“Los acuerdos de libre comercio suponen prosperidad y desarrollo” celebra el presidente del Consejo Europeo Donald Tusk. Sin embargo, como muestra el informe de 2014 de la UNCTAD (Naciones Unidas) a día de hoy no existe ningún estudio que evidencie el beneficio de los tratados de libre comercio para la población, más bien han supuesto la desregulación de sectores públicos y pérdida de empleo. El informe de la universidad de TUFTS proyecta la perdida de 200.000 empleos con la entrada del CETA.

Ecologistas en Acción alerta que el tratado entre Canadá y Europa pone en peligro los estándares sociales y reglas ambientales que supongan una “barrera al comercio”. La inclusión del ICS - los derechos extraordinarios para inversores a través de los mecanismos privados de arbitraje – amenaza la soberanía de los Estados frente al control de las grandes corporaciones. Este sistema de justicia privada permite que las grandes corporaciones demanden a los Estados soberanos bajo el CETA, como muestra un estudio realizado por la organización.

Según el relator especial sobre Derecho Internacional en Naciones Unidas, Dr. Alfred De Zayas “el peligro de firmar el CETA y el TTIP es tan grave que todos los actores sociales, especialmente parlamentarios nacionales, deberían debatir en profundidad sus pros y contras. La agenda corporativa detrás del CETA pone en peligro el trabajo, la salud y la protección del medioambiente.”

Cientos de juristas, jueces y fiscales han alertado a la UE y Canadá del peligro de firmar el tratado. Sin embargo, han hecho caso omiso, así como a las demandas de la opinión publica y a los más de 2000 parlamentos regionales y gobiernos locales en oposición al TTIP y el CETA.

Por lo contrario, la UE Y Canadá han ejercido una maniobra de presión a los parlamentos regionales de Bélgica obligando a un “acuerdo” que levantaría el veto a la firma del CETA bajo una serie de condiciones.

Ecologistas en Acción señala que el “acuerdo” presentado por Bélgica a día de hoy no presenta cambios significativos al tratado para garantizar la protección de los estándares sociales y reglas ambientales, y tampoco modifica el ICS - los derechos extraordinarios para inversores a través de los mecanismos privados de arbitraje.

“El documento acordado por el gobierno belga investiga la compatibilidad del ICS con la legislación Europea y busca mejorar la independencia del ICS. Sin embargo deja fuera todos los otros peligros de este sistema.” dice la organización.

La organización recuerda que el único “acuerdo” que puede garantizar la protección de nuestros servicios públicos y de nuestro ya fragilizado planeta es la paralización inmediata del CETA.

A finales de este año, el Parlamento Europeo tendrá que votar el texto y en el caso de sea aprobado será llevado a la ratificación por los 38 parlamentos nacionales y regionales en el 2017.

Ecologistas en Acción llama a la participación de todas las personas en las próximas convocatorias realizadas por la Campaña No al TTIP para sumar fuerzas en la paralización de estos tratados.