El Gobierno aprueba una ampliación de siete mil plazas en toda España

Este lunes se celebraba una nueva Junta de Seguridad convocada por el Ayuntamiento de Alcalá, una junta a la que acudía la subdelegada del Gobierno para dar explicaciones sobre la situación del Centro de Inmigrantes en que se ha convertido la Base Militar Primo de Rivera. Y la sorpresa llegaba al descubrir los datos, pues el Gobierno de España ha aprobado ampliar en cien plazas la capacidad de la Base, que acogerá a 1360 personas.

En concreto, esta ampliación era aprobada el martes de la semana pasada dentro de un paquete de medidas aprobado en el Consejo de Ministros que supondrá la creación de 7.000 nuevas plazas para acogida de inmigrantes en toda España.

Así el Gobierno de Sánchez ha aprobado una nueva partida de 60 millones de euros como ampliación de las medidas puestas en marcha tras la llegada desde octubre de un número muy importante de pateras. En concreto, desvela el Gobierno, ahora mismo hay 45.400 personas acogidas en toda España, una cifra que irá variando con el paso del tiempo.

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la ampliación de la declaración de emergencia para la prestación de servicios, realización de obras y adquisición de suministros esenciales para atender las necesidades básicas de personas migrantes llegadas a las costas, por un importe de 60,6 millones de euros.

La declaración de emergencia, activada en octubre de 2023, es una herramienta que permite cubrir de manera inmediata las necesidades de las personas migrantes y de la red que les brinda atención. Esta inversión, asumida por el Gobierno Central, evita sobrecostes a las Comunidades Autónomas con más presión migratoria.

A pesar de que el ritmo de llegadas a costas ha disminuido en la última semana, la ampliación de la declaración de emergencia responde a la necesidad de seguir gestionando un ritmo de llegadas más elevado que en años anteriores, a la vez que garantiza la asistencia a las personas que ya están en territorio nacional.

La primera declaración de emergencia, aprobada a principios de octubre, estuvo dotada inicialmente con 33 millones de euros, y permitió una ampliación de la capacidad del programa de Protección Internacional y Atención humanitaria en más de 4.000 plazas. La siguiente prórroga de la emergencia, el 25 de octubre y con un presupuesto de 76 millones de euros, aumentó esa capacidad en 10.000 plazas más. En esta ocasión, la ampliación permitirá mantener 7.000 plazas.

A fecha 20 de febrero de 2024, el sistema de Protección Internacional y Atención humanitaria acoge a más de 45.400 personas en toda España. Está diseñado como un sistema integral, flexible y ágil que evita presión y sobrecostes a las comunidades autónomas, a la vez que garantiza la atención humanitaria y la protección de las personas que llegan en situación de vulnerabilidad a las costas.

El sistema tiene como principales objetivos atender las necesidades básicas de las personas migrantes, darles cobertura sanitaria de urgencia, acogida por asilo y refugio, apoyo psicológico y apoyo en el restablecimiento de contactos familiares y sociales, entre otros.

Además, se han mejorado todos protocolos para la detección de víctimas de trata, de tráfico, torturas y la detección de personas que puedan ser menores. Nuestro sistema responde con especial cuidado y solvencia a situaciones críticas, como las mencionadas, o la llegada de enfermos, de personas con discapacidades, niños y mayores.

Volviendo a Alcalá y a la Junta de Seguridad, el Gobierno de Judith Piquet desvelaba que el Gobierno de España no ha elaborado ningún Plan de Seguridad e Integración, argumentando que "no ha pasado nada grave desde la última reunión". La concejala de Seguridad complutense acusaba a Sánchez de abandonar a los vecinos de Alcalá a su suerte, encomendando la integración de los inmigrantes a "lo que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad puedan hacer".

La subdelegada del Gobierno también desvelaba cómo se encuentra la situación tras los hechos ocurridos el pasado mes de enero, anunciando que hay quince detenidos, de los cuales tres están en la cárcel, y el resto con orden de expulsión en trámite, de los cuales se encuentran en libertad la mayoría.