El PP anuncia mociones en los Ayuntamientos, y Europa advierte de consecuencias

La regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno central sigue generando una fuerte controversia política y tensiones internacionales, mientras las críticas se acumulan desde la oposición y desde otros países europeos.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este viernes desde Bruselas que su gobierno pedirá medidas cautelares ante la justicia contra la regularización "populista" de migrantes aprobada por el Ejecutivo central. "Quienes gestionamos realmente los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad y la educación, lo único que pedimos es ley y orden. No pedimos otra cosa", ha afirmado.

Ayuso ha subrayado que hoy mismo presentarán el recurso contra esta medida porque cree que no se puede trasladar el mensaje de que en España "no hay ley" sino una "barra libre". "Ven a España sin ningún tipo de papel ni de orden. Eso no es propio, insisto, de un país de la Unión Europea", ha señalado. La presidenta madrileña ha defendedido el Estado de Derecho como "la única manera de que pueda haber un equilibrio y una integración real" para evitar "un colapso de servicios públicos".

Por su parte, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha defendido este viernes que la oficina del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) encargada de la expedición de los certificados de la tarjeta de transporte en la región (ubicada en Ríos Rosas) funciona "sin ningún tipo de problemas" y ha vuelto a descartar refuerzos para atender la regularización "masiva" de migrantes.

"No está habiendo una cola enorme" en la oficina, ha asegurado Rodrigo, recordando que se trabaja con cita previa. "Como responsables del transporte público, venimos haciendo lo que hemos hecho siempre", ha recalcado. El consejero ha insistido en que no se va a incrementar "el número de trabajadores, de personal público que se dedica a dar estos certificados" porque el que está haciendo una regulación "masiva" es el Gobierno. "Si él quiere trabajar por esa regulación, pues que pongan los medios necesarios. Yo podría ponerlos, pero que me los paguen, hablando en plata. Lo que no puede ser es que los madrileños paguemos todas las ideas que tiene el señor Pedro Sánchez", ha defendido Rodrigo.

El Partido Popular de Madrid ha anunciado que registrará mociones en todos los ayuntamientos de la región para denunciar "el colapso de los servicios públicos" consecuencia de la "irresponsable política migratoria" del Ejecutivo. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha calificado de "irresponsable" la política del Gobierno con este decreto, ya que "está tensionando los servicios de extranjería y colapsando los servicios públicos de los ayuntamientos de toda la región". Serrano ha acusado al delegado del Gobierno de "lavarse las manos".

Las mociones exigirán al Gobierno central que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada, así como la habilitación de una financiación suficiente para que los municipios puedan afrontar su impacto. Asimismo, instarán al Gobierno a retirar el Real Decreto por carecer de los mecanismos de control necesarios y por vulnerar los principios europeos en materia migratoria.

La Federación de Municipios de Madrid (FMM) ha solicitado una reunión urgente con el delegado del Gobierno para abordar el impacto del proceso de regularización en los municipios madrileños.

Según ha podido saber Vozpópuli, la Policía alemana ya vigila "discretamente" el pasaje que llega a sus aeropuertos en vuelos procedentes de España, para evitar que se cuelen en ese país inmigrantes ilegales aprovechando el espacio Schengen. "Durante las últimas semanas es notorio el incremento de control en vuelos desde Madrid, Barcelona y otros aeropuertos coincidiendo con el anuncio de regularización de medio millón de inmigrantes", asegura un ex alto cargo habituado a volar semanalmente a Alemania.

El comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, ya advirtió a España de que el proceso puede tener "consecuencias negativas" para el resto de Estados miembros. "Si una persona titular de un permiso de residencia nacional es encontrada en situación irregular en otro país de la UE, esa persona debe regresar a España", declaró Brunner a EL MUNDO.

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, afirmó este sábado que el Gobierno "está haciéndole el juego y el caldo gordo a las mafias que trafican con personas que salen con lo puesto y que vienen con toda su esperanza". Muñoz acusó a Pedro Sánchez de hacer una política "que no es humanitaria" y aseguró que es un "caos deliberado que va a colapsar el sistema".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya había calificado la medida de "disparate" y estimó que el número de personas que solicitarán el programa se acerca "más al millón que a las 500.000". Según el PP, la regularización se ha hecho "por la puerta de atrás", sin el necesario debate parlamentario.

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha afirmado que la regularización migratoria es un "caos" puesto en marcha por Sánchez para "mantenerse en la Moncloa". "Ya sabemos que los ayuntamientos están viviendo situaciones muy complejas porque se está produciendo el colapso de las citas en muchos recursos, y la realidad es que ni siquiera el Gobierno de España sabe a cuántas personas va a afectar", ha manifestado.

El Gobierno, por su parte, defiende la medida como un "acto de justicia social". La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que "los trabajadores extranjeros desempeñan un papel muy importante en el éxito macroeconómico de España". Desde 2022, según Saiz, la mitad del crecimiento económico de España ha sido impulsado por trabajadores extranjeros.

Según datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en las primeras 24 horas desde la apertura del plazo se han recibido 13.500 solicitudes de regularización por vía telemática. A esa cifra hay que sumar las casi 20.000 peticiones de cita previa para realizar el trámite de forma presencial, que comenzará este lunes 20 de abril. En total, cerca de 33.500 personas han iniciado ya el proceso de alguna manera.

El verdadero tsunami está por llegar. Las casi 20.000 citas previas solicitadas son para la atención presencial, que aún no ha comenzado. Si el viernes, solo con la preparación de documentos y la demanda de información, los servicios sociales de los ayuntamientos ya estaban desbordados, la pregunta es inevitable: ¿qué ocurrirá cuando se abran las oficinas de atención presencial? El Gobierno no ha reforzado ni las oficinas de extranjería ni los servicios sociales municipales, y la ministra Elma Saiz se limita a decir que el proceso "va a buen ritmo". El lunes se verá la primera imagen real del colapso.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de junio. El proceso, que según las estimaciones oficiales beneficiará a medio millón de personas, ha sido criticado también por Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, advirtió de que tendrá un "efecto llamada" y agravará "el colapso de la sanidad, la vivienda y nuestra seguridad". Ocho comunidades autónomas gobernadas por el PP estudian sumarse al recurso presentado por la Comunidad de Madrid.