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22
Nov
2020
El PP de Coslada y Alcalá también se moviliza contra la Ley de Educación PDF Imprimir E-mail
Zona Este - Política Alcalá
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Foto cedida por PP AlcaláRecogen firmas y se reunirán con los colegios concertados de la región

El PP de Coslada ha registrado, de cara al próximo Pleno Ordinario de diciembre, una moción con el objetivo de instar al Gobierno de España a a modificar la ley orgánica de modificación de la loe para aumentar la calidad de nuestro sistema educativo y garantizar los derechos fundamentales de los españoles recogidos en la constitución.

Tras su aprobación en el día de ayer por el Congreso, la LOMLOE o “ley Celaá”, ha iniciado el camino para convertirse en una de las leyes educativas más sectarias de la democracia. En lugar de garantizar la libertad y el derecho fundamental a la educación, la ley pretende imponer la ideología social comunista en la educación básica de las próximas generaciones, impidiendo el pensamiento racional y desterrando valores fundamentales en nuestro Estado de Derecho como el esfuerzo y el mérito.

Una vez más, Pedro Sánchez ha demostrado su verdadera cara, plegándose ante los radicales y separatistas entregando la educación de nuestros hijos a aquellos que solo buscan la división y el enfrentamiento entre los españoles y por tanto, mermando el futuro de nuestro país abocándonos a una etapa cada vez más oscura.

La ley Celaá, pretende ser un instrumento para limitar la posibilidad de repetir curso, permitiendo conseguir los títulos con asignaturas suspensas. De esta forma, el Gobierno reducirá los altos índices de repetición usando una fórmula corrupta que no demostrará el aumento de la calidad de la educación sino la entrega de los valores de mérito y capacidad, impidiendo a las nuevas generaciones usar su formación como ascensor social. Además, la LOMLOE ataca el derecho de las familias y los alumnos a elegir el tipo de educación que desean para sus hijos y para sí mismos, y eliminan el castellano como lengua oficial (vehicular) en España.

El déficit en la calidad del sistema educativo, se verá comprometido también con la inclusión en el currículo de la sesgada memoria democrática impuesta por PSOE y Podemos, con objeto de modificar la historia a su antojo para incluir de lleno en las ideologías de los alumnos.

Para mayor gravedad, la educación concertada y especial no queda a un lado de este ataque frontal a los valores básicos de nuestra democracia, ya que en tan solo diez años, la mayoría de los alumnos con discapacidad pasarán a engrosar las listas de los colegios ordinarios, debilitando su formación e impidiendo que reciban una educación acorde con sus características y posibilidades. La igualdad de oportunidades desaparecerá, cortando a todos los alumnos por el mismo rasero e impidiendo que desarrollen sus capacidades de forma más individualizada, tal y como debe hacerse para disminuir las cifras de fracaso escolar.

En el apartado de la educación concertada, la LOMLOE suprime (en la redacción del artículo 109) la demanda social como factor determinante por parte de las administraciones a la hora de ofertar las plazas educativas y, una enmienda pactada entre PSOE, Podemos y Más País se refiere a la obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una oferta suficiente de plazas públicas. Lo que atenta contra el artículo 27 de la Constitución. Además, está previsto prohibir los conciertos en la educación diferenciada ignorando, de forma sectaria, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2018, en la que declaraba totalmente constitucional y no discriminatoria esta opción educativa.

El Partido Popular, con el objetivo de defender la libertad y el futuro de las nuevas generaciones de españoles, se ha echado a la calle para recoger firmas en contra de esta ley, que generará sin dudas un perjuicio mayúsculo en el sistema educativo español. El Partido Popular ha presentado, además de una enmienda a la totalidad que ha sido rechazada, 156 enmiendas al articulado. El gobierno solo ha admitido dos lo que demuestra que el Ejecutivo nunca ha querido el consenso con el principal partido de la oposición. Desde el PP de Coslada invitamos a todos los vecinos a acudir a las mesas informativas que se están instalando a efectos de parar esta infamia.

En palabras del Portavoz Popular, Francisco J. Becerra: “Es lamentable que PSOE y Podemos usen la educación de nuestros hijos para sus propios intereses particulares. El futuro de nuestra nación está en juego, y desde el PP de Coslada haremos todo lo posible para que nuestra ciudad demuestre estar en contra de este ataque frontal no solo a nuestros hijos, sino también a los derechos fundamentales recogidos en la Constitución”.

Concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares han visitado algunos colegios concertados de la ciudad complutense, a los que han mostrado su respaldo en contra de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá. “Es una ley que no garantiza la libertad de elección por parte de los padres, no garantiza la calidad de la educación, ataca la educación concertada y la educación especial, pretende eliminar al castellano como lengua vehicular y sepulta el valor y la cultura del esfuerzo, ya que permite pasar de curso sin límites de suspensos”, afirma la líder del PP en Alcalá de Henares, Judith Piquet.

La portavoz popular recuerda que “el Partido Popular llevó una proposición no de ley en el Pleno de la Asamblea de Madrid para instar al Gobierno de la nación a paralizar la tramitación de la Ley Celaá hasta que escuche a la comunidad educativa y se haga eco de las necesidades que tienen, y hasta que elimine la Disposición Adicional 4ª que se refiere a los centros de educación especial”, afirma Piquet, que recuerda que ya en mayo su grupo presentó en el pleno municipal una moción, que contó con los votos en contra de PSOE y Unidas Podemos, alentando del peligro de esta ley que “pretende, no el cierre, pero sí el desmantelamiento progresivo de los centros de educación especial”.

Asimismo, Piquet asegura que el Partido Popular recurrirá “al Tribunal Constitucional y si es preciso ante las instituciones europeas hasta que se garantice el artículo 27 CE de los padres para elegir la educación de sus hijos, y hasta que garantice el derecho recogido en el artículo 3 CE, que recoge el derecho y deber de todos los españoles de conocer el castellano como lengua oficial, y que éste sea el idioma vehicular en el sistema educativo en todo el territorio nacional”.

“La educación hace ciudadanos críticos y libres, y eso es justo lo que pretende evitar el Gobierno con esta ley educativa. El presidente del Gobierno pretende permanecer en el poder negociando con el futuro de nuestros hijos, y ahí nos van a encontrar enfrente”, afirma Piquet, que recuerda que el PP seguirá en su sede recogiendo firmas contra la Ley Celaá.

 

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