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20
Ago
2026
Europa vuelve a recordar a España que debe repatriar a todos los inmigrantes PDF Imprimir E-mail
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El Gobierno se niega y ya ha comenzado a trasladarlos a la Península

La Comisión Europea ha recordado a España su "deber" de retornar a todos los migrantes que han entrado de forma irregular en Ceuta, incluidos los menores no acompañados, según ha declarado el portavoz de Asuntos Internos, Markus Lammert. Lammert ha subrayado que la protección de los menores migrantes es una responsabilidad del Estado español y que la Comisión tiene la "clara expectativa" de que todos los migrantes, sin excepción, sean devueltos a Marruecos. El portavoz ha indicado que la Comisión está colaborando estrechamente con el Gobierno español para ayudarles a finalizar su solicitud de asistencia, aunque ha aclarado que aún no se ha recibido una solicitud definitiva.

 

La Comisión está dispuesta a ofrecer apoyo a España a través de diversos recursos, incluyendo fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), destinados a financiar la acogida y asistencia de los migrantes que continúan en Ceuta. Además, se ha mencionado la posibilidad de refuerzos de recursos de agencias europeas como Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), lo que indica una disposición por parte de la UE para ayudar en la gestión de la situación migratoria. La postura de la Comisión refleja un enfoque estricto sobre la legalidad en la gestión de la migración en Ceuta.

La Comisión Europea subraya su firme posición respecto a la gestión de la migración en Ceuta y la responsabilidad de España en este contexto, con un énfasis en la colaboración entre las autoridades españolas y la Comisión para abordar los desafíos que presenta la migración irregular en la región. La protección de los menores migrantes y el retorno de todos los migrantes a Marruecos son aspectos centrales de esta política, que ha generado un debate en torno a los derechos de los menores y las políticas de migración en la UE. La situación sigue siendo compleja y requiere un equilibrio entre la legalidad y la protección de los derechos humanos.

 

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