Afectaría a los que compraron acciones de Bankia

Ante el anuncio del Ministro de Economía Luis de Guindos sobre la inminente puesta en marcha del arbitraje para los afectados por las participaciones preferentes de Bankia, la OCU critica la "falta de transparencia de este procedimiento y la escasa información facilitada por las autoridades de consumo. El arbitraje, o al menos el Sistema Arbitral de Consumo, es un instrumento que las Administraciones Públicas ponen a disposición de los ciudadanos para resolver sus conflictos con empresas y profesionales. El órgano arbitral debe actuar con imparcialidad e independencia. El Gobierno ha decidido que este órgano arbitral sea la Junta Arbitral Nacional de Consumo, adscrita al Instituto Nacional del Consumo (INC), que depende del Ministerio presidido por Ana Mato".

Sin embargo, la OCU tiene "dudas acerca de la capacidad de este órgano para gestionar un procedimiento de esta magnitud debido a su escasez de medios humanos y técnicos. La única información que el INC tiene colgada en su página web a disposición de los cientos de miles de afectados por el mayor escándalo financiero de los últimos años es una escueta nota de un folio. En su breve comunicado, el INC “echa balones fuera” y recomienda a los afectados que acudan a las oficinas de Bankia, donde habrán de presentar los formularios de solicitud de arbitraje. Pero aquí no da comienzo el procedimiento sino que dichas solicitudes serán enviadas a una consultora externa para su evaluación".

Esta es una de las principales críticas de la OCU: "que, como paso previo, el Gobierno haya encomendado una labor de “filtrado” a la consultora KPMG. Esta será quien decida qué casos podrán ser sometidos al arbitraje y cuáles no. La OCU, que hasta hoy ha presentado 16 demandas judiciales contra Bankia, denuncia que los abogados de KPMG son los mismos que están defendiendo a la entidad financiera en los juicios que tiene planteados por toda España. Ello supone un manifiesto conflicto de intereses y una quiebra del principio de imparcialidad que debe presidir estos procedimientos".

Además, la OCU sospecha que "esta consultora sólo aprobará aquellos casos más flagrantes y en donde Bankia haya actuado sin ningún escrúpulo en la colocación de este producto. En este sentido la OCU pide que los criterios para determinar quiénes podrán acceder al arbitraje sean públicos y transparentes, para evitar discriminaciones y arbitrariedades en este proceso de selección previa. Los afectados han de saber que, una vez que Bankia se adhiera al arbitraje, la resolución final será vinculante para ambas partes y por tanto, no se podrán ejercer posteriores reclamaciones por la vía judicial sobre el mismo caso. En este sentido, la OCU quiere que las autoridades de economía y de consumo aclaren hasta qué momento, después de presentada la solicitud, los afectados pueden renunciar al arbitraje y elegir la vía judicial para recuperar sus ahorros".

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) quiere manifestar su "preocupación en relación al arbitraje de consumo respecto de la venta irregular de participaciones preferentes y deuda subordinada por parte de las entidades bancarias que se está haciendo público estos días. En primer lugar, exigimos mayor claridad y transparencia para conocer qué entidades se someterán a este procedimiento y bajo qué condiciones. Es preciso conocer si los expedientes van a tramitarse, como señalan las últimas noticias, a través de la Junta Arbitral Nacional en detrimento de las juntas arbitrales más próximas al domicilio del afectado; si el arbitraje va a ser celebrado mediante la figura del árbitro único y quién ostentará dicha condición; con qué criterios van a dirimirse las solicitudes de arbitraje que van a ser admitidas y las que van a desestimarse… La confusión, el desconcierto y la falta de información que está rodeando a esta pretendida solución hace que, en principio, CECU la rechace".

Según las informaciones que CECU ha ido conociendo, "las entidades financieras están estudiando y seleccionando minuciosamente los casos en los que admitirán someterse a arbitraje, muchos de los cuales están relacionados con la comercialización de estos productos a personas con evidente desconocimiento e inexperiencia sobre productos financieros (personas mayores, discapacitados, menores de edad y algunos incluso firmados con la huella dactilar), casos que serían fácilmente estimados en los tribunales".

Otro aspecto para la preocupación es ·la falta de información y formación que tienen muchas de las personas que han solicitado y solicitarán el arbitraje. CECU considera imprescindible explicar a los afectados, antes de que acudan a pedir el arbitraje, qué es el procedimiento arbitral y cómo funciona y, sobre todo, los efectos que tiene el arbitraje, ya que, una vez dictado un laudo sobre la cuestión debatida, no es posible reclamar ante los tribunales de justicia: el laudo puede ser contrario al usuario y, en ese caso, el afectado no podría pedir amparo judicial ¿Saben esto los afectados?".

Por otra parte, CECU rechaza, tal y como parece que ocurrirá, que "los arbitrajes relacionados con las preferentes se realicen a través de la figura del árbitro único y recuerda que esta figura solo puede utilizarse, según el artículo 19 del Real Decreto 231/2008, si el importe de la reclamación es inferior a 300€ o si las partes así lo acuerdan. CECU considera que, aunque los consumidores puedan acudir al arbitraje y “acordar” que haya un árbitro único, ese “acuerdo” no será sino una imposición de una de las partes, lo que desvirtúa la esencia del arbitraje de consumo. Las asociaciones de consumidores venimos denunciando reiteradamente la falta de contundencia de la administración a la hora de sancionar a las entidades que vulneran de forma sistemática las normas de protección a los consumidores y el hecho de que, cuando lo hacen, su impacto es tan pequeño que a las empresas les resulta más rentable incumplir la normativa y pagar la sanción que respetarla. No obstante, creemos que este caso supera lo que éticamente es admisible, incluso para la administración pública, y no puede quedarse únicamente, en el mejor de los casos, en la devolución de los importes aportados a algunos de los afectados".

"Desde CECU instamos a los ciudadanos a que se pongan en contacto con su asociación de consumidores a fin de estudiar la viabilidad de su reclamación a través del arbitraje o de los tribunales de justicia y a la administración y a la fiscalía a que se lleve a cabo una investigación sobre la comercialización irregular de estos productos y a que actúen con contundencia", concluye la Asociación.