Ábalos, Koldo y Victor de Aldama pasarán por el Supremo; y Jorge Fernández Díaz y Villarejo, por la Audiencia Nacional

Dos juicios, dos exministros, dos épocas, dos presuntas tramas de corrupción que salpican a los dos grandes partidos. La semana judicial más esperada de la década arranca este lunes en Madrid con la coincidencia sin precedentes de dos macrojuicios que pondrán en el banquillo a la cúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy y, al día siguiente, al exministro de Transportes de Pedro Sánchez. Una casualidad que evidencia que la corrupción no entiende de colores políticos.

La Audiencia Nacional sienta desde este lunes al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento en la etapa de Mariano Rajoy para juzgar el caso Kitchen, una presunta operación parapolicial dirigida a sustraer documentos al extesorero Luis Bárcenas que pudieran comprometer al PP en plena investigación del caso Gürtel y de la caja B del partido.

Junto a Fernández Díaz se sentarán en el banquillo su número dos, el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez; el entonces director adjunto de la Policía (DAO), Eugenio Pino; varios comisarios, entre ellos Andrés Gómez Gordo, quien fuera asesor de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal; y el comisario José Manuel Villarejo, en una de las numerosas piezas del caso Tándem. En total, diez acusados (eran once, pero uno ha sido eximido por enfermedad) de poner en marcha, entre 2013 y 2015, este engranaje de espionaje parapolicial.

La Fiscalía pide para Fernández Díaz y Martínez 15 años de cárcel por ordenar el espionaje. Ellos lo niegan. Fernández Díaz asegura que nunca supo de esta operación, mientras que Martínez sostiene que la primera vez que llegó a sus oídos fue cuando el exministro le comentó que alguien le había comunicado que se había captado al entonces chófer de Bárcenas, Sergio Ríos, como confidente. El juez instructor intentó aclararlo sin éxito sometiéndoles a un careo. Ambos se mantuvieron en sus posiciones y el asunto terminó en un cruce de reproches.

En su escrito de defensa, Fernández Díaz cuestiona que la investigación se limitase finalmente a su Ministerio sin tener en cuenta la "conexión política" de una operación en la que él no "tenía interés alguno" porque nunca estuvo relacionado con los papeles de Bárcenas, apuntando así a la dirección del PP.

El caso Kitchen, cuya investigación judicial comenzó en 2018, fue también objeto de una comisión de investigación en el Congreso, que consideró probado, "al menos indiciariamente", que el expresidente Mariano Rajoy conocía la trama policial de espionaje a Bárcenas. Rajoy está citado a declarar como testigo el 23 de abril, el mismo día que María Dolores de Cospedal, quien llegó a estar imputada en esta causa por sus acreditadas reuniones en la sede del PP con Villarejo. También declararán la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el senador del PP Javier Arenas.

Un día después, el Tribunal Supremo juzgará desde este martes al exministro de Transportes y exdirigente socialista José Luis Ábalos, a su asesor, Koldo García, y al empresario Víctor de Aldama por presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia de la covid, en 2020.

Poco más de dos años después de que el entonces desconocido asesor fuese detenido, arranca el primer juicio de una causa judicial que propició la salida del exministro del PSOE, donde era secretario de Organización, la renuncia a su escaño en el Congreso hace unos meses y su entrada en prisión provisional, junto a su asistente.

Serán 13 sesiones, la mayoría de mañana y tarde, repartidas entre el 7 y el 30 de abril. Los tres acusados serán los últimos en declarar. El exministro y su exasesor serán conducidos cada día desde la prisión de Soto del Real (Madrid), donde permanecen desde noviembre por riesgo de fuga.

Ábalos afronta una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 24 años de cárcel, ligeramente superior a los 19 y medio de Koldo García, aunque las acusaciones populares que coordina el PP piden para ambos 30 años. Aldama encara la petición más baja —7 años de cárcel— al contemplar las acusaciones su colaboración con la Justicia tras confesar el pago de comisiones.

Se les acusa de delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, organización criminal, uso y aprovechamiento de información privilegiada, falsedad y prevaricación.

Se juzgará el "ilícito negocio" que habrían emprendido con contratos públicos de mascarillas para Adif y Puertos del Estado -dependientes de Transportes- en marzo de 2020. Según la Fiscalía, Ábalos habría acordado la adquisición de partidas de mascarillas a cambio de que él y Koldo recibiesen "una indebida compensación económica" a cuenta de Aldama, que a su vez se embolsó 3,7 millones de euros.

Como pago por estas gestiones, Aldama habría entregado a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, a veces en presencia de Ábalos, pues estaba destinado a ser repartido entre ambos. Hubo otras retribuciones: estancias en dos chalés en Marbella y la Alcaidesa, un contrato de alquiler con opción a compra de un piso en Madrid a un precio muy inferior al del mercado, y el abono de la renta mensual de un piso para Jéssica Rodríguez, entonces pareja del exministro.

El fiscal acusa también a Ábalos de "promover la contratación" de Jéssica Rodríguez en Ineco y Tragsatec pese a que nunca "desempeñó tarea alguna" entre 2019 y 2021, período en el que cobró 43.978 euros; y de otra mujer, vinculada a él, Claudia Montes, en la empresa pública Logirail.

Serán más de 80, entre los que sobresalen por su perfil político la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres. Ambos deberán responder por los contratos de mascarillas con las empresas presentadas por Aldama cuando presidían las islas Baleares y Canarias, respectivamente. Lo harán por escrito, pero no responderán a un formulario de preguntas; se limitarán a enviar un "informe".

Del resto, destacan la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano; la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera; el exsecretario de Estado de Interior Rafael Pérez; el director general de la Policía, Francisco Pardo; ex jefes de gabinete de los ministros de Sanidad e Industria, expresidentes de Renfe, Correos y Puertos del Estado, empresarios, familiares y allegados de los acusados.

La coincidencia en el tiempo de estos dos macrojuicios es un síntoma de algo más profundo: la sensación de que la política española sigue pagando facturas pendientes. Por un lado, el caso Kitchen, que destapa los métodos del PP para proteger a sus dirigentes. Por otro, el caso Koldo, que evidencia cómo la gestión de la pandemia también fue utilizada para el enriquecimiento personal de algunos. Dos formas distintas de corrupción, pero con un mismo denominador común: la utilización del poder para beneficio propio.

Los dos juicios prometen semanas de declaraciones tensas, cruces de acusaciones y, probablemente, nuevas revelaciones que salpicarán a más altos cargos. La ciudadanía, harta de escuchar casos de corrupción, observa con escepticismo. Pero al menos, esta vez, la justicia parece dispuesta a llegar hasta el final.