La Institución pide la "intervención del Defensor del Pueblo Europeo al considerar que la actuación de la Comisaría de la Competencia podría suponer mala administración, así como una infracción de los principios de irretroactividad, seguridad jurídica, protección de la confianza legítima e igualdad".

La Defensora destaca en su misiva la "diferencia de trato entre la decisión adoptada para Francia, en un caso similar, y la aplicada para España. Así, mientras que a Francia sólo se le exigió la devolución de las ayudas a partir del inicio del procedimiento, en el caso español se pretende el reintegro con carácter retroactivo a varios años antes de la apertura del expediente".

Una medida que, en opinión de la Institución, "arruinará al sector, ya que la devolución de dichas ayudas afecta a todo el sector naval español y hace inviable su futuro, en un momento en que la necesidad de empresas y empleos es fundamental para la economía española y por ende para la europea".

Además, Soledad Becerril subraya el "grave perjuicio a España que ha causado la inactividad de la Comisión en esta materia durante un periodo tan largo, así como el tiempo que ha tardado en decidir que tales ayudas no son compatibles con el ordenamiento jurídico comunitario, cuando eran públicas y conocidas. De hecho, la Comisión Europea dictó la resolución para Francia el 13 de abril de 2005 y, sin embargo, no inició el expediente a España hasta julio de 2011".

Con esta carta, la Defensora del Pueblo quiere "apoyar la proposición no de ley aprobada por el pleno del Congreso con el poyo de todos los grupos para defender al sector naval español y respaldar las actuaciones emprendidas en el mismo sentido por los defensores autonómicos de Galicia y País Vasco".