Las dos concejalas socialistas hacen públicas sus declaraciones

Continúa la Comisión de Investigación en el Ayuntamiento de Alcalá, y lo hacía con una sesión que de nuevo estaba marcada por la polémica. Y es que la oposición pedía la comparecencia de la alcaldesa, algo a lo que el Equipo de Gobierno se negaba. Las que sí hablaban eran las dos concejalas objeto de investigación, que, después de leer una declaración, decidían hacerla pública. Y esta declaración por fín aporta algo de luz a los hechos. Las concejalas reconocen haber participado en las Junta de Gobierno donde se aprobaron los pagos, si bien, afirman, estos pagos venían unido a otros asuntos dentro del mismo epígrafe, por lo que no fueron conscientes en ningún momento de su deber de abstención en la votación.

"Ante la absoluta falta de transparencia que ha marcado la Comisión de Investigación impulsada por el Partido Popular y Vox, las concejalas socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez han decidido publicar íntegramente sus declaraciones realizadas este 12 de mayo de 2025, en dicha comisión", desvelaba el PSOE.

Durante la mañana de este lunes, el Ayuntamiento complutense ha albergado una nueva sesión de la Comisión de Investigación, una sesión que ha vuelto a convertirse “en un espectáculo lamentable; con una presidenta que, nuevamente, ha actuado de manera partidista, cortando a los concejales en sus turnos de palabra y emitiendo juicios de valor, algo que, obviamente, no procede ni corresponde a una presidenta”.

En la sesión, PP y VOX han vuelto a denegar la petición de Más Madrid – Alcalá y de los socialistas para que, “en aras a la transparencia”, la alcaldesa, Judith Piquet, compareciera en la Comisión. Además, PP y VOX se han opuesto a la publicación de los audios de las sesiones celebradas hasta la fecha, a pesar de que ya han sido varias las personas comparecientes que han dado su consentimiento para ello. En este sentido, desde el PSOE recuerdan que “en las últimas semanas hemos asistido a filtraciones interesadas a medios de comunicación por parte del equipo de Gobierno. Todo ello remarca una sensación de indefensión, descontrol y falta de garantías. La comisión va más allá de lo acordado en el Pleno y por ello pediremos un informe a la asesoría jurídica del Ayuntamiento pidiendo amparo".

Además, durante la sesión prestaron declaración las concejalas socialistas Blanca Ibarra y Patricia Sánchez, quienes han relatado la realidad de estos últimos dos años y han adjuntado a la Comisión su declaración íntegra.

En este sentido, las concejalas socialistas han señalado tras su comparecencia que, ante “la absoluta falta de transparencia que ha marcado la Comisión de Investigación impulsada por el Partido Popular y VOX, hemos decidido publicar íntegramente nuestras declaraciones realizadas hoy, 12 de mayo de 2025, en dicha comisión”.

Sánchez e Ibarra han recordado en este sentido que “Partido Popular y VOX han utilizado esta comisión con fines partidistas de manera constante, a través de la filtración sesgada y manipulada de lo que sucedía y sin explicar por qué Judith Piquet mantuvo guardada en un cajón las conclusiones de la información reservada durante más de seis meses y decidió sacarlo a la luz justo la misma semana en laque ella era investigada por un juez. Estos hechos han impedido que la ciudadanía disponga del derecho a conocer de forma directa qué se estaba diciendo en dicha comisión. Por ello, y con el objetivo de que cualquier persona pueda leer sin filtros ni distorsiones la verdad, ponemos hoy a disposición pública nuestros testimonios”, han señalado.

DECLARACIÓN BLANCA IBARRA – COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN 12 DE MAYO 2025

Señora presidenta, señoras y señores concejales, compañeros y compañeras de corporación:

He decidido comparecer hoy aquí con un profundo senƟdo del deber, como representante pública que cree en la política como herramienta de servicio a los demás, pero también como ciudadana que ha visto vulnerados sus derechos más básicos durante los últimos ya dos años. Lo que me trae hoy ante esta comisión a leer esta declaración ya no es solo un intento de esclarecer unos hechos de forma definitiva, sino la necesidad de poner sobre la mesa una serie de actuaciones insƟtucionales que, en mi opinión, han cruzado todas las líneas rojas del respeto democrático y del “juego político”.

He sido acusada falsamente. Mi actuación como concejala ha sido investigada, sin que se me informara, sin que se me diera la oportunidad de defenderme, sin las garanơas que merezco y que son mi derecho en un estado democráƟco. Se me ha difamado públicamente y de manera constante en medios, en plenos, en redes sociales... Y mientras todo esto ocurría, se construía una narrativa política partidista, sin pruebas y sin base jurídica alguna, solo con un objetivo: dañar mi imagen personal y políƟca, y debilitar al grupo municipal y al parƟdo al que pertenezco, el Partido Socialista Obrero Español.

Hoy vengo a explicar, con serenidad, pero con firmeza, lo que ha sucedido en estos últimos dos años. Y lo hago desde la convicción de que la verdad, aunque a veces tarde, siempre debe abrirse paso. Lo que ha pasado no solo me afecta a mí: afecta al modo en que entendemos la política, al respeto básico entre adversarios, entre personas que pensamos diferente, y al uso que se hace de los recursos públicos y el poder institucional cuando quienes gobiernan confunden mayoría con impunidad.

Los hechos se remontan a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023. En mitad de la campaña electoral y con la crispación propia de esos días, el Partido Popular decidió lanzar una acusación gravísima contra mi persona y darle recorrido también a nivel regional a través de sus cargos públicos autonómicos. Me acusaron falsamente de haber uƟlizado mi cargo como concejala para beneficiar económicamente a familiares.

Esa falsa acusación apareció publicada la misma noche del debate electoral local en un medio nacional: OK Diario, un espacio que, en mi opinión, ha hecho del linchamiento político su modelo de negocio. No aportaban prueba alguna. Solo un titular capcioso y una cadena de insinuaciones sin fundamento. Lo más inquietante es que, minutos antes de que se publicara esa “noticia”, la entonces candidata del Partido Popular de Alcalá de Henares y hoy alcaldesa, la señora Judith Piquet Flores, ya lanzaba insinuaciones sobre ese mismo tema durante el propio debate. Recalco: antes de que el digital lo publicara. Y desde entonces, no puedo dejar de preguntarme cuál fue el verdadero origen de aquella acusación: si realmente surgió del medio, como han intentado vender, o si fue orquestada desde el propio Partido Popular y difundida a través de ese canal afin.

Y lo más grave: sabiendo que era falso desde el primer momento, no solo no cuestionaron la publicación, sino que la amplificaron inmediatamente, usándola como base de su ofensiva política.

La acusación no era menor. Se me acusaba falsa y directamente de utilizar dinero público para beneficiar a mi entorno. Y todo sin una sola prueba, sin una denuncia judicial, sin ni siquiera una solicitud de información previa. Era, simple y llanamente, un ataque personal disfrazado de fiscalización política, pero vacío de contenido. Un intento de hacer daño donde más duele: en el honor, en la familia y en la propia integridad.

La realidad, sin distorsiones interesadas, es que mi madre dirige desde hace más de 30 años una empresa de comunicación y publicidad de ámbito comarcal. Una empresa que ha trabajado y trabaja tanto con administraciones públicas como con empresas privadas, y que ha prestado servicios a los Ayuntamientos del Corredor del Henares con gobiernos municipales del PSOE, del PP y de todos los colores políticos.

Por supuesto, también ha trabajado —y trabaja— con la Comunidad de Madrid, una institución que lleva treinta años con gobiernos poco sospechosos de tener afinidad con el Partido Socialista. En definitiva, hablamos de una empresa que, durante décadas, ha sido contratada de forma absolutamente legal y transparente como medio local acreditado por este ayuntamiento y por muchos otros de la zona. Y esa relación comercial, insisto, existía mucho antes de que yo entrara en política, y sigue existiendo después de que yo haya abandonado el gobierno de la ciudad.

Yo no formo parte de esa empresa. Ni legalmente, ni administrativamente, ni en su día a día. Nunca he influido ni directa ni indirectamente en ningún proceso de contratación que la haya afectado. La empresa pertenece exclusivamente a mi madre y se gestiona al margen de mi actividad pública, al margen de mi, como ha sucedido durante décadas sin que nadie lo cuestionara.

Es más: tanto durante mi etapa como concejala de gobierno, como ahora desde la oposición, la relación contractual entre el Ayuntamiento y la empresa de mi madre ha seguido exactamente los mismos cauces que en etapas anteriores. No ha habido ningún cambio. Y lo más relevante: ninguno de los técnicos municipales que han gestionado esos expedientes ha recibido jamás una orden, una sugerencia ni la más mínima insinuación por mi parte para hacerlo, entre otras cosas porque a muchos de los trabajadores municipales que lo gestionan ni los conozco. Así lo han manifestado de forma unánime en sus declaraciones en la información reservada a la que he tenido acceso como grupo municipal, no como afectada, como reitero que me hubiera correspondido para tener garanơas democráticas. Y, sin embargo, nada de eso ha parecido importarle ni al ParƟdo Popular ni a Vox, cuando precisamente este punto, la inexistencia de indicación política, debería ser central si realmente lo que se pretendiera aquí fuese conocer la verdad.

A pesar de todo esto, esa acusación fue lanzada sin pudor en plena campaña electoral. Y no fue una denuncia jurídica: fue una operación claramente mediática. No se buscaba justicia. Se buscaba, y se sigue buscando, hacer daño, tanto a mí como al partido al que represento. El objetivo era claro: instalar una sospecha, erosionar mi credibilidad ante la ciudadanía y dejar una sombra de desconfianza que, aunque después se demuestre infundada, ya haya hecho su efecto. Está más que demostrado que la mentira siempre corre más rápido. Calar, cala enseguida. Lo diİcil viene después: conseguir que, una vez extendida la falsedad, la verdad recupere su espacio.

Tras las elecciones, y una vez que el Partido Popular y Vox acceden al gobierno municipal, la estrategia contra mí no solo no cesó, sino que adquiere un nuevo nivel de gravedad. Porque ya no estamos hablando solo de una acusación sin pruebas durante una campaña electoral. Ahora empezamos a hablar del uso de los medios y poderes institucionales de un Ayuntamiento para iniciar una investigación contra una concejala de la oposición... sin avisarla, sin informarla, y sin darle ni una sola garantía en el proceso.

En agosto del año 2023 y por orden directa de la Alcaldesa, la Sra. Judith Piquet Flores, se me abre una información reservada a mi nombre. Es decir, y para que quede claro, se da una orden política de investigarme a mí, concejala de la corporación, con mi nombre y mis apellidos, como dicta la resolución de dicho mes de agosto. Y a pesar de ser personal, no se me comunica. No se me notifica. No se me advierte ni formal ni informalmente de su existencia. Lo descubro semanas después y por casualidad, al revisar el orden del día y las resoluciones de Pleno en el mes de septiembre de 2023, en mi labor como concejala. Entre cientos de resoluciones, aparece mi nombre en una de ellas. Así me entero de que el Ayuntamiento me está investigando.

Permítanme subrayar aquí la gravedad de este hecho: se abre una investigación administrativa a un cargo público, sin base jurídica alguna, basándose exclusivamente en el recorte de prensa de OK Diario arriba mencionado (expediente al que yo no tendré acceso hasta semanas más tarde y gracias a la contratación privada de un abogado), sin informar a la persona afectada y sin ningún tipo de notificación, es más, excluyéndome del propio procedimiento. Es decir, si no llego a ser concejala con acceso a la documentación, nunca me habría enterado de que estaba siendo objeto de una investigación oficial en el Ayuntamiento de mi ciudad.

Durante meses, mientras esa investigación reservada está en marcha, se cita a trabajadores municipales. Se les hace preguntas. Se genera un expediente. Pero yo, la persona oficialmente investigada, no puedo intervenir, no puedo acceder a lo que se pregunta, ni a lo que se responde, ni en base a qué se me está investigando exactamente. No tengo, en definitiva, ninguna posibilidad de defenderme.

¿Es eso un procedimiento con garantías? ¿Es así como se actúa cuando hay verdadera voluntad de esclarecer unos hechos? ¿O es más bien una forma de construir una acusación sin contras, sin defensa, sin incomodidades para quienes ya han decidido el veredicto antes de conocer los hechos?

Lo más llamativo es que, cuando muchos meses después conseguí acceder al expediente completo de dicha información, lo que encuentro es lo siguiente: todos los trabajadores municipales que comparecen —todos, sin excepción— afirman que nunca han recibido indicación política ni por mi parte, ni por ninguno de mis compañeros, sobre la contratación con la empresa de mi madre. Que los expedientes se han tramitado con normalidad, como siempre se había hecho.

La propia documentación de la información reservada desmontaba la acusación. Pero, aun así, la existencia misma de la investigación sirvió para alimentar rumores, para sostener titulares, para repetir en Plenos y en entrevistas que había “un caso” contra mí, que estaba “todo documentado”, cuando la verdad es que no había nada. Nada más que un relato sin prueba alguna y una voluntad clara de utilizar las insƟtuciones como arma política.

Y en todo ese tiempo, mientras yo seguía sin poder decir una sola palabra en defensa propia, quienes me acusaban hablaban sin pudor en medios, en ruedas de prensa, en sesiones de pleno. Cada ataque, cada insinuación, cada vez que se me mencionaba como sospechosa en público, era, y sigue siendo, una violación flagrante de mi derecho al honor y una falta absoluta de respeto a las mínimas garanơas democráticas de cualquier proceso, sea este de la índole que sea.

Ahora bien, lo que terminó por demostrar el carácter político y partidista, y por tanto no técnico de todo este proceso, fue lo que ocurrió cuando esa información reservada finaliza. El expediente, con todos los testimonios arriba mencionados, con todas las actas, con todas las respuestas que desmontaban la acusación, se cerró formalmente en febrero de 2024.

Quedó firmado. Finalizado. Listo para ser compartido. Pero no se hizo público. No se llevó a un Pleno ni al juzgado. No se comunicó a los medios ni se filtró, como tantas otras veces hacen con cosas menos relevantes. Se guardó. En un cajón de alcaldía. Durante más de medio año. ¿Y cuándo decidieron sacarlo a la luz pública? Justo la semana en la que se conoció que la señora alcaldesa había sido imputada por un juez. La misma semana en la que saltaba a los medios una investigación, esta si, judicial, que afecta directamente a quien ostenta la máxima responsabilidad del gobierno municipal.

Esa coincidencia no es accidental. Esa decisión tiene una intencionalidad política clara: utilizar una investigación interna, ya cerrada, que no había concluido en nada irregular, para desviar la atención mediática. Una burda cortina de humo. Como si el objetivo no fuera la verdad, sino el desgaste. “Hablemos de las concejalas socialistas para que nadie hable de la alcaldesa imputada”. Así de crudo. Y así de simple.

Y no solo lo hicieron: lo explotaron. Presentaron y pasearon el expediente como si aportara pruebas que no existían. Anunciaron y llevaron a Pleno la apertura de una comisión de investigación a partir de ese informe, como si fuera necesario “seguir tirando del hilo”, cuando ese hilo no llevaba a ninguna parte.

Utilizaron una investigación sin base, ocultaron sus resultados durante meses y solo la hicieron pública cuando políticamente les interesaba. Todo ello con un uso partidista de los tiempos, de las formas y de las instituciones, que no responde a la búsqueda de la verdad, sino a una estrategia de comunicación política, que además se basa en la difamación y el señalamiento personal.

Quienes estamos en política aceptamos la crítica, el debate, incluso la dureza dialéctica. Pero hay algo que no se puede tolerar: que se utilicen los recursos públicos, los expedientes administrativos, las comisiones del Ayuntamiento, como armas de ataque personal. Porque eso no solo vulnera derechos, también degrada la institución que representamos. Y eso nos debería preocupar a todos y a todas, no solo a quien lo sufre directamente.

A pesar de todo esto, y aun conociendo las formas en las que se estaba actuando, el Grupo Municipal Socialista votó a favor de abrir la comisión de investigación a partir de esa información reservada. Y lo hicimos por responsabilidad. Porque creemos que la verdad no se debe temer nunca, y porque pensamos, quizá ingenuamente, que este podía ser un espacio para esclarecer, para aportar la documentación y los testimonios que hasta entonces no habíamos podido aportar, para escuchar versiones y para cerrar de una vez por todas una falsa acusación que ya se había alargado demasiado.

Pero lo que nos encontramos no fue una comisión con voluntad de esclarecer, sino un espacio diseñado y controlado desde el inicio por el equipo de gobierno, con el único objetivo de reforzar su relato, negar la pluralidad del resto de grupos políticos y vetar con su voto cualquier línea de investigación y documentación que no les interesara.

Desde el primer día, PP y Vox utilizaron su mayoría absoluta para bloquear toda propuesta del Grupo Socialista. Solicitamos expedientes y documentación clave para demostrar que no había trato de favor alguno. Se votaron en contra. Solicitamos la comparecencia de personas fundamentales para entender lo sucedido: la propia alcaldesa, para que explicara por qué mantuvo oculta durante seis meses la información reservada ya finalizada o cómo se actuaba en Alcalá Desarrollo siendo ella consejera; o el actual director de comunicación, cuya intervención podría haber aclarado si se contrata de manera diferente ahora o si se está intentando perjudicar deliberadamente no solo económica, sino sobre todo reputacionalmente a la empresa de mi madre por el mero hecho de serlo, algo tan grave como inédito en esta institución... por poner algunos ejemplos. Todas se votaron sistemáticamente en contra.

A cambio, se aprobó únicamente lo que PP y Vox han querido: nuestras propias comparecencias. Se ha llamado a declarar a muchos de mis compañeros y compañeras, incluyendo a nuestro actual portavoz y exalcalde Javier Rodríguez, que estuvo más de cuatro horas declarando. Se les han exigido respuestas a la par que se intentaba vetar la aportación de nuestra documentación en dichas comparecencias. Y todos ellos han venido. Han estado aquí y han dado la cara frente a lo que ha sido claramente un intento de escarnio público y de búsqueda de nuevos titulares.

¿Y qué ha hecho por contra el equipo de gobierno? No ha comparecido ni uno solo de sus responsables políƟcos. La alcaldesa, que había ocultado durante meses el expediente, no ha comparecido. El director de comunicación, tampoco. Se han negado a dar la cara mientras nosotros estamos aquí, en una clara desigualdad de condiciones y, una vez más, sin ninguna garantía.

Además, y como parte del control absoluto, del abuso de poder absoluto, a mi juicio, que han querido ejercer sobre esta comisión, también han impedido que se publiquen las actas y las comparecencias completas de nuestras intervenciones. No quieren que la ciudadanía pueda leer lo que hemos dicho. No quieren que la verdad salga del encierro de esta sala. Prefieren filtrar fragmentos, reinterpretar testimonios, construir titulares interesados. Es su forma de operar: silenciar lo que desmonta su relato y amplificar solo aquello que sirve para dañar, aunque sea mentira.

Y todo esto, insisto de nuevo, mientras la propia alcaldesa y varios concejales del equipo de gobierno han seguido hablando públicamente, acusándome en medios, en radios, en redes sociales, en los plenos... mientras la comisión sigue en marcha. Violando cualquier principio básico de respeto institucional y, sobre todo garanơa democrática. Emitiendo juicios públicos mientras se niegan a aportar pruebas, ni permitir que el grupo político al que pertenezco las aporte.

Esa es la realidad de esta comisión: una herramienta política para justificar una campaña de difamación. No se busca la verdad, se busca prolongar la sospecha. No se intenta esclarecer, se intenta desgastar. Y todo, con recursos públicos, con medios institucionales y bajo la apariencia de legalidad, pero sin garantías y con un objetivo político muy concreto.

Lo que ha ocurrido durante todo este proceso no puede describirse con otro término que no sea el de persecución política. Porque no ha habido búsqueda de justicia. No ha habido respeto a los procedimientos. No ha habido voluntad de esclarecer. Solo ha habido una estrategia perfectamente diseñada para desgastar, para ensuciar, para destruir la imagen de una concejala de la oposición sin pruebas y sin pudor alguno.

Y lo más grave es que se ha hecho desde las propias instituciones, desde dentro del Ayuntamiento, utilizando a los trabajadores municipales, creando comisiones, informes, difamando en plenos y medios públicos. Manteniéndolo durante ya dos años en el plano político. Si realmente hubiesen pensado que aquí había algo ilegal, lo habrían llevado a la justicia desde el minuto uno. Pero no lo han hecho. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que no hay caso. Que no hay delito. Que no hay base. Y porque en un juzgado las mentiras tienen consecuencias.

Han preferido quedarse en el terreno del ruido, del escarnio público, donde no hace falta probar nada, donde basta con repetir muchas veces una acusación para que cale en la opinión pública. Y eso, más allá de lo que me afecta a mí como persona y como concejala, es profundamente grave desde el punto de vista de la ética política y personal.

Hoy, por tanto, no comparezco solo para defenderme de una acusación falsa. Comparezco para denunciar una deriva que debería preocuparles a ustedes más incluso que a mí. Porque si se puede actuar así contra una concejala de la oposición, se puede hacer mañana contra cualquier otra persona que incomode políticamente al gobierno de turno. Porque cuando se cruzan ciertas líneas, se obvian los procedimientos democráticos que nos hemos dado, se ignoran los papeles o los informes de trabajadores públicos, se daña la propia insƟtución, se daña la credibilidad de quienes representamos a la ciudadanía.

Después de tantos meses y de tanta mentira todo queda reducido a la existencia o no de un deber de abstención en un órgano colegiado como es la Junta de Gobierno Local, un órgano integrado por el Alcalde que la preside, y nueve concejales designados por él, el órgano ejecutivo de los ayuntamientos acogidos a la ley y en la que cualquier pago o expediente siempre van acompañados con todos los informes pertinentes, expedientes en los que han participado funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento, que en los asuntos económicos comprueban la necesidad de los mismos y también comprueban la prestación del servicio o la compra realizada y que cuenta con la supervisión final de los funcionarios con rango de habilitación nacional, como son la intervención general del ayuntamiento y el órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local, funcionarios que emiten informes de legalidad y de control presupuestario.

La Junta de Gobierno local se reúne una vez por semana y todos los pagos menores de los asuntos económicos se agrupan en un solo epígrafe que recoge la cantidad global de la suma de todos los pagos menores. Es un funcionamiento establecido desde el año 2006 cuando la ciudad se acogió a la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre) a propuesta del alcalde del Partido Popular, Bartolomé González y que se mantiene en la actualidad, por la alcaldesa Judith Piquet, del Partido Popular, que gobierna en coalición con Vox en estos momentos.

Por lo tanto, y dado el formato de dichas Juntas de Gobierno, nunca conocí la existencia de esos pagos concretos, que a lo largo de cuatro años ascendieron a 8 facturas, todas ellas de gastos menores de 1000€, y un importe total de 3811,5€, importe muy alejado de las mentiras que de manera sistemática la señora alcaldesa ha vertido sobre mi persona. Por tanto, si no conozco su desglose y no figura ningún reparo o advertencia, queda más que patente que era imposible abstenerse de algo que no se conocía.

No tengo nada que ocultar. Lo he demostrado con mi presencia, con mi voto, con la transparencia con la que he actuado desde el primer momento. Pero también quiero ser muy clara: en base a todo lo anterior expuesto, y por consejo de mi abogado, hoy comparezco únicamente para dejar constancia de esta declaración íntegra y literal en el acta de esta comisión. Este procedimiento no cumple con las mínimas garanơas, desde el momento en que empezó de manera oscura, sin comunicárseme y negándome el derecho a mi defensa, por lo que, por consejo de mi abogado, no responderé a ninguna pregunta.

Quiero terminar agradeciendo a todas mis compañeras y compañeros que, sin tener nada que demostrar, han aceptado someterse a sus burdas preguntas, y lo han hecho con una entereza ejemplar, respondiendo siempre con hechos, con argumentos y con la verdad. Y quiero agradecer también a tantos trabajadores y trabajadoras municipales, así como vecinos y vecinas que, conociéndome desde hace años y sabiendo perfectamente cómo he desempeñado mi labor, no han dudado en hacerme llegar su apoyo y su cariño ante esta situación. Esos gestos, sinceros, cercanos, humanos, son los que te sosƟenen en los días más difíciles. Gracias por no dejar espacio a la duda donde solo hay mentira.

Muchas gracias

DECLARACIÓN DE PATRICIA SÁNCHEZ– COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN. 12 DE MAYO DE 2025

Señora presidenta, señoras y señores concejales, compañeros y compañeras:

Comparezco hoy aquí no solo como representante pública, sino como mujer profundamente afectada por una situación injusta que se ha prolongado en el tiempo. Lo hago por responsabilidad, por moral, y sobre todo porque, la verdad es uno de los fundamentos de mi vida, además del profundo honor que implica ser concejala de la ciudad que te ha visto crecer y por el respeto que siento por todos los vecinos y vecinas de esta ciudad.

Durante estos dos últimos años he sido blanco de una acusación infundada. Se me ha señalado públicamente, sin respeto a los procedimientos, sin darme siquiera la oportunidad de explicar, aclarar o defenderme. Se ha construido una narrativa falsa que no solo ataca mi trabajo como concejala, sino que busca dañar también a mi entorno más cercano, a mi marido, profesional que lleva años trabajando en esta ciudad, con una trayectoria sobradamente conocida y respetada.

Se me ha acusado de haber favorecido supuestamente a la empresa de mi marido desde mi cargo público. Esa acusación, que apareció en prensa en plena campaña electoral de manera absolutamente calculada, y utilizada de manera partidista para deteriorar mi imagen pública, y más tarde alimentada desde instancias políticas concretas, y ha sido sostenida en el tiempo, no con ánimo de conocer la verdad, sino con el objetivo de desgastarme a mí y a mi partido. A día de hoy, lejos de agilizar el esclarecimiento de la verdad, y dos años después de que accedieran al gobierno, con todas las herramientas a su alcance, sean incapaces (o no quieran) conocer la verdad de lo que sucedió.

Nunca he influido en las contrataciones que este ayuntamiento ha realizado con mi marido. Desconozco absolutamente todas las contrataciones que la empresa de mi marido hace con esta administración, con cualquier otra o con cualquier otra empresa o particular. Esto lo expliqué públicamente ya en mayo de 2023 cuando, durante la campaña electoral, se lanzó contra mí una acusación pública sin contrastar ni solicitar ningún tipo información.

Más tarde, después de las elecciones y ya con el cambio de gobierno, esa misma acusación se convirtió en una información reservada. Una investigación administrativa, o una “caza de brujas” interna, solicitada de manera directa por las Sra. Alcaldesa Dña. Judit Piquet Flores. Una investigación abierta a partir de recortes de prensa, sin avisarme, sin garantizar mis derechos y con el único propósito de desacreditarme públicamente y, por ende, desacreditar al grupo político al que pertenezco, el partido Socialista Obrero Español.

Me enteré de esa investigación cuando, revisando documentación como parte de nuestro trabajo del Grupo Municipal, se localizó la notación del expediente. En ningún momento se me notificó, ni se me solicitó información alguna al respecto. No solo no se me permitió participar en el proceso, negándome las garantías a las que cualquiera tiene derecho en nuestro estado democrático, sino que se me ocultó en todo momento. Y sin embargo, mi nombre estaba siendo utilizado en un expediente oficial con el sello del Ayuntamiento.

Cuando por fin accedí al contenido de ese expediente, lo que encontré fue una instrucción de una información reservada en la que se concluía:

- Que no se ha advertido que el personal perteneciente al Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares y del Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo, tuviera conocimiento de la relación existente entre la Concejal Da Patricia Sánchez González y el propietario de la empresa A3 DESING & PRINTING S.L. antes de que apareciera en prensa la noticia y que pudiera influir en los procedimientos de contratación.

- Que Da Patricia Sánchez González no fue miembro del Consejo de Administración del E.P.E. Alcalá Desarrollo en el periodo 2019 a 2023, por lo que no participo en el órgano de contratación de dichos gastos.

- No se ha detectado un mal funcionamiento del personal que ha participado en la tramitación de los expedientes de gasto.

Y todos los trabajadores municipales que declaraban aseguraban no haber recibido nunca indicación sobre con quién contratar. Además, esa información que se cerró en febrero de 2024, fue ocultada durante meses, volviéndome a negar de nuevo las garantías en este procedimiento, mi derecho a la defensa y mi derecho a explicar la verdad. Solo se sacó a la luz cuando sirvió a los intereses políticos de quien la promovió. Solo cuando la Alcaldesa fue imputada vieron la ocasión de usarla para distraer la atención y volver a utilizar mi nombre y el de mi partido en vano públicamente.

Desde entonces, esa información ha sido usada como si de una condena se tratase. Se ha instrumentalizado para justificar una comisión de investigación, profundamente viciada desde su origen en mi opinión, para seguir manchando mi imagen manteniendo una sospecha.

Esta comisión, de hecho, ha estado marcada por el bloqueo sistemático a toda propuesta que no encaje con el relato de PP y Vox. Ustedes, con su mayoría, han impedido toda documentación o comparecencia que haya pedido mi grupo político. Se han impedido comparecencias clave, se han vetado documentos relevantes, y a cambio se nos ha expuesto, con una clara intención de escarnio público. Porque, en mi opinión, ustedes ya tenían sus conclusiones hechas antes de que empezara esta investigación. Ustedes han obviado a todos los trabajadores y trabajadoras municipales que han dejado claro, en sus propias palabras recogidas en las informaciones reservadas, que no han recibido jamás ni sugerencias, ni presiones, ni indicaciones de con quién contratar o no, por mi parte.

Quienes deberían estar dando explicaciones aquí —los responsables del equipo de gobierno que promovieron esta investigación, que ocultaron sus conclusiones y que la utilizaron políticamente— no han comparecido porque ustedes lo han impedido con sus votos. Han guardado silencio. Mientras tanto, nos han exigido dar la cara una y otra vez. Y lo hemos hecho. Con transparencia. Con responsabilidad. Y, sobre todo, con la conciencia tranquila de no tener nada que ocultar. Pero permítanme ser muy clara, este proceso ha carecido desde el principio de las mínimas garantías.

Fue iniciado sin fundamento, mantenido en la sombra hasta que convino políticamente y ejecutado con un sesgo evidente. Por eso, por recomendación legal, hoy presento esta declaración para que conste íntegramente en el acta. No responderé a preguntas que forman parte de un procedimiento que considero ilegítimo en su planteamiento y en su desarrollo, por consejo de mi abogado. Un procedimiento que solo busca dañar aún más mi imagen y la del grupo al que pertenezco.

La empresa de mi marido, al principio como autónomo y más tarde como S.L, lleva varios años desarrollando su actividad de forma completamente legal y profesional, empleando a varias personas, incluso manteniendo el empleo de los trabajadores que habían estado trabajando cuando su tienda era Copyhenares. Trabajando con pequeñas empresas, comercios, público en general, así como con instituciones públicas de diferente índole. Han atacado incansablemente a una pequeña Pyme de la ciudad, siendo este comportamiento como el de un matón de patio de colegio sin escrúpulos. Manchando su imagen sin prueba alguna, con el simple propósito de dañar a un adversario político, sin importarles los daños que provocan con sus declaraciones.

A lo largo de 4 años 6 facturas de menos de 800€ (en algún caso como aparece en la información reservada de 35,99€) han pasado por Junta de Gobierno Local. Apenas 1.400€, importe muy diferente al que se me ha imputado desde el Gobierno. Y ustedes lo saben, por lo tanto, han mentido de manera reiterada y a sabiendas. Como todos ustedes saben, desde el año 2006 con la Ley de Grandes Ciudades o Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (Ley 57/2003, de 16 de diciembre), la Junta de Gobierno local se reúne una vez por semana y todos los pagos menores de los asuntos económicos se agrupan en un solo epígrafe que recoge la cantidad global de todos esos pagos.

El formato de las Juntas de Gobierno, que no ha variado desde hace casi 20 años, no facilita conocer el pago concreto de este tipo de facturas y ustedes lo saben. Más aún cuando no consta ninguna advertencia o reparo. Es imposible abstenerse de algo que no se conoce. En todos los años de concejala, he confiado plenamente en los trabajadores municipales, con los que he tenido el placer de trabajar. Un personal plenamente cualificado, con una larga trayectoria profesional en este ayuntamiento y que ha demostrado ser grandes conocedores de los procedimientos.

Quiero terminar dando las gracias a quienes me han acompañado en estos meses, a mis compañeros y compañeras de grupo, por su apoyo sin fisuras; a los trabajadores municipales, que han demostrado profesionalidad pese a la presión que han tenido que soportar; y, sobre todo, a los ciudadanos anónimos que me han hecho llegar su respaldo, son todos ellos los que dan sentido y gratificación a nuestro trabajo. Gracias por creer en la verdad. Gracias por no dejar que el ruido oculte los hechos.

Muchas gracias