Presentan un conflicto de atribuciones
El Senado de España ha decidido llevar un conflicto de atribuciones al Tribunal Constitucional (TC) contra el Gobierno debido a la falta de presentación del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Esta acción ha sido impulsada por el Partido Popular (PP), que tiene mayoría en la Cámara Alta. El objetivo de esta iniciativa es anular las prórrogas presupuestarias que se han estado aplicando desde 2023.
Hace aproximadamente dos meses, el Pleno del Senado aprobó la propuesta del PP para iniciar este conflicto. Esta propuesta fue posteriormente enviada al Gobierno, que tenía un plazo de un mes para responder. Sin embargo, el Gobierno no solo no presentó los Presupuestos, sino que tampoco emitió ninguna respuesta al Senado.
El PP ha enfatizado que el Senado no debe permitir el incumplimiento de la obligación constitucional que tiene el Ejecutivo de presentar los PGE. Además, el partido acusa al Gobierno de llevar a cabo una "práctica fraudulenta" al modificar partidas presupuestarias sin el control del Parlamento, lo que infringe el principio de legalidad presupuestaria.
El PP ha comparado la situación actual con la de 2020, cuando, debido a la pandemia de COVID-19, se prorrogó el presupuesto de 2018. Sin embargo, el partido sostiene que, en la actualidad, no hay justificación alguna para la falta de presentación de los nuevos Presupuestos, más allá de la incapacidad del Ejecutivo para alcanzar acuerdos parlamentarios
El conflicto presentado ante el TC subraya que "los motivos políticos no pueden justificar el incumplimiento de obligaciones constitucionales". Esta afirmación implica que la falta de presentación de los PGE impide que las Cortes Generales, y específicamente el Senado, puedan ejercer sus funciones presupuestarias de manera efectiva.
El Senado solicita al Tribunal Constitucional que declare que el Gobierno ha vulnerado sus atribuciones constitucionales al no presentar el proyecto de ley de Presupuestos. Además, se pide que se reconozca el "abuso" que se está cometiendo con las prórrogas presupuestarias. El Senado también solicita la nulidad de las prórrogas de la Ley 31/2022 para los ejercicios 2024, 2025 y, potencialmente, 2026. Esta solicitud busca restablecer el cumplimiento de las obligaciones constitucionales en materia de presupuestos
Finalmente, el Senado insta al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre los efectos jurídicos que derivan de esta vulneración y a establecer un plazo máximo para que el Gobierno cumpla con su deber constitucional en relación con la presentación de los Presupuestos. |