 El fallo detecta una "acumulación de ilegalidades"
El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid ha anulado de forma definitiva los pliegos que regían la licitación del contrato de suministro de animales, equipo médico y publicidad para los festejos taurinos de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. El fallo, que destruye íntegramente el expediente administrativo de 338.800 euros, detecta una acumulación de ilegalidades que vulneran los principios de igualdad, proporcionalidad y no discriminación.
El tribunal concluye que la licitación "nació muerta en origen" al estar "afectada por un vicio de nulidad al sustentarse sobre una previsión temporal que hace inviable el cumplimiento de los trámites y plazos legalmente exigidos". El Ayuntamiento forzó los calendarios institucionales provocando una "imposibilidad material de la ejecución del contrato" a escasos días de la feria taurina.
El tribunal declara ilegal la cláusula que establecía que "la valoración del concejal en su visita al ganado a lidiar será fundamental para la decisión final", vinculando la resolución pública a la exclusiva "apreciación personal de una autoridad política". Los magistrados advierten de que la discrecionalidad del Ayuntamiento mutó en "arbitrariedad" al no definir los baremos ni fijar mecanismos técnicos de control o motivación.
El tribunal destapa el fraude procedimental cometido por la alcaldía el pasado 12 de junio, cuando utilizó de forma ilícita la vía de "rectificación de errores materiales" para eliminar de tapadillo el requisito de solvencia técnica que obligaba a acreditar cuatro corridas previas en plazas de tercera. La resolución también saca a la luz contradicciones "económicamente incompatibles entre sí", al exigirse cuatro novillos en un documento y un solo animal en otro para el encierro del 22 de agosto. Finalmente, censura que el Ayuntamiento se inventara la categoría de "concesión de suministros", una figura sin reconocimiento en el ordenamiento jurídico, y fijara una penalización abstracta de hasta 25.000 euros sin criterios de graduación.
El gobierno local, liderado por la alcaldesa Soledad Ávila, ya había desafiado al tribunal en julio al mantener los toros en su programación de fiestas a pesar de las medidas cautelares vigentes. Antes de la anulación definitiva, el tribunal ya había ordenado suspender la licitación a cinco días de su comienzo tras el silencio del Ayuntamiento, que no aportó el expediente requerido. La alcaldesa, que se mantiene en el poder con un gobierno de tres concejales expulsados del PSOE y tres de BCM en Común, depende del voto del concejal tránsfuga de Vox, José Olmos, quien ha exigido de manera reiterada los festejos taurinos. La oposición, encabezada por el PP, ha tildado la maniobra de "demencial", mientras la patronal taurina ha advertido con querellas penales por prevaricación si se confirma el troceo del suministro en contratos menores. |
