Se sienta en el banquillo acusado de prevaricación administrativa

Este miércoles la Audiencia Provincial de Madrid llevará a cabo un juicio contra Juan Carlos Rodríguez Osuna, exalcalde de Moralzarzal, y una exconcejal de Urbanismo, Medio Ambiente y Obras, acusados de un delito continuado de prevaricación administrativa. Este caso se centra en el uso irregular de contratos menores durante los años 2016 y 2017.

La Fiscalía ha presentado cargos contra ambos acusados por el uso indebido de contratos menores, que constituyen más del 50% de las contrataciones realizadas por el Ayuntamiento de Moralzarzal en el periodo mencionado. Se les acusa de eludir los procedimientos de licitación pública que son requeridos por la normativa de contratación administrativa.

La Fiscalía solicita una pena de inhabilitación especial de ocho años para ambos acusados, prohibiéndoles ejercer funciones de alcalde, teniente de alcalde o concejal en cualquier corporación local durante este tiempo.

Los acusados habrían fraccionado sistemáticamente contratos que tenían el mismo objeto y unidad funcional. Esta práctica les permitió aprobar facturas separadas para no superar el límite legal de 18.000 euros establecido para los contratos menores de servicios. Este fraccionamiento de contratos es considerado una violación de los principios de publicidad, transparencia e igualdad de trato.

Durante el periodo investigado, el entonces alcalde aprobó contratos a pesar de las advertencias de legalidad formuladas por el vicesecretario interventor municipal, quien señaló en varias ocasiones la irregularidad de las contrataciones. El alcalde, en todos los casos, levantó los reparos de la Intervención, ignorando las advertencias.

Uno de los contratos en cuestión incluye actuaciones de mantenimiento de edificios públicos, con facturas que superaron los 45.000 euros en 2016. Se cuestiona el mantenimiento de zonas ajardinadas, que fue adjudicado de manera fraccionada a empresas como Morajardín S.L. y Urbaser S.A., con importes que excedieron los límites legales tanto en 2016 como en 2017. Otro contrato relevante es el suministro de material de ferretería para la piscina municipal, que alcanzó más de 22.700 euros en un solo ejercicio.

El fiscal también ha denunciado una prórroga tácita prohibida por ley en un contrato de mantenimiento de zonas verdes. Además, se han señalado irregularidades en campañas de publicidad municipal, alquiler de equipos de sonido y otros servicios que deberían haberse tramitado mediante procedimientos abiertos. El fiscal considera a Juan Carlos Rodríguez Osuna como el autor material del delito, siendo el principal responsable de las decisiones que llevaron a las irregularidades en las contrataciones. La exconcejal, identificada como S. V. B., es considerada cooperadora necesaria, ya que participó en la firma y tramitación de las contrataciones desde su concejalía.