Sánchez intenta ganar tiempo anunciando que convocará elecciones si le tumban los Presupuestos

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra ha acordado este jueves imputar a las hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria de confianza, Gertrudis Alcázar, en calidad de investigadas . La decisión llega un día después de que el propio Zapatero declarara ante el magistrado y negara cualquier irregularidad en el presunto entramado de corrupción .

La imputación de las hijas de Zapatero responde al "papel instrumental" que la investigación atribuye a la empresa de marketing Whathefav, de la que ambas son administradoras . El juez sostiene que esta sociedad habría actuado como vehículo para canalizar, ocultar o facilitar operaciones presuntamente vinculadas al cobro de comisiones por parte del expresidente .

Sobre Gertrudis Alcázar, conocida en el entorno de Zapatero como "Gertru", el magistrado subraya que existen "indicios de su participación directa" y que desempeñaba "un papel operativo esencial" en la red, según consta ya en el auto que imputó al expresidente . La que fuera mano derecha de Zapatero durante 26 años aparece mencionada en 33 ocasiones en el auto judicial y habría sido la encargada de coordinar documentación y modificar facturas para dar apariencia de legalidad a las operaciones investigadas .

La investigación del caso Plus Ultra se centra en la presunta trama de tráfico de influencias que habría favorecido el rescate público de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros durante la pandemia, presuntamente a cambio de sobornos para el expresidente socialista . Además de la imputación de las hijas y la secretaria, el juez también investiga a Zapatero por hallar en su caja fuerte joyas y relojes valorados en más de 1,3 millones de euros, un asunto que ha añadido una nueva dimensión al escándalo .

Esta ampliación de la investigación supone un nuevo golpe para el entorno de Pedro Sánchez, que ya acumula varios casos judiciales contra allegados, y sitúa a la familia de quien fuera su principal referente político en el foco de la causa . Zapatero se ha declarado "completamente inocente" y ha asegurado que los delitos que se le imputan no los ha cometido, mientras que fuentes judiciales apuntan a que las hijas y la secretaria podrían ser citadas a declarar en los próximos días .

La tensión política ha escalado este jueves después de que el Partido Popular anunciara que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Congreso de vetar las enmiendas de PP y Junts que pedían un adelanto electoral. Los populares consideran que el veto, aprobado el pasado martes con los votos de PSOE y Sumar en una reunión telemática sin informe de los letrados, es "arbitrario", "servil" e "inconstitucional", al impedir que el Parlamento se pronuncie sobre la convocatoria de elecciones. El PP sostiene que la Mesa ha incurrido en un "cambio de criterio oportunista" porque en otras ocasiones sí ha permitido debates sobre competencias exclusivas del presidente, como la cuestión de confianza o el cese de ministros.

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, calificó el veto como "el recurso del cobarde y del autoritario" y aseguró que "el día que se amordaza un Parlamento muere la democracia". Alberto Núñez Feijóo había anticipado ya el miércoles que la maniobra era "antidemocrática" y que Sánchez "le tiene miedo a la democracia, no quiere que votemos en urna y no quiere que votemos en el Parlamento". El recurso ante el Tribunal Constitucional se presentará este mismo jueves, después de que el PP presentara un escrito de reconsideración ante la Mesa que sigue pendiente de resolución, aunque la decisión de la Junta de Portavoces no es vinculante para el órgano de gobierno de la Cámara.

Fuentes del PP estiman que una votación sobre el adelanto electoral habría contado con el apoyo de 177 diputados, sumando los votos de PP, Vox y Junts, lo que habría evidenciado que la mayoría de los representantes de los españoles reclama elecciones. Junts, sin embargo, no puede presentar su propio recurso al no alcanzar los 50 diputados que exige la ley para tener legitimidad. La moción original del PP se debatió el miércoles y se votará este jueves, pero sin las enmiendas que instaban a Sánchez a disolver las Cortes, mientras el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha denunciado que "vivimos una democracia secuestrada".

Pedro Sánchez ha asegurado que convocará elecciones generales si el Congreso le tumba los Presupuestos Generales del Estado, en un intento de ganar tiempo y desactivar la presión de la oposición y de sus propios socios. El presidente del Gobierno ha reiterado que no adelantará los comicios por decisión propia, pero ha dejado claro que si las cuentas públicas no salen adelante, no dudará en disolver las Cortes y llamar a las urnas. Esta advertencia llega en un momento de máxima fragilidad para el Ejecutivo, que ha visto cómo la Asamblea de Madrid se sumaba a la petición de elecciones, y con la mayoría de los grupos parlamentarios, incluyendo a sus antiguos socios, reclamando un adelanto electoral.

La presión sobre Sánchez se ha intensificado en las últimas horas, con una amplia mayoría de fuerzas políticas exigiendo que devuelva la palabra a los ciudadanos ante el bloqueo legislativo y la crisis institucional. La Asamblea de Madrid se ha sumado a esta petición, y en el Congreso, PP, Vox y Junts han forzado el debate sobre la convocatoria de elecciones, aunque la Mesa haya impedido su votación. La estrategia de Sánchez de vincular los Presupuestos a su continuidad busca, según fuentes del Ejecutivo, despejar las dudas sobre su gestión y obligar a los grupos a retratarse, aunque la oposición interpreta el movimiento como una maniobra dilatoria para evitar el desgaste de unas elecciones anticipadas.

En el plano judicial, el PP ha decidido llevar el conflicto al Tribunal Constitucional al considerar que el veto de la Mesa del Congreso vulnera los derechos fundamentales de los diputados y la soberanía del Parlamento. Los populares argumentan que la decisión de la Mesa, presidida por Francina Armengol, supone un "atropello" a la democracia y que el Gobierno está utilizando la mayoría en el órgano de gobierno de la Cámara para "secuestrar" la voluntad popular. Alberto Núñez Feijóo ha defendido que "Sánchez no es un demócrata" y que su objetivo es evitar tanto el voto en las urnas como el voto en el Parlamento.

La decisión del PP de acudir al Constitucional es un paso más en su ofensiva contra el Gobierno, después de que la Mesa rechazara el martes las enmiendas registradas por Ester Muñoz y la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Los populares han denunciado que la Mesa argumentó que las enmiendas "invaden competencias constitucionalmente reservadas a la Presidencia", pero el PP defiende que su texto no pretendía ejecutar la disolución, sino simplemente solicitarla. Este matiz, aseguran, ya fue aceptado por la Mesa al menos en una decena de ocasiones anteriores, como cuando se aprobó una proposición no de ley de Junts pidiendo a Sánchez que planteara una cuestión de confianza.

El recurso al Constitucional se produce mientras el PP también llevará su petición de elecciones al Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, y donde se debatirá una moción el próximo miércoles. En la Cámara alta, el PP ha asegurado que "sí hay un presidente que es un demócrata y permitirá votar", en referencia al presidente del Senado. La escalada institucional refleja la creciente polarización política y el bloqueo legislativo, con el Gobierno y la oposición enrocados en sus posiciones y sin visos de alcanzar acuerdos que permitan desbloquear la situación.