"Después de que se reuniera la Mesa de Contratación donde la consejería de Sanidad realizó la propuesta de adjudicación de los seis hospitales que van a ser privatizados a las empresas HIMA San Pablo, Sanitas y el consorcio en el que está presente Ribera Salud", Freire ha subrayado que "en este proceso no ha habido competencia y por lo tanto el reparto ha sido el que corresponde a lo que estaba previsto: cada hospital se queda en manos de la empresa que ha optado por él” y dado que aún quedan pasos que dar, que "el Gobierno de Ignacio González tiene que hacer la adjudicación definitiva y por la inconsistencia del proceso, el Partido Socialista de Madrid va a exigir para su estudio todos los expedientes de este concurso y va a recurrir el proceso de adjudicación con argumentos muy poderosos que se añadirán a los recursos actualmente existentes promovidos por nuestra formación”.

Freire ha considerado que "uno de los argumentos para recurrir este concurso delictivo que va en contra de los intereses de los ciudadanos madrileños es la muy probable situación de reparto de la sanidad de más de un millón doscientos mil madrileños hecho por el Gobierno del PP porque desde el punto de vista estadístico es prácticamente imposible que tres empresas concurriendo a 5 lotes de los cuales no pueden optar a más de dos terminen cubriendo todos los lotes sin pisarse ninguna de ellas”.

Junto a este argumento estadístico, señalaba el diputado socialista “hay otros que clarísimamente pueden llevar a los jueces a anular esta convocatoria”. En este sentido recordaba Freire que "a cuatro días de terminar el plazo de presentación de ofertas, el gobierno del PP, demostradamente presionado por las empresas que iban a concurrir, se ‘sacó de la manga’ una corrección de errores para bajar la garantía exigida a las licitadoras a una décima parte del total: de 224 millones de euros a 22.4 millones de euros. Este es otro de los elementos irregulares en este concurso… Por eso lo recurriremos”, ha afirmado el responsable del PSM quien señalaba que “nos consta que existe una gran ansiedad en el ejecutivo de Ignacio González por ver cómo va a culminar esto. Ni ellos están seguros de poder llevarlo hasta el final y desde el PSM pondremos todos los medios para paralizarlo”.

El parlamentario socialista recordaba la "batería de acciones judiciales que ha impulsado su formación política en defensa de la sanidad pública madrileña: en primer lugar se presentó un recurso en el Tribunal Constitucional contra la privatización; después, los socialistas registraron sendos recursos contenciosos administrativos, uno ante el TSJM contra la Consejería Sanidad y otro en los juzgados ordinarios contra el SERMAS, exigiendo la suspensión cautelar del desarrollo de los pliegos de privatización de los hospitales de Sureste, Tajo, Henares, Infanta Leonor, Infanta Cristina e Infanta Sofía; además, el PSM se sumó como acusación popular en la querella de AFEM ante el Juzgado número 4 de Primera Instancia de Madrid que fue admitida a trámite y se saldó con la imputación de varios miembros de la cúpula de la Sanidad madrileña. Y finalmente, se interpuso en Bruselas una denuncia reclamando que la Comisión Europea inicie un procedimiento de infracción del derecho de la Unión que culmine con el envío de un dictamen motivado al Gobierno que conllevaría la retroacción de todo el proceso de privatización, lo que significaría en términos prácticos la nulidad del concurso llevado a cabo por la Comunidad de Madrid. Quizás tarden, pero terminarán echando atrás este proceso iniciado por el gobierno de Ignacio González”, ha sentenciado Freire.

El PSM no era el único partido que criticaba la apertura de sobres. UPyD afirmaba que las ofertas demuestran "un reparto del mercado". El diputado y portavoz de UPyD en la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid, Enrique Normand, ha afirmado tras asistir a la apertura de los sobres de la ofertas económicas en la mesa de contratación, que “la falta de competencia entre empresas en el concurso para la privatización de la gestión de seis hospitales en la Comunidad de Madrid, ha provocado que no se haya producido una reducción significativa del precio que propuso la Consejería de Sanidad. Esto es una prueba más de que ha existido un reparto de mercado entre las empresas que han concursado”.