Ahora será el Senado el que le de luz verde definitiva

Este jueves, el Pleno del Congreso ha aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Proposición de Ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible. El texto plantea una serie de cambios legislativos “orientados a garantizar la mejor calidad de vida, a través de la agilización de los trámites administrativos para el reconocimiento de la discapacidad y la dependencia, en una mejor atención integrada entre los sistemas de cuidados sociales y sanitarios, de las personas afectadas”. Al ser aprobado el dictamen, la proposición de ley será remitida al Senado donde continuará su tramitación parlamentaria.

El Pleno aprobó este martes la toma en consideración de dos iniciativas legislativas. La primera, de iniciativa popular, que trata de una Proposición de Ley para modificar la Ley de Dependencia y la Proposición de Ley que reforma la Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación a propuesta del Grupo Socialista.

La sesión comenzó con el debate sobre la toma en consideración de la Proposición de Ley de iniciativa popular para modificar la Ley de Dependencia en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias que, según se indica en la exposición de motivos, pretende “establecer criterios más claros y justos” y “ampliar el universo de personas que en situación real de necesidad podrán acogerse a sus prestaciones y servicios”. Esta iniciativa comenzará a tramitarse por unanimidad.

Por su parte, la Cámara aprobó empezar a tramitar la Proposición de Ley Orgánica reguladora del derecho de asociación a propuesta del Grupo Socialista por 314 votos a favor y 33 en contra. Esta reforma busca incluir como causa de disolución de las asociaciones, mediante resolución judicial, “la realización de actividades que constituyan apología del franquismo”.

Seguidamente, se vieron las iniciativas no legislativas. Por un lado, la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular para “revertir el empeoramiento del compromiso de puntualidad de Renfe” salió adelante en una votación por puntos donde todos fueron aprobados y, por otro lado, la Proposición no de Ley a petición del Grupo Socialista para reducir la tasa máxima de alcohol en sangre permitida a todos los conductores de vehículos motorizados y no motorizados que fue aprobada en sus términos por 175 votos a favor, 33 en contra y 138 abstenciones.

A continuación, el Pleno debatió las dos mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. La diputada de Coalición Canaria, formación política adscrita al Grupo Mixto, Cristina Valido, presentó la moción sobre la declaración de un parque nacional marino en las aguas del Mar de las Calmas en el entorno de la isla de El Hierro que fue aprobada por 299 votos a favor y 47 abstenciones en los términos de la enmienda transaccional acordada con los grupos Socialista, Plurinacional SUMAR y Mixto; seguidamente, el Grupo VOX defendió la iniciativa no legislativa acerca de “la política del Gobierno en materia de educación”, que fue rechazada. La moción del Grupo Popular “sobre los principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno”, que fue debatida el miércoles, se votó en los términos de una enmienda transaccional presentada por el Grupo Popular y el Grupo VOX y también fue rechazada.

Por último, la Cámara Baja aprobó seis dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. Estos textos se refieren a las inmunidades y prerrogativas entre España y en Banco Centroamericano de Integración Económica; a la cooperación en el despliegue de los agentes de seguridad en el interior de vuelos hacia, desde, o entre España y Estados Unidos; al Convenio Básico de cooperación científica y técnica entre España y México para el financiamiento de programas y proyectos de cooperación; al acuerdo entre España y la Corte Penal Internacional relativo a la ejecución de las penas; a la Conferencia del Decenio de los Océanos 2024; y a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Este miércoles, el Pleno acogió la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a solicitud del Grupo Popular para informar tanto “de las actuaciones realizadas hasta el momento para afrontar la emergencia migratoria que vive España y que afecta a la Unión Europea, así como para informar de las medidas que va a adoptar el Gobierno para garantizar la necesaria participación de todos los ministerios implicados y del resto de administraciones, de modo que pueda coordinarse una auténtica política de Estado en materia migratoria; y para dar cuenta de las actuaciones del Gobierno ante el impacto de la crisis migratoria en la cohesión socioeconómica, implementar para evitar la saturación de los servicios públicos” como sobre “los ajustes que va a realizar el Gobierno para cumplir con las recomendaciones de la Comisión Europea y someter a votación el Plan de Equilibrio Fiscal”.

Tras la comparecencia del presidente del Ejecutivo, se celebró la sesión de control al Gobierno, con las preguntas y las interpelaciones a sus miembros. Las sesiones de control en esta legislatura tienen como máximo 26 preguntas, de acuerdo con la Resolución de la Presidencia de la Cámara que organiza dichas sesiones, reguladas en el artículo 188 del Reglamento.

Respondieron a las preguntas de los diputados el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López. Posteriormente, se debatirán tres interpelaciones planteadas por el Grupo Parlamentario Mixto, presentada por el diputado del BNG; el Grupo VOX y el Grupo Popular.

Al terminar la sesión de control, fue objeto de debate la moción del Grupo Popular “sobre los principios democráticos que inspiran la acción del Gobierno”, que se votará, como el resto de iniciativas legislativas, en la sesión del jueves.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha asistido al pleno del Congreso de los Diputados en el que se ha aprobado, con el voto a favor de todos los grupos de la cámara, la conocida como Ley ELA, cuyo título completo es «Ley para mejorar la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiatrófica y otras enfermedades o procesos neurológicos de alta complejidad y curso irreversible».

"Esta ley tendrá un gran impacto en la calidad de vida de las personas que sufren estas enfermedades, así como en la de sus familias. De esto va la política, de mejorar la vida de la gente", ha afirmado el ministro en declaraciones a medios desde el Congreso de los Diputados, asegurando que la aprobación de la Ley ELA es "una victoria democrática". Por otro lado, Bustinduy ha querido subrayar que, "en medio de esta crispación y polarización de la que nos hablan a diario", se han conseguido alcanzar ya dos grandes consensos políticos en lo que llevamos de legislatura para avanzar en derechos sociales, haciendo referencia no solo a esta Ley ELA sino también a la reforma que se hizo de la Constitución Española, a comienzos de este 2024, para cambiar el Artículo 49 y "poder garantizar por ley la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad".

El ministro ha recalcado que estos acuerdos deben servir como una lección para demostrar a la ciudadanía que "sabemos dejar a un lado las estrategias políticas y hacer que trascienda el interés general, cuando lo que está en juego es el avance social". En esta línea, ha manifestado que existen "grandes consensos sociales que son de sentido común y que deben traducirse en más acuerdos parlamentarios" y ha mencionado cuestiones que, en su opinión, deberían concitar también grandes alianzas políticas para poder abordarse cuanto antes: el problema del acceso a una vivienda digna, la protección social y la conciliación de las familias y la reducción de la jornada laboral.

En lo referente a la Ley ELA, y tras su aprobación este jueves en el Congreso de los Diputados, el siguiente paso de esta norma es que sea aprobada en el Senado en las próximas semanas, para su publicación en el BOE y su inmediata puesta en marcha. Gracias a este ley, ha destacado Bustinduy, las casi 4.000 personas con ELA que hay en España podrán acceder a cuidados asistenciales y clínicos, "a través un diseño consensuado con familias y organizaciones de personas afectadas", y a medidas de apoyo económico y social, tanto para las personas que tienen la enfermedad, como para los familiares que las cuidan. Así mismo, ha dicho, la ley recoge otras demandas de las personas con ELA como es la atención 24 horas mediante un sistema coordinado sociosanitario, la agilización de los trámites de revisión de los pacientes y la revisión del baremo de dependencia (que recoge la imposibilidad de movilidad del enfermo). De esta manera, concluía el ministro, "la ley va a ofrecer cuidados asistenciales y clínicos a las personas con ELA a través de un soporte integral y personalizado".