Rechaza el archivo que había pedido la Fiscalía

El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, bajo la dirección del juez Juan Carlos Peinado, ha tomado una decisión significativa en relación a la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La causa ha estado bajo escrutinio por presuntas irregularidades en la actividad académica de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

El juez ha decidido no archivar la causa, a pesar de las solicitudes de archivo presentadas por la Fiscalía, que argumentaba la falta de indicios delictivos claros en la actuación de Begoña Gómez. En su resolución de 44 páginas, Peinado ha optado por continuar con la investigación, imputando a Judith González Pedraz, quien es la directora del Departamento de Coordinación Técnica y Jurídica de la Presidencia del Gobierno.

Además de Begoña Gómez, el juez mantiene como investigados a otros individuos, incluyendo:

Cristina Álvarez: Asesora de La Moncloa.

Francisco Martín Aguirre: Delegado del Gobierno en Madrid.

Juan Carlos Barrabés: Empresario.

La imputación de Judith González Pedraz agrega una nueva dimensión al caso, sugiriendo que su papel podría ser relevante en el contexto de las irregularidades investigadas.

El juez ha programado la declaración de nueve testigos entre el 12 y el 28 de noviembre. Entre los testigos citados se encuentran:

Juan Carlos Doadrio: Exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid.

Diego del Alcázar: Presidente del Instituto de Empresa.

Estas declaraciones son parte del proceso de recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

La instrucción se mantiene abierta por varios delitos, que incluyen:

Malversación: Uso indebido de fondos públicos.

Tráfico de influencias: Uso de la posición de poder para obtener beneficios indebidos.

Apropiación indebida: Toma de posesión de bienes ajenos.

Intrusismo: Ejercicio de actividades profesionales sin la debida autorización.

El juez ha indicado que existen indicios suficientes de irregularidades en la actividad académica de Begoña Gómez y el papel de su asesora en la captación de fondos y contratos, lo que justifica la continuación de la investigación.

Peinado ha argumentado que la asesora de Begoña Gómez percibía retribuciones públicas mientras realizaba tareas en el ámbito universitario, lo que podría tener implicaciones penales. Además, ha destacado que los delitos de malversación y tráfico de influencias están "intrínsecamente unidos", lo que lleva a la decisión de no separar la causa en diferentes piezas.