Desvelan que se instalaron aprovechando las vacaciones

La reciente instalación de equipos vinculados a una planta fotovoltaica en el CEIP Salvador Dalí ha generado preocupación entre varias familias del centro educativo. Los padres y madres cuestionan la ubicación de los nuevos inversores eléctricos, situados en la fachada del colegio, en una zona accesible para el alumnado y próxima a bombonas de gas.

La controversia se remonta a 2025, cuando durante el periodo vacacional se instalaron placas solares en la cubierta del centro. Según las familias, la actuación se llevó a cabo sin reuniones informativas previas, sin documentación accesible y sin que existiera un acuerdo formal conocido por la comunidad educativa. Aquella decisión generó protestas y solicitudes de aclaración que, según denuncian, no obtuvieron respuestas satisfactorias.

Recientemente, se han colocado inversores eléctricos asociados a una comunidad energética promovida por el Ayuntamiento. La ubicación de estos dispositivos en una zona transitada por menores ha reavivado el malestar entre parte de las familias, que consideran “incomprensible” la cercanía entre equipos eléctricos y depósitos de gas en un entorno escolar. Una madre del centro ha manifestado su inquietud ante la posibilidad de incidentes eléctricos o relacionados con el gas, preguntándose quién asumiría la responsabilidad en caso de accidente.

Algunos progenitores consideran que el colegio se está utilizando como emplazamiento permanente para infraestructuras energéticas destinadas a terceros, lo que, a su juicio, desvirtúa su función principal como espacio educativo. Además, sostienen que la decisión habría sido adoptada por la dirección del centro sin el consenso de la comunidad escolar.

Las familias insisten en que no se oponen a las energías renovables ni a las comunidades energéticas. Sin embargo, rechazan que su implantación se realice en colegios sin garantías claras de seguridad y sin la participación de la comunidad educativa.

En este sentido, han formulado varias demandas:

• Explicaciones técnicas detalladas sobre la seguridad de las instalaciones.

• Acceso a la documentación que acredite el cumplimiento de la normativa.

• Aclaración sobre las responsabilidades en la toma de decisiones.

• Estudio del posible traslado de los equipos a otros edificios municipales sin presencia habitual de menores.

La situación ha abierto un nuevo foco de tensión en el municipio, donde las familias reclaman mayor transparencia y participación en decisiones que afectan directamente al entorno escolar. El conflicto pone sobre la mesa el debate sobre cómo compatibilizar la transición energética con la seguridad y la confianza de la comunidad educativa.