algunas de las principales reivindicaciones sindicales, una moratoria para los despidos, agilizar los trámites de los ERTES y controlar sus causas, de tal forma que, si están mal aplicadas, y se utiliza la fórmula de causa mayor, los empresarios tengan que restituir las cotizaciones correspondientes.

UGT y CCOO valoran las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros en materia laboral: la prohibición de despedir durante la crisis sanitaria por causa de fuerza mayor, objetivas, técnicas u organizativas; que no se puedan extinguir los contratos temporales, y que se puedan interrumpir durante la crisis; que se ponga el contador a cero durante el desempleo; y que se ejerza un mayor control o vigilancia sobre los Expedientes de Regulación de Empleo y que se garantice la reincorporación al empleo de estas personas, una vez finalizada esta situación, entre otras.

Las organizaciones sindicales CCOO y UGT habían planteado ya hace unos días al Gobierno estas medidas que han sido aprobadas hoy en Consejo de Ministros: la necesidad de desincentivar los despidos durante esta etapa, adoptando una moratoria similar a la de Italia y agilizar los trámites de los ERTES y controlar sus causas para que los empresarios no puedan eludir su obligación de pagar las cotizaciones sociales de los trabajadores.

Estas medidas dan respuesta a las propuestas realizadas por el sindicato suponen un paso adelante en la protección de las personas trabajadoras, en unos momentos muy complicados marcados por la pandemia y el estado de alarma que vive el país.

Precisamente ayer los secretarios generales de ambos sindicales, Pepe Álvarez y Unai Sordo, recordaban estas propuestas ante la avalancha de despidos al que estaban recurriendo las empresas, habiéndose puesto a disposición otros mecanismos menos traumáticos, como las suspensiones temporales empleo. El objetivo no era otro que evitar la barra libre de despidos bajo la excusa de la crisis del Coronavirus.

Nadie puede aprovecharse de esta situación para despedir porque los agentes sociales acordamos medidas para que las empresas no utilicen esta fórmula durante esta crisis.

Los ERTE son la alternativa a los despidos y las empresas deben apostar por esta cuestión. Estos expedientes deben ser iguales en todos los puntos del país, no diferentes dependiendo de las Comunidades Autónomas. Y, en este sentido, el sindicato valora que el Gobierno tome medidas, para evitar el fraude en estos expedientes y exigir responsabilidades a las empresas que los utilicen de forma irresponsable

UGT y CCOO recuerdan que hay que seguir extremando la protección de las personas trabajadoras en esta crisis y, en este sentido, es necesario garantizar el derecho al desempleo; resolver también la situación de inseguridad en la que se encuentran las empleadas de hogar, equiparando en derechos a este colectivo con el resto de personas trabajadoras.

Unión Progreso y Democracia (UPYD) quiere mostrar su apoyo y reconocimiento explícito a la labor realizada por todos los que están trabajando en primera línea para contener al COVID19 destacando su esfuerzo, entrega y determinación. Especial mención al personal sanitario, "que está demostrando que el capital humano sobresaliente es lo que hace que España sea una de las mejores sanidades del mundo". Como ha resaltado el Portavoz Nacional de la formación, Cristiano Brown, “La sociedad española está a la altura pero si el 10% de los infectados son los sanitarios eso es porque no se les ha dado recursos y esto lo tendrá que responder este gobierno”.

Este reconocimiento quieren hacerlo extensivo al Ejército y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, pese a haber sido maltrados estos últimos, con la no admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pedía la equiparación salarial siguen garantizando la seguridad de la ciudadanía más allá de lo que el deber obliga.

El Coronavirus no es sólo una crisis sanitaria y, por ello, los magentas alertan que "las medidas de confinamiento y cuarentena que ha impuesto el gobierno y que le han llevado a decretar y prorrogar el estado de alarma son una bomba de relogería a nivel económico". Las debilidades estructurales que tenemos en materia de economía y empleo, sumadas al crisis sanitaria, podrán desembocar en graves consecuencias para la economía. Por ello, UPYD no propone medidas coyunturales sino reformas estructurales contrastadas para ayudar a PYMES y Autónomos, quienes no van a poder hacer frente a esta situación sin una ayuda por parte de las autoridades.

Estas medidas destinadas a salvar la economía han sido ampliadas para incluir a dos colectivos de trabajadores autónomos que presentan mayor precariedad y desamparo: los falsos autónomos y los autónomos económicamente dependientes.

FALSOS AUTÓNOMOS:

  • Agilizar la conversión de falsos autónomos en trabajadores laborales para todos los casos con sentencia judicial en ese sentido.

  • Revisión profunda para detectar casos ocultos.

  • RIDERS: El ministerio debe dar orden a las inspecciones de trabajo para que actúen de oficio y apliquen las sentencias favorables en varias CCAA.

AUTÓNOMOS ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES:

  • La empresa tendrá la obligación de presentar y facilitar la información relativa a la facturación.

  • Considerar que el cierre temporal de la empresa equivale a la caída de la facturación del 100%. Esto debe permitir al autónomo dependiente cobrar la prestación por cese de actividad sin darse de baja ni perder la tarifa plana en su cuota.

Estas medidas sirven para completar las medidas económicas propuestas que fueron:

  • Vinculación de la cuota de autónomos a los ingresos reales, teniendo en cuenta un mínimo vital exento: de esta forma, los autónomos que no facturen o cuya facturación sea muy baja estos días, no verán aplazada su cuota sino que directamente no la generarán. Esta reforma debe hacerse extensiva a los autónomos que paguen su cuota a través de un sistema de mutua colegial.

  • IVA de caja para autónomos y PYMES: fin de la obligación de adelantar el IVA de trabajos facturados pero aún no cobrados, terminando con la merma de liquidez que esto supone. Esto implica que las empresas sólo abonarán este impuesto indirecto cuando efectivamente hayan cobrado los trabajos que lo han generado.

  • Ayudas a la digitalización para el teletrabajo: en estos días se corre el riesgo de que muchas empresas no puedan implantar el teletrabajo de sus empleados no porque no quieran, sino porque no cuentan con la infraestructura tecnológica para ello. En muchos casos, este problema se puede resolver con una línea de ayudas y créditos específica para tal fin.

  • Flexibilizar la aplicación de los ERTES, asumiendo el estado la totalidad o un alto porcentaje de los salarios y cuotas de los trabajadores temporalmente apartados del trabajo. Medida que ya fue puesta en marcha por el gobierno tras la publicación de ésta por UPYD en sus redes sociales y web.

  • Además, UPYD apoya la moratoria en el pago del impuesto de sociedades que se ha implantado desde el gobierno, y añadimos la necesidad de que dicha deuda tributaria pueda ser abonada, tras la vuelta a la normalidad, en cuotas progresivas.

  • También aplaudimos la decisión de algunas entidades bancarias que han ofrecido líneas de crédito extraordinarias, y pedimos al estado que las complemente a través del ICO, con créditos blandos de carencias flexibles.

Así mismo, Unión Progreso y Democracia quiere insistir en hacer un llamamiento a la calma, que se respeten las medidas de confinamiento y se sigan las recomendaciones de las autoridades; sólo con este sacrifico podemos salvar a nuestros mayores y mitigar las difíciles y nocivas consecuencias de esta pandemia.

Desde el portal de ofertas de empleo Jobatus han realizado un estudio sobre las ayudas que recibirá España por el impacto del coronavirus y en particular los autónomos. En España, ya se ha estimado la cantidad necesaria para mitigar las consecuencias económicas derivadas del coronavirus, 200.000 millones de euros. Estas ayudas irán destinadas a apoyar a los trabajadores, empresas y autónomos, proteger a las familias vulnerables y respaldar ivestigaciones científicas y sanitarias.

Con la llegada del coronavirus no sólo nos hemos visto expuestos a una gran crisis sanitaria, sino también económica. Ante esta situación, el Gobierno ha señalado que España requiere de presupuestos extraordinarios por ser una situación sin precedentes y de emergencia y que se hace necesario un sobreesfuerzo político y por parte de todos los partidos para que la economía del país se reconstruya. La cantidad definida por el gobierno para paliar el nuevo marco enonómico del país es de 200.000 millones de euros, de los cuales 117.000 serán exclusivamente públicos.

Entre todos los daminificados por la pandemia, los autónomos y sus trabajadores han sufrido especialmente. El cierre de los comercios, establecimientos y oficinas ha generado en estos la imposibilidad de percibir ingresos y retribuir salarios por lo que los negocios asumen en alto riesgo de continuidad. Ante esta situación el gobierno ha lanzado una serie de ayudas que menguan el impacto económico con el fin de evitar una crisis económica irreversible por el cierre definitivo de las empresas afectadas y por consiguiente el correspondiente despido de todos los empleados. Según un estudio realizado por la web de empleo Jobatus, el número de autónomos registrados en España en el RETA, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, asciende a cerca de 3 millones.

Entre las distintas ayudas económicas dispuestas se encuentra la hipotecaria. Hasta el 3 de mayo, los trabajadores que hayan perdido su trabajo o experimenten un descenso considerable de sus ingresos o ventas de al menos 40%, en el caso de los negocios, pueden solicitar la exención del pago de su hipoteca. Esta medida también se aplicará en los casos en los que el importe hipotecario equivalga o supere el 35% de la renta mensual familiar. También estará prohibido cortar el agua, la luz o el gas a los hogares afectados por tal situación.

El resto de ayudas económicas, las podrán solicitar los autónomos que se hayan visto obligados a cesar su actividad a causa de la declaración del Estado de Alarma del 14 de marzo. De la misma forma, también recibirán ayudas económicas aquellos en los que sus ingresos se hayan reducido un 75% con respecto al mes anterior en comparación con el semestre anterior. Los mismos tendrán que continuar afiliados a la Seguridad Social y estar al corriente de pago. Si en el momento de cerrar o mermar su actividad empresarial-económica no cumplen con este requisito tendrán que abonar las cuotas pendientes en un plazo máximo de 30 días.

Los autónomos que no tengan un tiempo mínimo cotizado, como caso extraordinario, también se verán beneficiados de esta ayuda. Al mismo tiempo que se esté recibiendo se estará cotizando en la Seguridad Social y no contabilizará de cara a las prestaciones futuras. Para acceder a esta ayuda, se deberá contactar con la mutua colaboradora con la Seguridad Social y requerirla telemáticamente. Los autónomos que hayan cesado su actividad por el Estado de Alarma tendrán que anexar el modelo 145, una fotocopia del DNI, los dos últimos recibos de cotización y su número de cuenta bancaria para que la prestación sea ingresada. Los trabajadores en los que su ejercicio se haya reducido más de un 75% deberán añadir la documentación señalada por la mutua.

 

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