En diez días el Tribunal decidirá si plantea recurso ante el Constitucional

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) valora de manera positiva la providencia de la Audiencia Nacional y, desde el respeto a la independencia al Poder Judicial, espera que se plantee una cuestión de constitucionalidad. De hecho, CSI-F y el resto de los sindicatos se dirigieron recientemente a la Defensora del Pueblo y a los Grupos Parlamentarios para que promovieran un recurso de Inconstitucionalidad en los mismos términos que sugiere ahora la Audiencia Nacional.

Para CSI-F, el decreto del Gobierno vulnera claramente las garantías constitucionales que garantizan la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo la retirada de la paga extra. De hecho considera que este decreto tiene un carácter confiscatorio inadmisible en un estado de Derecho.

Desde la prudencia, a la espera de conocer una decisión definitiva por parte de los tribunales,  CSI-F espera que el Gobierno tome nota y rectifique cuanto antes, puesto que a lo largo de las próximas semanas va a recibir una catarata de reclamaciones por parte de los diferentes ámbitos de las administraciones públicas, tanto del personal funcionario, como laboral. Gracias a las presiones de CSI-F, el pasado mes de diciembre Hacienda decidió devolver a los empleados públicos las cotizaciones correspondientes a la paga extra de navidad no cobrada.

Por otra parte, la Plataforma Sindical y de Asociaciones de Empleados públicos promovió las primeras reclamaciones por la supresión de la paga extra de navidad, por la vía de lo Contencioso-Administrativo. A lo largo de esta semana, y en días sucesivos,se harán efectivas las reclamaciones en los diferentes sectores de la Administración, tanto en el, personal laboral como funcionario, para que se restituya este derecho salarial consolidado.

Los sindicatos respaldarán la presentación de un recurso por cada sector (Sanidad, Educación, Correos, Administración General del Estado, etc), cada ámbito territorial y departamento ministerial y en el caso de que prosperen, posteriormente solicitarán la extensión de la sentencia a todos y cada uno de los empleados públicos afectados por la medida.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), sindicato más representativo en las Administraciones públicas, y el resto de los miembros que integran la Plataforma, consideran que la retroactividad del decreto de recortes vulnera las garantías constitucionales, además de quebrar el principio de seguridad jurídica.

Atendiendo a estos argumentos, los empleados públicos reclamarán a la justicia que considere la posibilidad de plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto de medidas de ajuste del pasado mes de julio.

El colectivo de empleados públicos, de manera paralela, solicita que se les devuelva la parte proporcional de la paga extra devengada los días previos a la entrada en vigor del citado real decreto (el decreto entró en vigor el 15 de julio y la paga se empieza a devengar en junio), en línea con las recomendaciones del Defensor del Pueblo, que ha sido desatendida por el Gobierno.