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21
Jul
2017
Condenados a cadena perpetua ocho saharauis en Marruecos PDF Imprimir E-mail
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UPYD cree que el proceso no ha tenido las suficientes garantías procesales

Tras haberse conocido esta semana las durísimas condenas impuestas por un tribunal marroquí en el llamado Proceso de Gdeim Izik a 25 activistas saharauis, en una sentencia por la que 8 de ellos tendrán que cumplir cadena perpetua y a otros 13 se les han impuesto penas que oscilan entre los 20 y 30 años de prisión, Unión, Progreso y Democracia desea volver a reiterar su profundo rechazo a la celebración de dicho juicio y exigir al Gobierno de España que cumpla con sus responsabilidades con el pueblo saharaui, considere la nulidad del proceso y reclame a Marruecos el indulto de los activistas.

Es evidente, por lo que se ha venido conociendo hasta ahora del juicio, y lo que han manifestado organismos internacionales como Human Rights Watch o Amnistía Internacional, que el proceso no ha contado con las debidas garantías, que muchos testimonios podrían haber sido deducidos con torturas y que apenas ha habido pruebas libres de la sospecha de manipulación para sustentar las acusaciones, además de haberse impedido la presencia de algunas delegaciones de observadores.

A todo ello habría que añadir la más que dudosa legalidad "per se" del proceso, si se tiene en cuenta que es por hechos que tuvieron lugar en un territorio, el Sáhara Occidental, aún pendiente de descolonización y en el que Marruecos solo puede argumentar su condición de Potencia Ocupante, pero nunca su soberanía, lo que según el Derecho Internacional hubiese obligado, en todo caso, a celebrar el juicio en el Sáhara Occidental, pero nunca en Marruecos.

Pero tanto o más grave nos parece el clamoroso silencio que sobre la cuestión ha guardado hasta ahora el Gobierno de España si se tiene en cuenta que, según la ONU, no ha perdido la condición de Potencia Administradora "de iure" del Sáhara Occidental, y que sigue manteniendo responsabilidades con su población y con las vulneraciones de los Derechos Humanos que allí se producen, no solo por razones históricas o de carácter humanitario, sino de tipo jurídico.  

Es por todo ello, y en coherencia con el histórico compromiso de UPyD con el pueblo saharaui que volvemos a reclamar al Gobierno de España una acción diplomática decidida en defensa de los Derechos Humanos en el Sáhara Occidental que implique la consideración de la nulidad del proceso y la petición formal al Reino de Marruecos del indulto de todos los activistas saharauis presos, así como que deje de bloquear las reiteradas resoluciones de Naciones Unidas que reconocen desde los años 60 al pueblo saharaui, de modo concreto y específico, su  derecho a la autodeterminación y a la independencia.

 

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